El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner en la causa que investiga la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) , informaron fuentes judiciales.


En la causa de los sobreprecios en la compra del gas licuado, Bonadio investiga también al exministro de Planificación, Julio De Vido y a su exmano derecha, Roberto Baratta.

Como informó La Nacón, Bonadio se quedó como juez con la causa de los cuadernos de las coimas, porque entendió que era conexa con el expediente del GNL. Cristina Kirchner lo cuestionó por eso, pues entendió que no hay conexión entre ambos casos y que se trató de un caso de fórum shopping, que consiste en buscar que el caso quede en manos del juez más favorable para el interés de una parte, en este caso, de la acusación.


Hoy trascendió que Bonadio procesó a la expresidenta en la causa del gas licuado.

 A primera hora, la diputAda Martínez presentara una denuncia en Comodoro Py contra el ex  Gobernador Daniel Scioli por lavado de dinero. Habría pruebas contundentes, según afirmó en el programa de Luis Majul, La Cornisa.


El diputado nacional Daniel Scioli será denunciado este lunes por el presunto delito de lavado de activos. La denuncia será realizada por la abogada de Margarita Stolbizer, Silvina Marínez, quien le imputará al exgobernador ese delito registrado a través de su empresa Capanone.

Scioli ya fue denunciado en la provincia de Buenos Aires; siendo esta la primera vez que su situación será analizaa en Comodoro Py. Pasa que la empresa Capanone tiene sede en la Capital Federal, según destacó Silvina Martínez en el programa La Cornisa, del canal América.

La empresa Capanone tiene registrado un solo empleado, Lucía Antonieta Di Nuccio, prima de Daniel Scioli.

La denunci habla de un “crecimiento exponencial” de su patrimonio. En 2007, en su declaración jurada declaró 400 mil dólares; doce años después tenía 1,3 millones de dólares.

“Capanone es una máscara que utiliza Scioli para esconderse”, señaló Silvina Martínez, que agregó que pocos bienes están a nombre del diputado nacional, mientras que “la mayoría, los más millonarios, están a nombre de Capanone”.

Según informaron en La Cornisa, la denuncia será presentada mañana en Comodoro Py por la abogada Silvina Martínez, quien sostiene que Scioli utilizaba una sociedad anónima para "blanquear dinero" por medio del alquiler y la venta del Multiespacio La Posada a su "empresario amigo" Ricardo Estanisláo Miller. La causa será sorteada para saber cuál se los doce juzgados federales se hará cargo.


Tal como dijeron en el programa que conduce Luis Majul, esta operación -por la que el exgobernador recibió 3.800.000 dólares en 2017- se hizo a través de Capanone S.A., de la cual Scioli es el socio mayoritario. Miller, a su vez, fue el empresario que recibió la construcción de las Unidades de Pronta Atención Médica (UPA).


En la denuncia se señala que Milller le alquiló y compró a Scioli uno de sus espacios en Villa La Ñata. "La modalidad es la misma que utilizaron Néstor y Cristina Fernández con sus empresas hoteleras y venta de inmuebles: Hotesur y Los Sauces . Scioli hizo exactamente lo mismo en connivencia con el empresario Miller", afirmó Silvina Martinez.


Miller, a quien el fiscal de La Plata, Alvaro Garganta, describe como el "Lázaro de Scioli" alquiló un establecimiento, que no usó, pegado a su residencia en Villa La Ñata. Tiempo después, le compró este predio de tres mil metros cuadrados a un precio por encima del mercado. Esto fue anticipado el año pasado en un informe de La Cornisa.


En esta nueva denuncia, Scioli será investigado por lavado, que es un delito federal, presuntamente perpetrado por una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires. Para hacer la denuncia, Martínez tuvo en cuenta el paralelismo con las causas Hotesur y Los Sauces en donde se investigó a Lázaro Báez y Cristobal López en el pago de las habitaciones no ocupadas del hotel Alto Calafate a cambio del otorgamiento de obra pública y otros negocios.

Miller fue favorecido con la construcción de 15 de los 19 establecimientos médicos llamados Unidades de Pronta Atención Médica (UPA). "Así como los Kichner en su empresa Los Sauces registraron a un solo empleado llamado Ramón Angel Díaz Díaz; Scioli incluyó a un solo trabajador en su sociedad Capanone. Se llama Nicolás Manuel Varela quien fue asistente personal del ex gobernador durante su gestión", expresó Martinez.

Capanone empezó a operar con un capital social de 11 centavos (0,106 pesos, según la denuncia) cuando la ley exige que sea de al menos 100 mil pesos. En el último directorio inscripto en la Inspección General de Justicia quedó asentado que la presidenta de Capanone S.A. es Lucia Antonieta Di Nunzio, prima del exgobernador.

De acuerdo al documento que presentará Martínez, Scioli "hacía un retiro de dividendos anticipados de la sociedad, lo que es, a todas luces, una maniobra que es ilegal. Lo hacía por medio de la simulación de supuestas deudas del exgobernador con la empresa o de Capanone con Scioli. Así habría conseguido ocultar su verdadero crecimiento patrimonial que podría derivar en un enriquecimiento ilícito ".

Capanone S.A. no posee ninguna actividad, excepto la titularidad sobre bienes e inmuebles de Scioli. "Se trata de una cáscara societaria que el exgobernador habría usado para esconderse y blanquear fondos", denunció Martínez.

Según la denuncia esta operatoria le permitió al precandidato a presidente un crecimiento patrimonial exponencial: en 2007 Scioli declaró tener solo 400 mil dólares. Sin embargo, siete años después triplicó sus activos que ascendieron a 1.3 millones de dólares. Según los datos del Registro de Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Capanone adquirió cinco inmuebles.

Scioli declaró la tenencia de un Ford Mondeo modelo 98 que compró en 2002. Sin embargo, a Capanone le atribuyó la posesión de una camioneta Kia Carnival ex 2.2 AT, modelo 2013, valuada en 60 mil dólares.

De acuerdo a los registros oficiales, Capanone también es dueña de Sunshine S.A. cuya actividad principal es el servicio de guardería náutica. En enero de 2017, Scioli y su grupo económico aumentaron su participación en Sunshine y se quedaron con el 95% de las acciones. El actual diputado las compró a cambio de cinco millones doscientos ochenta mil pesos.

