La Justicia investigará por lavado de dinero a un grupo de empresarios que aparece involucrado en los cuadernos de las coimas . La decisión fue tomada hoy por el juez federal Claudio Bonadio, que rechazó sumar un pedido realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque requirió que se abra un nuevo expediente.


Bonadio entendió que la denuncia de la UIF "excede el objeto de la investigación" de los cuadernos, motivo por el cual giró el expediente a la Cámara Federal para que realice el sorteo correspondiente sobre el juez y el fiscal que instruirán el caso que involucra a algunos de los empresarios más importantes del país.

La UIF detectó que un grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos durante el kirchnerismo para quedarse con contratos de obra pública acumularon más de US$41 millones en cuentas bancarias en el exterior, tal como publicó La Nación. Ese número incluso podría ascender, ya que no incluye decenas de cuentas sospechadas de canalizar dinero ilícito, cuyo saldo por ahora se desconoce.


Los datos, que forman parte de la denuncia, incluyen activos de los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Roggio Hermanos) y Héctor Zabaleta (Techint).

La hipótesis presentada por la UIF es que los empresarios se enriquecieron a nivel personal con los sobreprecios en los contratos públicos en connivencia con los exfuncionarios sobornados.

fuente lanacion

En Cómodoro Py reconocen que no habrá decisiones de fondo hasta tanto se defina el escenario electoral; los juicios orales a Cristina Kirchner todavía están envueltos en la indefinición. Por Hernán Cappiello


 

 

 

La Justicia Federal parece estar inmersa en el síndrome de la incertidumbre electoral. La conclusión se desprende de la lectura política de las últimas resoluciones de casos de corrupción, más allá de que detrás de cada una de estas decisiones los jueces pueden enumerar fundadas razones jurídicas para respaldarlas.

En los últimos días se resolvieron las excarcelaciones del exsecretario de Julio De Vido José María Olazagasti; de su exjefe de jurídicos Rafael Llorens, y del exsecretario de los Kirchner Isidoro Bounine; también Juan Manuel Abal Medina quedó fuera de la figura de asociación ilícita en la causa de los cuadernos. A su vez se dictó la falta de mérito de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en la causa de las coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Y quedó envuelta en la indefinición la resolución de qué tribunal debe realizar el juicio contra Florencia Kirchner por los casos Los Sauces y Hotesur y cómo afecta el primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, previsto para el 21 de mayo.

 

Las conclusiones no son necesariamente lineales. Pero un silogismo ayuda a entender el momento: las decisiones de la Justicia Federal en ocasiones tienen vinculación con lo que sucede en el mundo de la política. Y el año electoral exhibe incertidumbre sobre quién ganará las elecciones: si Macri es reelegido o Cristina Kirchner vuelve al poder. Por lo tanto hay decisiones de la Justicia Federal vinculadas con la política que están guiadas por la cautela y se ponen entre paréntesis, al menos hasta después de la feria judicial de invierno, cuando el escenario ofrezca mayores certezas. 

Esta lectura, que comparten algunos camaristas, abogados y fiscales, es rechazada de plano por los protagonistas de las decisiones judiciales que generan suspicacias y parecen ir a contramano de un proceso más largo que se inició incluso antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia. En los últimos cuatro años se dio el mayor avance que se recuerde en la Argentina en causas de corrupción contra funcionarios del gobierno, aun cuando estaban en el poder. Comenzó la investigación contra Amado Boudou cuando era vicepresidente y tras dejar el cargo fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Quedó preso. Como nunca antes, la Justicia avanzó en las causas contra Cristina Kirchner: le dictó cinco prisiones preventivas y diez procesamientos en diversos casos por corrupción. Solo sus fueros evitan que esté presa. Su ministro Julio De Vido perdió los fueros como diputado y quedó preso, al igual que funcionarios de su área: Roberto Baratta, José López y Ricardo Jaime (condenado tres veces y con un nuevo juicio oral en puerta por enriquecimiento ilícito). Eran tiempos en los que los jueces federales avanzaban a paso firme teniendo como interlocutor y guía espiritual a Ricardo Lorenzetti, a cargo entonces de la presidencia de la Corte. Se deban un respaldo mutuo. El mayor caso de corrupción del kirchnerismo, el de los cuadernos, avanzó hasta dejar al borde del juicio oral a la expresidenta y a los principales empresarios de la Argentina que confesaron haber pagado sobornos.

