Aborto no punible: aunque está garantizado en el Código Penal, no todas las provincias lo aplican

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El mapa de acceso a un derecho garantizado por el Código Penal desde 1921 es desparejo en la Argentina. El artículo 86 de esa norma jurídica, desde hace casi cien años,

prevé el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ante dos causales: si ese embarazo es producto de una violación o si la salud de la persona gestante corre riesgo. Sin embargo, en los hechos la posibilidad de acceder a un aborto no punible depende de qué posición haya tomado cada Estado provincial respecto de esta problemática de salud pública.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo F.A.L., que ratificó la no punibilidad del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación, que enfatizó que ningún caso de aborto no punible debe estar sujeto a trámites judiciales y que exhortó a las autoridades sanitarias nacionales a implementar protocolos para el acceso a la ILE. En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el Protocolo para la Acción Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

A ese protocolo, hasta este miércoles, habían adherido once provincias argentinas. Otros seis distritos habían elaborado protocolos propios, más restrictivos que el texto elaborado por la cartera de Salud de la Nación. Y siete provincias permanecían sin adherir ni elaborar un texto propio para atenerse al fallo de la Corte Suprema.

Este miércoles, en el Boletín Oficial, se publicó una resolución que actualizaba de ese protocolo de 2015. La firmó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, titular del área desde noviembre de 2017, antes de que la cartera fuera degradada y pasara de Ministerio a Secretaría. Algunas horas después, el Poder Ejecutivo ordenó revocar esa resolución que otorgaba al protocolo un marco jurídico que no había tenido hasta ahora.

"Un protocolo dispuesto a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial adquiere un status normativo superior al que tenía anteriormente. Que sea una resolución consolida al protocolo como un piso mínimo al que las provincias pueden adherir o ante el que tienen que dictar uno con mayores garantías. Para las provincias que aún no habían adherido, un nuevo protocolo se aplica como un mínimo de derechos que deben garantizarse. En caso de no aplicarse, la persona puede acudir al Poder Judicial para que se haga lugar a lo que le corresponde", describió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez luego de que la resolución refrendada por Rubinstein se publicara en el Boletín Oficial y antes de que el Gobierno anunciara su revocamiento.

"El gran aporte de este nuevo protocolo es que reúne en un único documento los estándares médicos, asistenciales y jurídicos más actualizados respecto de lo que corresponde aplicar para acceder a la ILE. Por ejemplo, actualiza las dosis y administración de los medicamentos usados para esa práctica según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, e incorpora las normas vinculadas a niñas, adolescentes y personas con discapacidad que se incluyeron en el Código Civil y Comercial de 2015", explicó este miércoles la abogada Natalia Gherardi, titular del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), cuando la norma jurídica refrendada por Rubinstein aún estaba vigente.

"La Secretaría de Salud de la Nación tiene la rectoría sobre la política sanitaria del país. Tiene la obligación de establecer estándares mínimos y uniformes para que el lugar de residencia no sea sinónimo de arbitrariedad en el acceso a los derechos a la salud", contó Gherardi. Y sumó: "La ILE no había tenido estatus de resolución hasta ahora. ¿Eso hace que antes fuera optativo para las provincias adherir y ahora es obligatorio? No. Las provincias siempre tuvieron la obligación de garantizar el acceso a la práctica de acuerdo al Código Penal y al fallo F.A.L. Tenían esa obligación antes y la tienen ahora: un protocolo aprobado por resolución refuerza esa obligación".

"La resolución consolida aquello que el protocolo establece porque le diste un rango normativo superior al texto y ahora hace falta otra resolución o un decreto para derogarla", dijo este miércoles Gil Domínguez. A esa misma hora, el Gobierno preparaba el texto de la resolución que daría de baja lo publicado horas antes en el Boletín Oficial. Se trataba de un protocolo actualizado y tendiente a establecer los estándares necesarios para dar acceso a un derecho que en Argentina se reconoció hace casi un siglo pero cuyo cumplimiento no está garantizado.