"Scioli necesitaba blanquear, digamos veinte millones de pesos (..) entonces se inventaban alquileres por esas sumas, se facturaban, se pagaban los impuestos correspondientes y el dinero ya estaba ingresado en el circuito legal. Luego el exgobernador retiraba el dinero como adelanto de dividendos de la empresa y listo. Circuito cerrado", dijo Martinez, para demostrar que Capanone funciona como el testaferro jurídico del ex gobernador.

Scioli fue consultado por el programa para aclarar la denuncia de Martínez. Su vocero de prensa, David Kempner, respondió: "Por el informe no va a responder. Podemos organizar una entrevista en otra oportunidad".

La investigación se disparó como consecuencia de la actitud hostil de la concejala platense Victoria Tolosa Paz a la entrega de su declaración jurada obligatoria a las autoridades de la ciudad de La Plata. Fue una de las últimas en presentar la documentación que busca transparentar los bienes y los ingresos de los funcionarios públicos.



La dilación en la entrega de los papeles provocó la inmediata preocupación de numerosos funcionarios municipales que, conociendo la historia de denuncias por corrupción, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito que atraviesa al clan Albistur - Tolosa Paz, informaba hoy el sitio Realpolitik.

Luego de un pormenorizado estudio de la declaración jurada de Tolosa Paz quedan en claro dos cosas: su multimillonario patrimonio y la aparente vinculación estrecha con la causa por enriquecimiento ilícito y manejo irregular de la pauta estatal en la que estuvo involucrado su marido, Enrique “Pepe” Albistur, mientras se desempeñó como secretario de Medios K.

Para muestra basta un botón, reza la frase. La muestra que sobresale a vuelo de pájaro en la documentación presentada por Tolosa Paz es la omisión de su mansión en el country Grand Bell. Acorde al sitio web de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), su ostentosa propiedad de 857 metros cuadrados edificados y gigantesca pileta de natación tenía, en el mes de febrero de 2010, una valuación fiscal de 19 millones de pesos. Más específicamente 18.927.113.

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Actualmente, el precio de construcción por metro cuadrado en la capital bonaerense oscila entre los 800 y mil dólares. Según este cálculo, la casa que Tolosa Paz y “Pepe” Albistur tienen como bien ganancial, superaría los 35 millones de pesos.

¿Qué declaró Tolosa Paz? Evitó toda mención a bienes gananciales y enumeró solo sus posesiones personales. En ese marco, declaró poseer ocho propiedades, tres en CABA, dos en Pinamar, dos en City Bell y una en Cariló. Toda una bicoca de la ostentación, casi una novelesca fortuna de cuestionados orígenes que poco y nada tiene que ver con su amor “al pueblo que no llega a fin de mes” del que hace gala. Lo más grave, sin embargo, es el valor que según la concejala tienen sus ocho propiedades. La más cara, una casa ubicada en City Bell, vale según ella 3.318.462 pesos. En todos los casos se tratan de valores con los que apenas uno puede cubrir la compra de un departamento chico.

Acorde a la ley provincial de Declaraciones Juradas, los funcionarios tienen la obligación de incluir las propiedades de sus parejas si están casados, como es el caso de Tolosa Paz y “Pepe” Albistur. No obstante ello, la concejal prefirió no declarar la propiedad que poseen en común. La pregunta que sigue a continuación es obvia: ¿Qué otra cosa más habrá optado por no incluir? ¿Por qué? ¿Qué necesita ocultar?

En un ejercicio de preocupante hipocresía, fue la propia edil y empresaria platense la que denunció en agosto de 2018 a su colega Fabián Lugli por no incluir en su declaración los bienes de su novia Susana Gordillo, con quien jamás contrajo matrimonio.

A modo de ejemplo, la totalidad del valor que, según ella, tienen sus ocho propiedades no llega a cubrir el valor real de la mansión que comparte con el cuestionado ex funcionario K, investigado por enriquecimiento ilícito.

Un paseo por la declaración jurada de Tolosa Paz pareciera un capítulo de la vida del fallecido mediático Ricardo Fort. Las denuncias por enriquecimiento ilícito toman forma cuando se observa a plena vista la grandiosa acumulación de bienes y dinero que posee la esposa del imputado K.

Tan sólo en el 2018, Tolosa Paz cobró 14.038.221 millones de pesos. 175 mil por “servicios profesionales”, 240 mil por el alquiler de un departamento que posee en la calle Juana Manso al 470 de Puerto Madero, 3.259.834 millones como honorarios por directora de una sociedad comercial y otros 10 millones en dividendos. Unas 64 veces el salario de un docente durante un año entero.

Además, declaró poseer tres vehículos de alta gama –llamativamente incluyó uno a nombre de Albistur –y las ocho propiedades mencionadas, de las que una es un terreno, cuatro son casas y tres son departamentos.

No son pocos los concejales que develaron el mito que rodea a Victoria Tolosa Paz. Mientras que ella sostuvo en declaraciones radiales una postura independiente, alejada incluso de las de sus compañeros de bloque, fueron en realidad ellos quienes la apartaron. “Nadie quiere pegarse a ella por la cantidad de denuncias que tiene su familia. Saben que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y no quieren quedar pegados”, aclaró un influyente trabajador de la municipalidad platense.

Para ellos, una mancha más no cambia al tigre. Sin embargo, para aquellos que van a trabajar todos los días y viven una vida simple y alejada de los problemas, el matrimonio Albistur - Tolosa Paz es la promesa de un allanamiento, la invitación a un conflicto, el pase sin escalas a un espacio mucho más oscuro y truculento, de mentiras, enriquecimiento y corrupción.

El empresario mencionó a Osvaldo de Sousa y tomó distancia de los sobornos; Clarens aportó más detalles. por Iván Ruiz



Cristóbal López , uno de los empresarios más cercanos a los Kirchner, negó ayer haber pertenecido al "Club de la Obra Pública" en su indagatoria por los cuadernos de las coimas . El zar del juego -detenido por una multimillonaria deuda con la AFIP- rechazó cualquier tipo de relación con los funcionarios kirchneristas señalados como los recaudadores de sobornos y dijo que no tomó ninguna decisión en la empresa constructora, que estaba en manos del hermano de su socio, Fabián de Sousa.