Ahora hubo cambios. Una causa judicial nacida y rodeada por operaciones de inteligencia jaquea a Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, cuya conducta es analizada por un consejo evaluador de la Procuración, y hay quienes quieren minar las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña, sostén de acusaciones de corrupción en diversos procesos. Ese expediente que revela una trama de espionaje ilegal puede ser usado políticamente para debilitar los casos que preocupan a la expresidenta.

 

Por eso no escapan a esta nueva situación de prudencia los jueces federales de primera instancia y los tribunales de apelación de Comodoro Py 2002. De la Cámara de Casación, que los últimos años estuvo envuelta en escándalos, se espera que no incurra en atrasos como en el pasado sucedió con la tragedia de Once, con la absolución que finalmente dictaron en beneficio de Carlos Menem o con la tardía condena contra el expresidente por el pago de sobresueldos. La Cámara debe definir, por ejemplo, un esquema que lleve certezas sobre el juicio que deben enfrentar Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, sin demorar su inicio.

Los fiscales Marcelo Colombo, Diego Velazco y Diego Luciani ya le impusieron ritmo al asunto. Dijeron que Hotesur y los Sauces son conexas entre sí. Pero las separaron de la causa de Vialidad, que debe empezar en mayo. El fiscal de Casación Mario Villar opinó lo mismo. Ahora debe definir Casación si comparte este criterio, que permitiría arrancar con el juicio.

Freno de mano

En los tribunales reconocen que la actividad judicial ingresó en un compás de espera trimestral. Y deslizan que se tomarán decisiones intermedias, no absolutas ni terminales. No es lo mismo dictar una falta de mérito, que significa que no hay elementos para procesar pero tampoco para sobreseer al acusado, que dictar un sobreseimiento, lo que implica que queda definitivamente librado de la acusación. Una cosa es un fallo no tan definitivo y otra una absolución. Una cosa es revocar una prisión preventiva y conceder la excarcelación, y otra es conceder la libertad al entender que no hay razones para continuar con la persecución penal.

En el entorno de Cristina Kirchner, en cambio, definen la situación como "una normalización del Estado de Derecho" y sobre la hija de la expresidenta sospechan que los tribunales no saben qué hacer con ella, sobre todo cuando su madre ahora parece tener chances en octubre.

Lo que sucede en los tribunales se puede comparar con lo que ocurre en el mundo de las finanzas. La incertidumbre económica lleva a los inversores a postergar sus decisiones. La tibieza judicial sigue esta lógica de precaución y autopreservación. No por nada siempre se dijo que en el mundo del poder permanente los tribunales son los más atentos a los aromas políticos.

Y su olfato les indica que aún es tiempo de incertidumbre.

Las últimas excarcelaciones y los beneficiados con falta de mérito

José María Olazagasti

Exsecretario de Julio de Vido

El juez federal Claudio Bonadio ordenó la excarcelación del exsecretario privado y hombre de confianza de Julio De Vido en la causa de los cuadernos de las coimas con la condición de que deposite dos millones de pesos. Olazagasti seguirá procesado como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo. Había sido detenido el 11 de agosto último.

Isidro Bounine

Exsecretario privado de Cristina

El exsecretario privado de Cristina Kirchner también fue excarcelado en los últimos días, tras pasar casi tres meses en prisión. Había sido señalado por el exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo como uno de los hombres del entorno de Cristina que lo convocaron para participar de las maniobras de lavado de dinero en el exterior, investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas.

Jorge "Corcho" Rodríguez

Empresario

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la semana pasada que por el momento no había pruebas de que el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez estaba implicado en el pago de sobornos para el soterramiento del Sarmiento. Rodríguez había sido señalado por la presunta conformación de una sociedad en el exterior para utilizarla como medio para pagar las coimas para la megaobra.

Ángelo Calcaterra

Empresario

El extitular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri fue otro de los empresarios beneficiados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Al igual que Jorge "Corcho" Rodríguez, el magistrado dictó la semana pasada la falta de mérito por no haber encontrado pruebas de que el empresario Calcaterra haya estado involucrado en el pago de sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Rafael Llorens

Fue funcionario de De Vido

Llorens fue uno de los primeros detenidos de la causa de los cuadernos de las coimas. El exresponsable de los Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, cuyo nombre aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue liberado por el juez Claudio Bonadio tras el pago de una caución. Acusado de integrar una asociación ilícita, la defensa del exfuncionario de Julio De Vido alegó que no existe peligro de fuga.