Cristóbal López ingresó en el último turno de un viernes agitado en el juzgado de Claudio Bonadio , que incluyó la declaración de seis empresarios y el exministro Julio De Vido . El dueño del Grupo Indalo llegó desde el penal de Ezeiza. Presentó un escrito y se animó a responder las preguntas sobre su supuesta vinculación con la trama que tejió el kirchnerismo para carterizar la obra pública a cambio de sobornos de empresarios amigos.


Es la primera acusación formal contra el empresario en los cuadernos de las coimas, la causa que involucró a la gran mayoría de las compañías locales que tuvieron contratos con el Estado. Dentro de su holding de firmas, Cristóbal López fue dueño de la constructora CPC, que ganó distintos contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Por ese motivo, también fueron citados a indagatoria su hijo, Nazareno López, que también ocupó cargos ejecutivos en la firma.


Cristóbal López aseguró ante la Justicia que como accionista de su holding no tomaba ningún tipo de decisión dentro de la constructora CPC, que las decisiones operativas las manejaba Osvaldo de Sousa, el hermano de Fabián de Sousa, su socio -también detenido- en el Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales. Y agregó que solo conoció personalmente las oficinas de CPC en 2017, mucho después del período que la Justicia investiga por el supuesto pago de sobornos.

El empresario de medios aseguró, además, que no mantuvo llamadas ni contactos personales con los exfuncionarios Roberto Baratta, José López y otros funcionarios de la oficina de Vialidad, la dependencia que movía buena parte de los fondos asignados para la construcción de rutas. Agregó que tampoco conoció ni mantuvo llamados con Ernesto Clarens, el financista de los Kirchner y el hombre que trazaba la ruta del dinero negro.

El zar del juego, además, dijo que no solo no era beneficiado con las obras, sino que además su constructora sufría fuertes atrasos en los pagos que debía liberar el Estado y sugirió a las autoridades realizar una pericia para detectar esos atrasos, según informaron fuentes judiciales.


Cristóbal López fue uno de los empresarios preferidos de Néstor Kirchner desde sus primeros años en Santa Cruz. Su fortuna creció, sobre todo, con la explotación de bingos y casinos en distintos puntos del país, pero después su imperio incluyó otros rubros, en especial, los medios de comunicación. En esa última expansión, que se sustentó en una evasión de por lo menos $8000 millones, el Grupo Indalo adquirió empresas de rubros variados.

Nazareno López, el hijo del empresario, sostuvo ayer que aunque fue nombrado por su padre en la constructora CPC, apenas cumplía funciones formales. Remarcó que su nombramiento ocurrió mucho después del período 2004-2010 que investiga la Justicia y sostuvo que solo concurría una vez por semana hasta las oficinas de la compañía para firmar documentación.

Después de una primera etapa de instrucción, el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias -la mayoría para empresarios- a quienes los acuso de haber integrado una asociación ilícita para quedarse con contratos de obras públicas viales a cambio de sobornos para funcionarios kirchneristas.

Ayer, más temprano, había declarado Clarens, un arrepentido clave del caso. El financista volvió a ampliar su declaración por los contratos de obra pública para clarificar qué empresarios se reunieron con él para gestionar el pago de sobornos y cuáles de esos hombres de negocios efectivamente concretaron los desembolsos. El financista reconoció que había visto a varios de los empresarios en distintas reuniones, pero que algunos de ellos no pagaron las coimas. Se trata de empresarios vinculados a constructoras de Mendoza, San Juan y Santa Fe.

fuente clarin

En la Justicia dicen que inclusive puede declarar por video; está procesada en Los Sauces y Hotesur.Por Candela Ini



La situación de Florencia Kirchner , bajo tratamiento en La Habana por un diagnóstico de linfedema, motivó interrogantes sobre el posible efecto dilatorio en la tramitación de los juicios orales que ella debe enfrentar. Pero el video difundido por Cristina Kirchner y su salida del país para visitar a Florencia causaron un efecto mayor en el terreno de la política que en el mundo judicial.

En diálogo con este medio, dos fuentes judiciales que participarán de uno de los juicios orales dijeron que el estado de salud de Florencia y su actual estadía en Cuba "en nada afectan al juicio".


El Tribunal Oral Federal N°5, que llevará adelante el proceso de la causa Los Sauces , solicitó más detalles médicos sobre su estado de salud y requirió que estén certificados por la Embajada Argentina. Hasta el momento, los funcionarios judiciales recibieron certificados médicos, pero no detalles clínicos.


Otra de las fuentes consultadas dijo que, aunque no perjudica a la tramitación de las causas, esta situación encendió varias alertas. El fiscal de juicio, Diego Luciani, que acusará a Cristina en la causa conocida como Vialidad, supo de dos imputados en esa causa -cuyo juicio comenzará el 21 de mayo- que viajaron al exterior y formuló una petición para que estos, incluida la expresidenta, deban dar aviso en caso de ausentarse de su domicilio.

La hija de la expresidenta se encuentra procesada en dos causas que ya fueron elevadas a juicio oral: Los Sauces y Hotesur. Esta última fue elevada hace dos semanas y salió sorteado el Tribunal Oral Federal N°8.

En esta semana ambos tribunales podrían resolver una cuestión clave: si se unifican las dos causas para ser juzgadas en un mismo proceso, o no. Después de resolverse esa cuestión, se fijarán las fechas de inicio del o los juicios, si se resuelve que las causas son conexas.


Este es un planteo formulado por las defensas de varios imputados en ambos expedientes, que consideraron que los expedientes son muy similares. El juez federal que instruyó ambas investigaciones, Julián Ercolini, había rechazado la iniciativa. Pero una de las fuentes judiciales que participará de la tramitación del juicio dijo a LA NACION que las causas "son lo mismo", que hay mucha prueba en común, y que el dinero utilizado para las operaciones investigadas para comprar las propiedades proviene del mismo lugar.

En el caso de Los Sauces, la semana pasada concluyó el período de recepción de pruebas dentro de la instrucción suplementaria. Los funcionarios judiciales que juzgarán a Cristina y sus hijos en esa causa dan por descontado que Florencia regresará al país pronto y que, en caso de no poder asistir físicamente a las audiencias, podría asistir "un rato" a la primera audiencia y luego participar a través de una videoconferencia del resto del proceso.