 

La fiscal Alejandra Mangano pidió hoy la indagatoria del ex jefe del Ejército Cesar Milani, detenido y procesado por enriquecimiento ilícito y causas de lesa humanidad. La Justicia de ese país también investiga la maniobra.Por Patricia Blanco


 

 

 

La fiscal Alejandra Mangano pidió hoy la indagatoria del ex jefe del Ejército Cesar Milani, detenido y procesado por enriquecimiento ilícito y causas de lesa humanidad, por presuntos actos de corrupción cometidos junto a una empresa de los Estados Unidos. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se cree que Milani armó a medida una licitación en la compra de puentes modulares por cerca de USD 1,5 millones para beneficiar a la firma Acrow.

Pero además la fiscal pidió profundizar las investigaciones sobre las otras compras que se hicieron entre 2013 y 2015 a través de la agregaduría militar de los Estados Unidos porque superan los USD 50 millones, porque podrían existir más irregularidades.

Mientras tanto, a pedido de la Justicia argentina, Estados Unidos también está investigando a Milani en una causa que sustancia la jueza federal con asiento en Washington, DC, Deborah Robinson.

Milani ocupó entre 2013 y 2015 el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército. Supo promover la política de derechos humanos del gobierno de Cristina Kirchner pero fue acusado de encubrimiento y falsedad ideológica por desaparición de un soldado, Alberto Agapito Ledo, en 1976 en Tucumán. También por los tormentos que sufrieron un padre y su hijo en La Rioja.

 

En diciembre de 2016, además, fue procesado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa que no se correspondía con su nivel de ingresos. Milani quedó preso en febrero de 2017 tras prestar una indagatoria en La Rioja. La semana próxima, el 3 de mayo, el Tribunal Oral Federal de esa provincia comenzará a juzgarlo, junto a 12 acusados, por secuestros y torturas en la dictadura.

Ahora, Milani enfrenta otra causa a raíz de la denuncia anónima que motorizó esta causa que decía que "Milani habría ordenado la compra de ese puente porque habría un negociado que iba a tener un retorno por eso". Allí se daba cuenta de que en noviembre de 2014 el Ejército le compró a la empresa estadounidense "Acrow Corporation of Americapuentes móviles que se suelen usar cuando hay inundaciones. Según esa denuncia, los precios que se pagaron no fueron publicados por la Aduana; "Acrow" tiene denuncias de corrupción en varios países y la firma fue elegida directamente sin compulsa de precios.

César Milani (NA)
César Milani (NA)

El caso quedó en manos de la jueza María Servini y la fiscal Mangano. Ahora, después de reunir información y cotejar las irregularidades, Mangano pidió la indagatoria de Milani y del general de brigada Juan Rodolfo Brocca, representante del Ejército de la agregaduría militar argentina en los Estados Unidos.

"Se sospecha que intentaron beneficiar a la empresa Acrow Corporation of America, una empresa privada radicada en ese país a través de una licitación que primero le otorgó facultades al agregado militar de Estados Unidos para contratar a la empresa Arrow", escribió a la fiscal en el dictamen al que accedió Infobae. En la causa ya se determinó que el Ejército le compró a la empresa un "puente de paneles modular metálico y accesorios" por un valor de USD 1.500 por módulo. El valor total de la operación fue de USD 1,5 millones.

Según la hipótesis fiscal, Milani, en su carácter de jefe del Ejército, dictó la Resolución 1936/14 donde "modificó las competencias para autorizar y aprobar contrataciones para la adquisición de bienes y servicios" y estableció nuevas facultades de aprobación de los actos contractuales en el exterior hasta una cifra más alta que la que regía hasta el momento. Luego firmó un acta para adquirir paneles modulares metálicos y accesorios y se recomendó comprarlo en Estados Unidos. Y más tarde se aprobó la contratación.

Esas circunstancias se convirtieron en "uno de los pilares de la imputación". "La responsabilidad penal en torno a los aquí imputados se presenta como una secuencia de tres etapas: la existencia de un interés particular del teniente general Milani tendiente a direccionar la compra a un oferente en particular y las decisiones administrativas tomadas a tal efecto el procedimiento licitatoriopropiamente dicho plagado de excepciones e inconsistencias y enderezado a favorecer a la empresa Acrow  y finalmente la efectiva adjudicación de la licitación a la empresa en cuestión", se advirtió.