En la causa Hotesur , donde se investiga el reciclaje y blanqueo de dinero ilícito través de la actividad hotelera canalizado por las empresas de Lázaro Báez, a Florencia se la procesó por su participación en la estructura societaria a través de la cual se efectuaron las maniobras de lavado. Su incorporación a este esquema se dio a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010 y, de allí en adelante, según concluyeron el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ercolini, Florencia retiró dinero de la firma Hotesur en concepto de créditos.

En la causa Los Sauces, que fue instruida por el juez Claudio Bonadio y luego por Ercolini, Florencia quedó procesada como miembro de la asociación ilícita y Cristina como jefa.

En caso de que alguno de los tribunales halle a Florencia Kirchner culpable por los delitos por los que se la acusará, y de que la pena sea superior a los tres años de prisión, podría quedar detenida. El delito de asociación ilícita prevé una pena de 3 a 10 años.

En las últimas semanas, habían circulado versiones de que la hija de la expresidenta podía quedar detenida por una orden de prisión preventiva, pero ante la consulta de La Nación, fuentes judiciales descartaron esa hipótesis.

fuente lanacion

El video que la expresidenta subió a sus redes sociales genera mucha desconfianza por lo premeditado. por Carlos Piro


La música conmueve. El tono de voz, también. Nadie va a cuestionar el horrible momento que atraviesa, porque la vida y la salud de un hijo es lo más sagrado que puede tener una persona. Pero tanta edición, tanto cuidado para contar un drama, poniendo el acento más en la supuesta persecución judicial que en el problema mismo, hace desconfiar a todas, todos y todes. Sólo le faltó Onur para que sea una telenovela perfecta.

Cristina Kirchner sorprendió a propios y extraños esta mañana con una publicación en su cuenta de twitter, después de que se conociera que viajaba a Cuba para acompañar a su hija Florencia, que está en la isla tratándose un problema de salud. Pero lejos de ser una aclaración, con los 140 caracteres que caracterizan a la red social, se animó a un video que tiene de todo, menos urgencia.

Lejos de ser una aclaración, con los 140 caracteres que caracterizan a la red social, se animó a un video que tiene de todo, menos urgencia.

Con música de fondo y una serie de fotos, la voz de Cristina se oye limpia, como si estuviera en un estudio de grabación, explicando en tono pausado y dando la sensación de que en cualquier momento se quiebra en llanto, pero no. Que le hayan agregado subtítulos es un detalle que me dirán "inclusivo", pero es demasiado, en un video que supera todos los límites de la credibilidad.

"Cada uno es como es y baja las escaleras como quiere", cantaba Joan Manuel Serrat hace mucho tiempo. Por eso, no podemos ponernos en los zapatos de quien atraviesa un momento como el que está atravesando la expresidenta. Pero igual nos imaginamos qué haríamos en su lugar. Como mucho, un twit que diga: "Viajo a Cuba porque mi hija está enferma". Listo. Misión cumplida, mensaje enviado.

Pero siempre hay algo más. Cristina no se banca dar un mensaje corto y escueto. Tenía que hablar, explicar, apuntar a los culpables. Se trata de un tema privado y no se conoce el nombre de la enfermedad que padece Florencia. Pero su anuncio de la enfermedad y del viaje, y de los culpables de la enfermedad y todas las explicaciones que dio, ¿no habilita también a propios y extraños a querer saber cuál es el mal que padece y todos sus detalles? ¿No está usando este problema como parte de su campaña electoral?

En septiembre de 2018, después de un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio en su casa de Calafate, la expresidenta grabó un largo video de 17 minutos mostrando cómo habían dejado su propiedad. Pero la edición fue bastante pobre. A Cristina se le trabaron algunas palabras en su relato, algo leve, pero típico de una grabación que se realiza en una sola toma. Por momentos se oye mal, se filtran ruidos de ambiente y el video seguramente no fue visto en su totalidad debido a su extensión, algo perfectamente medible en estos tiempos.

Fue un error que la expresidenta y sus asesores habrán tenido en cuenta para el video que se viralizó hoy. el equipo que la asesora armó una telenovela, en la que habrán trabajado no menos de cinco personas, buscando fotos y videos, escribiendo el guión, grabando el audio que salió impecable (con varias tomas y edición posterior), montando el video y haciendo manualmente los subtítulos (que se puede hacer con un programa, pero en este caso, visto el excelente trabajo, no hay dudas de que se hicieron a mano). En síntesis, habrán sido al menos, dos jornadas de trabajo entre la producción y la edición del video que dura menos de cinco minutos. Mucho, muchísimo para informar a propios y extraños lo que pudo haber sido un mensaje urgente que no excediera los 140 caracteres.

fuente perfil

La sombra de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que está preso en Dolores acusado de extorsionar invocando el nombre del fiscal Carlos Stornelli , se extiende como una mancha venenosa y amenaza con embarrar todas las causas donde están siendo investigados funcionarios y empresarios kirchneristas. Ahora acecha en la causa contra Lázaro Báez conocida como " la ruta del dinero K ".Por: Hernán Cappiello


 

Las maniobras de D'Alessio inocularon primero su veneno en la causa de los cuadernos de las coimas y fueron usadas por los abogados de los kirchneristas en problemas para pedir la nulidad del expediente, el apartamiento de Stornelli y, en el caso de Cristina Kirchner, para castigar al fiscal en Twitter.


Luego, la ponzoña amenazó con demoler el más explícito de los casos de corrupción del kirchnerismo: el que mantiene preso al exsecretario de Obras Públicas José López , detenido en un convento con US$9 millones. D'Alessio dijo que eran billetes falsos. Ayer se comprobó que era otra de sus mentiras.


Ahora la mancha tocó el caso en el que está siendo juzgado Lázaro Báez por haber lavado más de US$60 millones de la corrupción. El abogado defensor de Báez y de su hijo Martín, Víctor Hortel, planteó a los jueces que la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, que complica a Báez, era inválida porque se trataba de un relato armado por el Gobierno, por el cual Fariña habría cobrado dinero.

La diputada Elisa Carrió denunció que el caso D'Alessio es una operación montada por el kirchnerismo desde la cárcel para derrumbar las causas en su contra. Mientras la Justicia investiga si hay o no asidero en esta denuncia, los abogados de los acusados usan los dichos de D'Alessio como si fueran hechos.

Para sostener sus afirmaciones, Hortel pidió a los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti que llamen a declarar a D'Alessio.


Es que D'Alessio, en sus inacabables conversaciones con el empresario Pedro Etchebest, a quien extorsionaba, le dijo que Fariña había cobrado dinero del Gobierno y apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hortel quiere que declare D'Alessio para reafirmar la versión de que a Fariña lo prepararon agentes de inteligencia para que repitiera una versión que incrimina a Báez. El pedido fue replicado por la defensa del contador Daniel Pérez Gadín.

Los jueces le dijeron en plena audiencia "téngase presente" y seguramente le darán una respuesta en la próxima jornada del juicio, prevista para el miércoles.

Hortel ya fracasó con un intento de lograr la libertad de sus clientes usando el caso D'Alessio. Hace unas semanas pidió la excarcelación de Báez al sostener que no estaban garantizadas las condiciones de su detención, a partir de que se conocieron las escuchas que había ordenado la Justicia sobre los teléfonos de los pabellones del penal.

El juicio de "la ruta del dinero K" se originó a partir de la investigación de Jorge Lanata en PPT, donde Fariña declaró que había lavado plata de Báez. Lo mismo dijo el financista Federico Elaskar.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan investigaron el caso con la colaboración de la UIF y la Justicia de Suiza y pudieron establecer que al menos US$60 millones salieron del país mediante operaciones financieras efectuadas desde la Rosadita, una cueva de Puerto Madero, y que fueron canjeados por bonos de la deuda en el exterior y, lavados, regresaron a la Argentina.

En este caso están siendo juzgados Báez y otros 24 procesados, entre ellos sus cuatro hijos, además de Jorge Chueco, Pérez Gadín, y el propio Fariña, como acusado protegido.

fuente lanacion

López ya fue a declarar varias veces a los tribunales; su última exposición fue muy detallada.En su última declaración, el exfuncionario relató cómo ella intervenía en la distribución de partidas y beneficiaba a Cristóbal, Báez, Electroingeniería y Relats. Por Diego Cabot



Hacía pocos meses que había fallecido el expresidente Néstor Kirchner y el esquema de recaudación ilegal construido alrededor de la obra pública estaba desmadrado.

En 2011, hubo una importante reunión en la quinta de Olivos. La entonces presidenta, Cristina Kirchner; su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , y el secretario de Obras Públicas, José López , se encontraron.


Hace unos días, el propio López relató de qué se trató ese encuentro y reveló que el listado de empresas viales que debían recibir pagos era entregado todos los meses al ministro y que era él quien se lo pasaba a la entonces mandataria. Finalmente, ella definía cuánto y quiénes iban a cobrar.


La última declaración indagatoria del exsecretario preso -en la que amplió sus anteriores comparecencias en la causa- fue la que entregó los datos finales de aquel esquema que existía alrededor de las obras públicas que licitaba y pagaba Vialidad Nacional.

Fue esta vez cuando relató que en 2011, Cristina Kirchner le pidió a De Vido que confeccionara un listado mensual con todos los pagos de obra pública que dependían del Ministerio de Planificación. Le pidió, además, que esté discriminado por empresas.

Por pedido del ministro, López tenía que hacer lo propio con los proyectos de Vialidad. Con la información de los certificados de obra que le entregaban los directivos del organismo y con el monto disponible para pagar ese mes, que fijaban Roberto Baratta y De Vido, se elaboraba la nómina. Mes a mes, el ahora arrepentido lo entregaba a la Presidenta y al ministro, a cada uno por su lado y en papel. Luego, la entonces mandataria fijaba los montos que debían cobrar Austral (de Lázaro Báez), CPC (de Cristóbal López), Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) y JCR (de Juan Carlos Relats). Lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas.

Es la primera vez que López hace referencia directa al papel que tenía la expresidenta en el reparto de los pagos, justamente, a tres grupos económicos - Austral, CPC y JCR- que tenían directa relación con los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner, lo cual habilitó a otras causas por presunto lavado.

Hubo una afirmación más, como para no dejar dudas. López dijo que todos los pagos se debían ajustar a lo que cobraban esas cuatro empresas y que solo una vez satisfecha esa demanda, se repartía lo que sobraba entre el resto de las firmas.

Así las cosas, el esquema crujía. El financista Ernesto Clarens, encargado de cobrarles el retorno a los constructores, era el que recibía las quejas de los inquietos constructores que no estaban con sus certificados al día. López y los suyos anotaban la deuda para el mes próximo.

En su nueva indagatoria, López, actualmente detenido en un lugar secreto, repitió en varias oportunidades que no tenía poder de decisión sobre el monto de los pagos. Y entonces utilizó la figura de dos corsets. Por un lado, el pago de las cuatro empresas que, según sus dichos, definía la expresidenta, y el cupo mensual, determinado por De Vido y Baratta.

El recorrido del dinero
Verborrágico, el hombre que quedó en la retina de los argentinos por revolear ocho millones de dólares en una madrugada de convento, también contó cómo era la ruta final de los billetes de los sobornos, que variaba según el destinatario final. Si el que recibía era Baratta, Clarens se lo entregaba al número dos de López, Germán Nivello y este se lo daba al colaborador de De Vido. Pero todo cambiaba si el destinatario final era De Vido. En ese caso, la plata le llegaba al exsecretario de Obras Públicas a la oficina del ministerio. Justamente, en la oficina de al lado trabajaba su jefe. López contó que él personalmente iba a la oficina del vecino, llevaba "el físico" y lo dejaba en el baño. Un detalle: el dinero iba escondido en carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100.000 y 300.000 dólares.

Fue, entonces, cuando dio algunos detalles más. Le comentó al juez que siempre que iba a la oficina de De Vido, el ministro estaba presente. Lo hacía pasar y López, prolijo y diligente, dejaba aquellas carpetas en sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet, bien a la vista. Luego seguía una reunión para hacer el reporte del tesoro que ya descansaba en el baño.

Según las pruebas que ya están en el expediente y que fueron leídas a López, JCR, la empresa del inquilino de Cristina Kirchner en un hotel, pagó, entre los meses de febrero de 2011 y diciembre de 2013, alrededor de 85,4 millones de pesos.