Para la fiscal, "no es casualidad" que se haya utilizado esta forma, cuando "el sistema y la regulación de contrataciones en el exterior podían ser utilizadas de manera discrecional por las autoridades del Ejército Argentino" aprovechando "cierta rebaja en el sistema de control escrituración pública por tratarse de bienes que hacen a la defensa nacional y por realizarse casi íntegramente y justamente en el exterior".

Se pidieron así las indagatorias por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por entender que Milani y Brocco, "al favorecer a la empresa Acrow con el resultado de la licitación privaron al Estado de la posibilidad de obtener una mejor oferta y en definitiva una mejor calidad de los puentes adquiridos".

Ademas la fiscal recomendó poner en conocimiento de los datos de la causa al Ministerio de Defensa para hacer una auditoría frente a "la información aportada por el agregado de defensa y militar en los Estados Unidos relativo a los actos contractuales entre 2013 y 2015 en donde se desprenden compras a través de la agregaduría militar de Estados Unidos que superan los 50 millones de dólares" y permiten sospechar la existencia de otras irregularidades.

 

 

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi se pronunció hoy en la investigación por los presuntos sobornos en la licitación del ferrocarril. También ordenó el procesamiento para Julio De Vido y otros ex funcionarios. Por Patricia Blanco-Por Omar Lavieri


 

 

 

La Justicia argentina determinó que no hay suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener la concesión del soterramiento por el ferrocarril Sarmiento, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Así lo sostuvo el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en una resolución en donde dispuso procesamientos para los principales funcionarios del ex ministerio de Planificación (Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López) por delitos de negociaciones incompatibles. A los de menor rango, les imputó el incumplimiento de los deberes de funcionario.

La novedad incluyó la falta de mérito para la mayoría de los empresarios, entre ellos para Ángelo Calcaterra, que habían participado en el proceso de licitación y que desfilaron por Comodoro Py. 

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no han sido acreditadas "las maniobras de cohecho activo y pasivo, ligadas a la obra del soterramiento, que podrían responder a lo señalado precedentemente, y se habrían materializado mediante pagos efectuados por parte de los integrantes de las firmas que conformaran la UTE adjudicataria a los funcionarios públicos encargados de llevar adelante la licitación, por distintas vías, entre ellas, con la realización de transferencias enmarcadas en el esquema internacional de pago de 'coimas' montado por el Grupo Odebrecht a través de su 'División de Operaciones Estructuradas', desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".

 
La tuneladora para el soterramiento del tren Sarmiento
La tuneladora para el soterramiento del tren Sarmiento

Además de Calcaterra, hubo falta de mérito para los empresarios Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian, Augusto Omar Adur, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Juan Ramón Garrone, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Juan José Rampoldi, Carlos Gabriel Oliva, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Riccardo Dina, Lorenzo Ghella, Mario Cenciarini, Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez. También para Nelson Lazarte, uno de los secretarios de Baratta.

"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte la presunta maniobra precedentemente descrita, que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas", sostuvo el juez.

Solo hubo procesamientos por dádivas a tres empresarios: Javier Sanchez Caballero (IECSA), ex detenido en la causa de los cuadernos; para Héctor Ramón Castro ( COMSA), y contra Ignacio Soba Rojo, de la firma CAESA S.A.

Por otro lado, el fallo incluyó exhortos a Brasil con el fin de interrogar a Marcelo Odebrecht y a un grupo de arrepentidos de ese país, claves en la hipótesis de acusación de los sobornos que se habrían pagado en la Argentina. También reclamó información pendiente a Estados Unidos, Andorra y España. Precisamente, recién en las últimas horas, el juez recibió la primera repuesta del país vecino a los documentos que había solicitado inicialmente en 2016. Lo que sí hizo, al firmar el fallo, fue homologar el acuerdo para obtener información de Brasil que había suscripto el Ministerio Público con la Procuración de ese país.

En Comodoro Py 2002 hay abiertas tres causas que ponen bajo la lupa las obras que hizo la brasilera Odebrecht en la Argentina. Una es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, otra es la construcción de dos plantas potabilizadoras y otra es la ampliación de gasoductos. En todas está implicado De Vido. La compañía admitió que pagó 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular los proyectos en los que invirtió.

En el caso del Sarmiento, Martínez De Giorgi ordenó en abril del año pasado una ronda de medio centenar de indagatorias por las irregularidades y sobreprecios detectados en el proceso de licitación. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA, Ghella y ComSa SA

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Ahora, el juez entendió que no se podía corroborar la hipótesis de la coima con los elementos que tiene hasta el momento, según se desprende de una resolución de más de 263 páginas a la que accedió Infobae.

Incluso, Martinez De Giorgi indicó que tampoco se pudieron acreditar los indicios que aparecieron en el capitulo de los cuadernos y pro el que es amplió la indagatoria a ex funcionarios y empresarios.

El juez, no obstante, le pidió a su colega Bonadio que le envíe la declaración que prestó como arrepentido en el causa de los cuadernos el ex secretario de Obras Públicos José Lopez, procesado como organizador de aquella asociación ilícita que recibió sobornos de los empresarios.

"Se advierte que resulta de vital importancia para el avance de la investigación, en orden a los aspectos mencionados, la información solicitada a la República Federativa del Brasil, la cual estaría próxima a arribar gracias a las avanzadas tratativas llevadas adelante por el titular de la Fiscalía nro. 5 del fuero, Dr. Franco Picardi, con las autoridades de dicho país -homologadas por este Juzgado-, en virtud de las que se está por alcanzar un acuerdo de colaboración para la obtención de prueba sustancial para la presente. No obstante ello, también se encuentra pendiente de recepción distinta información solicitada a diferentes países, que podrían aportar elementos de relevancia para la investigación", aseguró el magistrado.

fuente infobae

 

El comisario Diego Carbone viajó a Cuba con CFK. Declara bienes por casi 3 millones de pesos. En 2012 decía tener apenas 363 mil. Casa, auto, bonos, empresa metalúrgica y la hostería de su esposa. Roces con el Ministerio de Bullrich y el dilema para la Oficina Anticorrupción. Por Daniel Seifert


 

 

 

Cuando los presidentes dejan el poder, sus custodios suelen pedir el retiro, jubilarse o volver a una antigua función en la Policía Federal. Pero ese no fue el caso de Diego Carbone, el principal encargado de la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner mientras ella gobernó. El comisario -ascendido a ese rango en la gestión K- optó por continuar cerca de ella, como jefe de la custodia que le corresponde como ex mandataria, desde el final de su mandato en 2015 hasta hoy.

Y, al margen de algunos dolores de cabeza, esa decisión le ha rendido sus frutos. Por caso, habrá tenido que intervenir en el altercado fotográfico que la ex Presidenta padeció al subir al avión que la llevó a Cuba para visitar a su hija Florencia. Porque Carbone viajó con ella y permanecerá mientras Cristina esté allí, según pudo confirmar #BORDER. Pero el beneficio de viajar no es el único.

Es que Carbone pasó de declarar bienes por apenas 363.888 pesos a fines del 2011 a 2.906.572 pesos para 2017, según los últimos datos que se vio obligado a informar como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción. Casi un 700% de crecimiento patrimonial.

El comisario fue noticia cuando se lo vio cumpliendo su función junto a Cristina, cada vez que ella debió presentarse en los tribunales de Comodoro Py e incluso en algunos operativos en su domicilio de Recoleta o en el Instituto Patria. Pero también lo fue cuando información sobre sus itinerarios fue requerida por los fiscales que llevan la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción al Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, lo que detalló entonces #BORDER.

Los investigadores entonces creían que si los choferes oficiales eran parte de una trama de corrupción que involucraba el traslado de bolsos con dineros provenientes de coimas, los agentes de seguridad no podrían ignorar algún detalle. De hecho, en sus famosos cuadernos, Centeno llegó a mencionar a uno de los custodios del ex superministro Julio De Vido.

El avance de aquella requisitoria aún no ha trascendido. Algunos de los custodios solían ser parte de los vuelos que llevaban diarios -y bolsos- al sur. Se descarta que varios de ellos deberán declarar en la causa que el juez Claudio Bonadio abrió en paralelo para investigar esos hechos, tras declaraciones de los pilotos presidenciales.

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Carbone viajó como custodio de CFK a Cuba.