Aquella estructura de Vialidad ya era conocida por el juez Claudio Bonadio. De hecho, aquellos funcionarios que eran los que drenaban la información desde el organismo a las oficinas de Clarens están detenidos. Nelson Periotti, Sergio Passacantando, German Nivello y Sandro Férgola ya prestaron declaración indagatoria y quedaron presos.

Uno de los primeros testimonios que empezaron a revelar la organización fue Carlos Wagner, el histórico presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. López volvió a repetir que el dueño de Esuco fue uno de los organizadores del esquema que funcionaba en lo que denominaban "la camarita", por Cámara Argentina de Empresas Viales. Dijo, además, que Clarens llegó a convertirse en el financista del sistema de retornos de la mano del empresario de la construcción.

Hubo unos párrafos para la recaudación de campaña. López contó que en los años de elecciones, De Vido o Baratta le indicaban cuánto dinero tenían que juntar y para qué fecha. El funcionario le pasaba, a su vez, el requerimiento a Clarens y él, en función del listado de la Camarita y del ranking de cobro, se encargaba de llamar a cada empresa para que hiciera el pago correspondiente.

Ya pasaron más de 80 empresarios indagados, además de varios funcionarios, entre ellos López. Ahora, Bonadio deberá resolver si los procesa o no. La mayoría de los empresarios creen que sí, que correrán la suerte de sus colegas, aquellos que estaban anotados originalmente en los cuadernos .

fuente lanacion

El oscuro empresario tiene una biografía con varios elementos que no parecen cerrar del todo; compartió oficinas con excomisarios. Por Francisco Olivera



Se espiaban entre sí? ¿Se complotaban entre todos para operaciones de inteligencia? ¿O fue sólo un vivo que engañó a un ingenuo? La denuncia del empresario rural Pedro Etchebest, que acusó a Marcelo D'Alessio de haberlo extorsionado, tiene elementos para justificar cualquier teoría conspirativa. Etchebest, la presunta víctima, acaba de revelar un dato que oscurece el caso todavía más: admitió a La Nación que entre 2014 y 2016 compartió oficinas con Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, los dos excomisarios vinculados con servicios de inteligencia que están detenidos y que, según declaró D'Alessio, le habían encargado esa extorsión.

"Estoy en algún lugar, bien lejos", dice Etchebest en comunicación telefónica, y agrega que tiene miedo. "Yo no sabía que ellos trabajaban en inteligencia. Sí, que eran expolicías que hacían pericias y temas de seguridad". La relación empezó en 2014 cuando, recuerda, coincidió con ellos y otras siete personas al alquilar compartimentos en el mismo primer piso de un edificio de Alicia M. de Justo 1150, Puerto Madero. Compartían secretaria y baño. "En realidad era una chica que pasaba los llamados, no tenía acceso a mis cosas. Ellos eran muy reservados", aclara.


La convivencia duró unos ocho meses hasta que, agrega Etchebest, los excomisarios le ofrecieron alquilar todos juntos una oficina en el tercer piso de ese lugar. Y allí, en ese amplio espacio con vista el río, estuvo él hasta 2016, pagándoles a Degastaldi y Bogoliuk un alquiler que ellos trasladaban después a la administración.


Los datos coinciden con la declaración de D'Alessio a la Justicia. Él, mientras tanto, tenía oficinas en el segundo piso y subía cada tanto. "Lo cargaban, porque D'Alessio es un poco excéntrico. A mí me daba un poco de lástima", cuenta ahora Etchebest, que dice no explicarse cómo la víctima de aquel bullying lo llamó en enero de este año desde Tulum, México, para decirle que estaba nombrado en la causa de los cuadernos por la declaración del arrepentido Juan Manuel Campillo, exdirector de la Oncca. D'Alessio le dijo que, si quería que lo sacaran, tenía que pagarle 300.000 dólares que él le trasladaría al fiscal Carlos Stornelli .

Fue el inicio de la causa que terminó con la imputación de Stornelli y que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla. Desde su no lugar en el mundo, Etchebest reitera ahora que, a la segunda llamada de D'Alessio, y por consejo de su abogada, puso el teléfono en altavoz y grabó con el móvil de su mujer.

La historia tiene demasiados cabos sueltos. El más elemental es por qué el grupo de trabajo decidió extorsionar a quien parecía uno de ellos. Etchebest expone su conjetura: cree que, cuando la Justicia detuvo a Campillo, funcionario con quien él había tenido relación por ser empresario rural, alguien que puede haber sido D'Alessio escudriñó los números en el teléfono del detenido y quiso hacer cuentapropismo. "De otro modo no se me ocurre por qué no me habían extorsionado antes", se explaya.


Agrega que está mal, que tuvo un ACV en noviembre y que decidió hacer la denuncia por temor a que perjudicaran a sus hijos, a quienes les transfirió propiedades que compró en los 90 en Utah, Estados Unidos. Es la otra parte del caso que despierta dudas: cómo un empresario pyme que dice vivir cultivando kiwis y frutillas en 50 hectáreas en Sierra de los Padres llegó a tener un buen patrimonio. "¿Patrimonio? No eran más que 600.000 dólares en Estados Unidos -se defiende ante la consulta-. Yo no soy millonario, siempre tuve visión para los negocios: ahorré toda mi vida, invertía en la Bolsa, vi la oportunidad en cinco propiedades muy baratas en Utah, vendí cuatro y compré una más. En 2006 compré otra en Miami y les dejé todo a mis hijos. Tenía las 50 hectáreas de Mar del Plata desde la crisis de 2001, cuando la compré a precio muy bajo. El campo se valorizó: yo no tengo la culpa de haber adquirido a 60.000 dólares algo que hoy vale un millón".

Hasta que explotó el caso, Etchebest era hombre de bajo perfil. En sintonía con el que tenía hasta bien entrados sus 30, cuando tocaba la guitarra y el bajo en bandas de artistas que lo triplicaban en fama. Acompañó a Roberto Goyeneche, a Ginamaría Hidalgo, a Yaco Monti y José Feliciano, con quien llegó a irse de gira a Viña del Mar.

El primer gran sobresalto público le llegó recién el año pasado, cuando cayeron inspectores al campo que, dice, tenía arrendado en Mar del Plata y encontraron más de 30 casos de reducción a la servidumbre, delito contemplado en el artículo 140 del Código Penal. "Yo hacía 3 o 4 años que no iba al campo, entonces me detuvieron por unas horas -admite-. Me llevaron al juez, mostré el contrato de alquiler y salí sobreseído. Pero esta chica Mariana Zuvic me está acusando de proxeneta: son cosas muy dolorosas que no son ciertas".

Volvió a ser noticia el lunes pasado, cuando Juan Manuel Ducler, hijo de Aldo, el asesor financiero de los Kirchner que murió en 2017, lo reconoció en una foto publicada en Twitter por el periodista de Infobae Andrés Ballesteros. ¿No había visto esa cara otra vez?, se preguntó al verla Ducler. "¿Pedro Etchebest o Pedro Rodríguez? ¿Productor agropecuario o personaje vinculado a ex-SIDE que se vendía como "amigo" de EE.UU.? Me lo presentaron en noviembre de 2016, justo dos meses después de la denuncia de mi padre en CPY por fondos StaCruz", escribió esa mañana en su cuenta de Twitter, desde la que arrobó a la embajada de Estados Unidos, al Ministerio de Justicia, al FBI, a la CIA y a la DEA.

Consultado, Ducler dio a este diario detalles de aquella reunión. Dice que fue llevado allí por un excompañero de colegio, Marcelo Azpiri, que le había dicho que un grupo de gente de buenos vínculos con el gobierno de los Estados Unidos lo quería a él y a su padre como miembros informantes en la administración de los fondos de Santa Cruz. Azpiri le presentó entonces a Néstor Palópoli, puntero del PJ y de buena relación con Eduardo Duhalde, y todos coincidieron en que debía reunirse con el hombre que, prometían, le haría el contacto con los norteamericanos: Pedro Rodríguez.

Era Etchebest. Porque el nombre completo del chacarero guitarrista es en realidad Etchebest Rodríguez. Que, en una entrevista que Ari Lijalad le hizo para El Destape, admitió que a veces se hacía llamar por su segundo apellido porque era "más fácil". Ducler no le cree nada. Al contrario: está convencido de haber dado, a través de su hallazgo en Twitter, con un agente de inteligencia de aquel grupo que, dice, le quiso sacar información.

Etchebest admite la foto y el encuentro, pero difiere en los motivos de la reunión con Ducler: dice que un amigo, Martín Montes, le pidió que, ya que tenía conocidos allá, les hiciera a los exasesores de los Kirchner un contacto con abogados de EE.UU. para reclamarle una deuda de 150 millones de dólares al Citi. Cuenta que se pusieron a trabajar y no llegaron a un acuerdo por los honorarios que exigía el estudio: 50.000 dólares. Ducler solo coincide en el monto: dice que era una trampa y que la propuesta del reclamo al Citi fue la última alternativa que le ofrecieron al advertir que rehusaba entregarles información de los fondos de Santa Cruz.

Como si a la historia le faltaran conjeturas.

fuente lanacion

El jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, volvió a manifestar su rechazo al desafuero de su par en la Cámara Alta Cristina Fernández de Kirchner.



El pedido de prisión preventiva contra la legisladora se da en el marco de la causa en la que se la investiga por supuestos delitos derivados del Acuerdo de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA en 1994.

Ayer, la Corte Suprema de la Nación confirmó por unanimidad la prisión preventiva de la expresidenta en el caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. El máximo tribunal también rechazó un planteo similar al que había formulado la exmandataria, del ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, contra el procesamiento dictado por encubrimiento agravado.

Ante ese fallo, Pichetto insistió con que no corresponde que el Senado vote a favor del desafuero de Fernández de Kirchner. "Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva", sentenció el legislador justicialista.

Pichetto: "Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva"

En ese sentido, reiteró: "No se ha modificado nada desde el punto de vista de nuestra posición”, a la vez que remarcó que "no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos". No obstante, Pichetto precisó que "cuando haya sentencia definitiva, procederá el desafuero".

De ese modo, el senador mantiene su postura con respecto a la situación procesal de la exmandataria, a la que ya calificó en otras ocasiones como un "verdadero absurdo, un disparate, un exceso", pese a las múltiples tensiones y cruces que existen entre ambos legisladores.

Para Pichetto, el pedido de prisión preventiva a Cristina "es un disparate"

El camino al desafuero. El 6 de diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y embargo de 50.000.000 de pesos a Fernández de Kirchner. Tres meses después, tras resistir planteos de recusación, el magistrado elevó la causa a juicio oral y público.

El excanciller Héctor Timerman, quien falleció en diciembre pasado. fue entonces beneficiado con arresto domiciliario por su estado de salud, en tanto que la prisión preventiva de la expresidenta quedó supeditada a un eventual proceso de desafuero ya que tras dejar ese cargo fue electa senadora nacional, cargo que desempeña en la actualidad.

En noviembre del año pasado, Cambiemos intentó tratar el desafuero de Cristina pero no consiguió quórum y se cayó la sesión. El oficialismo necesitaba 37 legisladores para debatir el pedido, pero solo consiguió 26. Precisamente, el Bloque Justicialista que comanda Pichetto y el Frente para la Victoria (conducido por CFK pero formalmente encabezado por Marcelo Fuentes) no asistieron al encuentro.

B.D.N./FeL

fuente perfil

El ex secretario de Obras Públicas afirmó que la ex presidente y el ex ministro eran los responsables de decidir a qué empresas se les pagaba y a quién no. Por Patricia Blanco


 

 

José López, el ex secretario de Obras Públicas, apuntó hoy contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido como los responsables de decidir a qué empresas se les pagaba y a quién no. Y confirmó que los primeros pagos que se ordenaban eran para empresas amigas. Así lo revelaron a Infobae fuentes judiciales, luego de que López declarara en la causa por la cartelización de la obra pública, un desprendimiento de la megacausa de los cuadernos de la corrupción, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