Lo que sí se supo es de algunas rispideces entre Carbone y la cúpula de la Policía Federal y las decisiones de la gestión de Bullrich. En noviembre pasado, el periodista Rodis Recalt reveló que la PFA, en un plan de recorte de gastos del Ministerio, decidió trasladar a varios integrantes de la custodia de CFK para que se radicasen en Río Gallegos y El Calafate, lo que generó reclamos de sus subordinados a Carbone, quien habría intentado bajar las tensiones pidiendo que aguanten hasta 2019, como presagio de un regreso de su jefa al poder.

En 2012, Carbone declaraba:

  • La mitad conyugal de un departamento y de una cochera en la localidad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires por apenas 28 mil pesos.
  • El 50% de un lote de 1.072 metros cuadrados en Benavídez que tasaba en 211 mil pesos.
  • Un auto Volkswagen Crossfox 1,6 modelo 2007 tasado en 55 mil pesos.
  • Dinero en efectivo por 51 mil pesos.

Declaración Jurada de Carbone 2012 by DanielSeifert on Scribd


Ya a fines del 2013, el lote se transformaba en una casa que Carbone tasaría en 488 mil pesos. Desde entonces ampliaría su patrimonio:

  • En 2014 declara acciones en la firma Propulsider SRL por 25 mil pesos. La firma, dedicada a la metalurgia, fue creada con un compañero de trabajo de su mujer Mariana, que también se dedica al rubro. Desaparece de sus declaraciones juradas el auto.
  • En 2015 declara que compró 10 mil dólares para ahorro. Hasta allí su patrimonio llegaba al millón de pesos.

Lo curioso es que el gran salto patrimonial que declara Carbone se da ya sin Cristina en el Gobierno.

  • Para 2016, la participación de Carbone en la empresa Propulsider SRL pasa a ser revaluada en 606 mil pesos.
  • Se compra una camioneta Peugeot 2008 Feline Tiptronic HDI que tasa en 580 mil pesos.
  • En 2017 las acciones de la empresa vuelven a revaluarse y Carbone las cotiza en 1.014.647 pesos. La firma había logrado la habilitación de impacto ambiental de parte del Gobierno de la Ciudad, para una planta de 4 pisos y 1.092 metros cuadrados en Moliere al 2500, en el barrio de Villa Real.
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La fábrica metalúrgica del custodio de CFK, en el barrio de Villa Real.

  • El comisario compra Lebacs por 543 mil pesos y bonos en dólares por 54 mil pesos.

Así, el patrimonio de Carbone pasó a cotizar en 2.906.572 pesos con 77 centavos, según la última declaración jurada que presentó. Es un incremento del 698,75% entre 2012 y 2017. El funcionario tiene tiempo hasta junio para presentar la documentación sobre 2018.

Declaración Jurada de Carbone 2017 by DanielSeifert on Scribd


La primera vez que Carbone fue expuesto en el ojo público fue en 2013, durante la gestión de CFK, cuando en un filoso editorial, el periodista Eduardo Van de Kooy reveló que el custodio solía cenar a solas con la entonces presidenta en la Quinta de Olivos.

El custodio había sido quien le hizo un corte accidental a Néstor Kirchner años atrás, en uno de los acercamientos del ex presidente a la gente, con su clásica manera de romper el protocolo de seguridad. Y también trascendió que fue de los primeros en donar sangre para Néstor en una de sus internaciones. Así y todo, la mitología abunda en anécdotas de cortocircuitos entre el ex presidente y el custodio de su esposay sucesora. Así y todo, al menos desde el 2012, el comisario declaraba que convivía con su cónyuge, Mariana Cristina Núnez, quien también logró expandir sus negocios en estos años.

Para enero del 2013, la pareja de Carbone había creado una firma, Comarca de la Ventana SRL, con sede en Capital, pero dedicada a servicios de alojamiento en camping (incluido refugios de montaña”. En su constitución, el objeto fue preciso: una empresa turística dedicada “en general (a) todo lo relacionado con la reconstrucción, refacción, ampliación, instalación, implementación (y) puesta en marcha del camping municipal Villa Ventana.

La firma explota la concesión del camping principal de Sierra de la Ventana, que depende del municipio bonaerense de Tornquist, y también unos dormis que se alquilan para el turismo. Allí, en enero de este año, celebraron la inauguración de una pileta que será de acceso municipal.