 
Bajo el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia, José López –detenido desde junio de 2016, enjuiciado por enriquecimiento ilícito y arrepentido en el caso de los "cuadernos"– volvió hoy a los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa que investiga una asociación ilícita que funcionó con la obra pública que llevaba adelante el Estado entre 2003 y 2015. Precisamente, la causa se abrió a raíz de las declaraciones que, en el expediente cuadernos, hicieron como imputados-colaboradores el propio López, Carlos Wagner –ex presidente de la Cámara de la Construcción- y el financista Ernesto Clarens. Los tres fueron considerados "organizadores" de la banda que habría encabezado Cristina Kirchner, secundada por De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta.Al llegar al juzgado de Bonadio, López pidió que todo lo que dijera en esta nueva causa se interpretara como un nuevo aporte que estaba haciendo a su acuerdo de colaboración. Es decir: como si en este expediente también fuese un arrepentido. En ese marco, López insistió en que Cristina Kirchner tenía un rol fundamental a la hora de evaluar las listas que le llevaba a ella y al ministro De Vido.
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)
 

En su declaración quiso dejar en claro que él no era el que decidía.  "Dio detalles sobre cómo se llevaba adelante el mecanismos, como llegaban a sus manos los listados de Vialidad y los entregaba a De Vido y Cristina, que le indicaban a quiénes se pagaba y a quiénes no. Y claramente  las primeras en cobrar eran las empresas 'amigas'", resumieron a las fuentes consultadas.

La declaración de López aludió a las listas que aportó Clarens en la causa de los cuadernos en donde se detallaban las obras que Vialidad entre 2003 y 2015, con montos, presupuestos y casi un centenar de  empresas de la construcción.

Clarens aseguró como arrepentido que el mecanismo que funcionaba en el llamado "club de la camarita" era simple: cuando la licitación preveía un adelanto del 20%, se le pedía a la empresa que tenía la obra un retorno del 10% en efectivo y en un pago. Cuando el proyecto incluía un anticipo menor, del 10%, el adjudicatario debía retribuir el monto total pero financiando el pago de la coima en cuotas.

El dinero era entregado a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en el 2016 y cuyos familiares y testaferros terminaron procesados por lavado de dinero tras las millonarias inversiones que se detectaron en el país y en el exterior. Clarens también había dicho que la selección de empresas que "ganaban" las licitaciones dependía del Ministerio de Planificación y que era la propia Cristina Kirchner instruía a qué empresas debía pagarle primero Vialidad.

Con Lopez, Bonadio cerró la ronda de 101 indagatorias que había fijado para el caso de la cartelización de la obra publica. Hoy también declararon los cuatro ex funcionarios de Vialidad  Nacional que fueron arrestados el sábado pasado: Nelson Guillermo Periotti (Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad); Sandro Férgola (Gerente de Obras y Servicios Viales, y Subadministrador General de la DNV); Sergio Hernán Passacantando (Gerente de Administración de la DNV) y Germán Ariel Nivello (funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda).

Todos rechazaron los cargos por los que fueron presos y aseguraron que o no estaban al tanto o solo cumplieron funciones. Los cuatro pidieron sus respectivas excarcelaciones. Por el momento permanecen detenidos.

fuente infobae

El único imputado, un funcionario municipal menos presente al momento en el que se desató el diluvio.



La Justicia deberá determinar las responsabilidades del calvario que causó al menos 89 muertes. Extrañamente no hay imputados provinciales de la gestión Scioli y ningún imputado del Comité Operativo de Emergencias (COEM) de la gestión del intendente Pablo Bruera, que estaba a cargo de Ángela Pérsico y dependía de Santiago Martorelli.

El juicio oral por la trágica inundación de La Plata, ocurrida el 2 de abril de 2013 en la que murieron al menos 89 personas, iniciara este miércoles, en el Juzgado Correccional 4, donde se realizará la primera audiencia del debate y con un único imputado, un funcionario municipal presente al momento en el que se desató el diluvio, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Sergio Ariel Lezana, funcionario de Defensa Civil municipal, enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que se pena con entre un mes y un año de inhabilitación para ejercer cargos y multas de entre 700 y 12.500 pesos.

También estuvo acusado el ex funcionario Miguel Ángel Di Lorenzo, titular de Defensa Civil en la Provincia, quien falleció hace pocos meses, siendo el único imputado de la gestión del ex gobernador Scioli.

La acusación está en manos del fiscal Jorge Paolini y las defensas en cabeza de los abogados Juan Ángel Di Nardo y Fabián Améndola.

Entre los testigos se encuentran el ingeniero Pablo Romanazi, autor de un libro sobre las inundaciones; la científica Nora Sabbione; y los ex delegados municipales de Villa Elvira, Los Hornos, Ringuelet, San Carlos y Melchor Romero.

En el expediente también figura como evidencia el informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, en el que se estableció que la principal causa de la inundación fue una "lluvia extraordinaria", según consignó el Diario "La Voz" ,siendo el tema noticia en todos los medios nacionales y provinciales de la Argentina, resaltando extrañamente que hay un solo "imputado", un funcionario menor de la gestión del intendente de entonces Pablo Bruera, ningún director general, ni subsecretario, ni secretario municipal, ni el verdadero mandamás de la gestión de emergencias que era Santiago Martorelli desde la Jefatura de Gabinete segundado cpor Ángela Pérsico como titular del Comité Operativo de Emergencias (COEM).

Todo pareciera estar armando para que reine la "impunidad" y lejos que que haya realmente justicia estamos frente a un verdadero caso de Justicia "tardía e injusta", debiéndose resaltar negativamente que ni de mínima hay un imputado del Comité Operativo de Emergencias (COEM) que estaba bajo la órbita del jefe de Gabinete bruerista, Santiago Martorelli y que extrañamente no figuraba en el organigrama aprobado por Ordenanza en los tiempos de tan lamentable gestión solo preocupada por los negocios a través del Código de Reordenamiento Urbano (COU), que sus modificaciones "ante esa eufemismo" de lluvia extraordinaria" ayudó a hacer la situación más terrible, drámatica y mortal para los vecinos de la Ciudad Capital.

Por último a modo de ilustración de la participación real en la gestión y posición ejecutiva de Santiago Martorelli, se rescata una nota de la época donde el intendente Pablo Bruera y Santiago Martorelli promocionaban los acuerdos del COEM con el Ejercito Argentino que la madrugada del 3 de abril de 2013 brillaron por ausencia, con un Bruera de viaje "ocultado" vacacionando en Brasil y un Martorelli más preocupado por salvar la situación de su "Jefe" mintiendo que estaba en La Plata recorriendo la Ciudad que en la situación de los vecinos.

CAGL
fuente cadenaba