A pesar de los muchos cambios impuestos en pos de la transparencia institucional, la norma de la Oficina Anticorrupción aún sostiene que no es obligación de un funcionario declarar los bienes de su cónyuge, una norma que fue muy criticada cuando la impuso el kirchnerismo. El dilema de la titular del área, Laura Alonso, tal vez sea más amplio en este caso, luego de sus controvertidos dichos sobre el accionar de su gestión frente a casos que involucran a funcionarios actuales. Carbone no deja de ser un funcionario de la gestión Cambiemos, aunque su verticalidad apunte a otro lado. Y parece que tendría bastante para explicar.  

fuente borderperiodismo

La Cámara Federal pidió un resolución "inmediata" y que se amplíe la investigación a otros empresarios que figuran en el expediente. Por Hernán Cappiello



La Cámara Federal encomendó "la inmediata" elevación a juicio oral de la causa de los cuadernos de las coimas , en la que se investiga un mecanismo de recaudación ilegal de fondos por parte de Cristina Kirchner y sus funcionarios a partir de sobornos que pagaban los empresarios que obtenían contratos de obra pública.

Además, los jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocaron el procesamiento de Paolo Rocca, el CEO de Techint, la mayor empresa privada de la Argentina, a quien le dictaron la falta de mérito.


El tribunal, en tanto, confirmó las prisiones preventivas y amplió los procesamientos de Julio De Vido y Roberto Baratta, y alivió las situaciones de Juan Manuel Abal Medina y su secretario Hugo Larraburu al excluirlos de la asociación ilícita.


El fallo dejó también fuera de la organización ilícita a Alberto Padoan, Rubén Aranda y dictó a su vez la falta de mérito de Claudio de Lassaletta y Hernán Camilo Gómez, personajes menores de la trama. A su vez, el tribunal confirmó la libertad de Hernán Diego del Río, Hernán Camilo Gómez, Nelson Lazarte y José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido.

Los camaristas, en los últimos párrafos de su fallo, dispusieron: "Encomendar al juez de grado (Claudio Bonadio) la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos" de esta causa. Los jueces le indicaron además a Bonadio que apure la resolución de las cuestiones pendientes como el pedido de sobreseimiento de Máximo Kirchner, acusado de ser parte de la asociación ilícita, y le pidieron profundizar las líneas de investigación sobre las empresas Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi, cuyos titulares no fueron citados aún y están mencionados en el expediente.

Seguirán presos por este caso De Vido, Baratta, José López (bajo custodia en el programa de protección de testigos y enfrentando otro juicio oral), Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas y Víctor Manzanares (bajo custodia en el programa de protección de testigos).


La Cámara le dijo a Bonadio que revise más adelante si Manzanares debe seguir preso o si corresponde excarcelarlo ponderando sus aportes como arrepentido.

Causa paralela
En una causa paralela donde se investiga la segunda parte de la maniobra, es decir no la recaudación del dinero, sino los lavados de parte de esos fondos, siguen presos Temístocles Cortez, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich, mientras excarcelaron a Jorge Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner. El tribunal precisó su rol en cuanto a la cantidad de entregas de dinero en la que participaron y los desligó de la asociación ilícita, excepto a De Vido y Baratta.

En una resolución paralela a la causa de los cuadernos de las coimas, el tribunal decidió además confirmar el procesamiento de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, y del resto de los acusados por maniobras de lavado de dinero que provino del mecanismo de recaudación ilegal que revelaron los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno.

El tribunal también confirmó el procesamiento de Isidro Bounine, exsecretario de Cristina Kirchner, pero le revocó la prisión preventiva. Confirmó también los procesamientos por lavado de dinero agravado de Pochetti, la millonaria viuda de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En otra resolución, además, el abogado Miguel Ángel Plo, defensor de Pochetti, quedó procesado con prisión preventiva, aunque domiciliaria por razones de salud.

Los camaristas dijeron que esta parte de la maniobra es la del lavado de los fondos recolectados por el mecanismo que describen los cuadernos de Oscar Centeno, a los que dan plena fuerza probatoria,

El lavado de este dinero se hizo en dos partes: por un lado con inversiones locales, donde la pieza clave es el contador Manzanares, que facilitó esa operatoria y luego la contó como arrepentido, y por otro con bienes en el exterior, donde fueron claves Todisco, Plo y Carlos Cortés.

En el procedimiento se incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de una red que se dedicó a sacar dinero del país, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas.

La mayoría de esos procesados están en libertad tras haber declarado como arrepentidos: Pochetti, sus testaferros Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco, y el exjefe de la Oncaa Juan Manuel Campillo.

fuente lanacion

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