Grieta en la prueba Aprender: buscan evitar que se politice y participen más chicos

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La prueba Aprender se puso en marcha en el país en 2016 y viene arrojando resultados preocupantes sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos. El próximo jueves 18 de octubre

se realizará por tercera vez y una de las incógnitas -además de cuál será la evolución en los conocimientos- es qué cantidad de chicos participará de esta muestra censal. La politización de la evaluación y la resistencia de una parte de la comunidad educativa a realizarla repercute en el operativo. Por eso, desde el Ministerio de Educación de la Nación aseguraron que vienen trabajando en "la sensibilización" con las provincias desde hace cuatro meses.

Si bien la cantidad de participantes ha mejorado de 2016 a 2017, siguió siendo baja sobre todo en algunos distritos, como Capital y provincia de Buenos Aires. Además, las diferencias entre las escuelas públicas y privadas han sido notorias. En CABA, por ejemplo, 4 de cada diez alumnos de primarias estatales no hizo la prueba en 2017. En las privadas, en cambio, respondieron casi 9 de cada 10. En el caso de la provincia de Buenos Aires (donde está el 40% de los alumnos del país) el nivel de participación cayó el año pasado con respecto al anterior, hasta el 46,5%. A nivel país el promedio es del 71% en las públicas y 85% en las privadas.

La cercanía de una nueva edición de la evaluación reedita la grieta en aulas y hogares, de formas diversas. Hay docentes que critican la prueba frente a sus alumnos y padres que deciden no enviar a sus hijos el día de la evaluación. También se ha advertido, en años anteriores, que los alumnos llenan las preguntas (multiple choice) al azar, sin darle valor al resultado.

Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, dijo a Clarín que "la prueba Aprender tiene por lo menos dos problemas con la cobertura. Por un lado, la cantidad de alumnos que responden y cómo se distribuyen, qué escuelas tienen más respuestas y por qué. Eso tiene una relación con la politización de la prueba. Si tenemos actores que activamente se niegan a hacer la prueba o dicen que no hay que hacerla eso es especialmente perjudicial para capturar la medición".

El especialista agregó: "Hay otro nivel menos conocido que es el esfuerzo para hacer la prueba. Hay muchos estudios que muestran que el Test Taking Motivation (TTM) varía mucho según los países y que en América Latina el esfuerzo para hacer las pruebas es bajo cuando las éstas no tienen consecuencia alguna para los alumnos. Con lo cual si en una provincia hay más predisposición por hacer bien la prueba y se pone más el acento en que es importante, y en otra se lo hace menos, no sabemos hasta qué punto eso puede afectar la comparabilidad de los resultados".

Algunos gremios trabajan activamente en contra de la evaluación. Para Ademys, por ejemplo, "las evaluaciones externas y estandarizadas suelen ser el fetiche de los tecnócratas, amantes de las mediciones y promotores de reformas neoliberales en educación. Estas pruebas vienen de la mano de 'recomendaciones' que incentivan la participación de empresas en educación, o la reducción de los regímenes de licencias docentes".

Para UTE, “se trata de una medición estandarizada antieducativa. Son paquetes cerrados que venden las empresas multinacionales en todo el mundo, por lo cual no tienen en cuenta las particularidades del país, los diferentes contextos socioeconómicos, ni tampoco si las escuelas son excluyentes o incluyentes. El gobierno apunta a la educación para formar mano de obra barata para las empresas. Deberían hacerse pruebas integrales, formativas y contextualizadas”.

Instalada la grieta, ¿cómo hacer para acercar posiciones? Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, explicó a Clarín: "Desarrollamos distintas piezas y estrategias comunicacionales que llegan a las jurisdicciones y nutren los encuentros de sensibilización. Por otro lado, posterior a cada evaluación, las jurisdicciones planifican un trabajo con las escuelas para promover el uso de la información derivada de Aprender. Incluyen encuentros con directivos, docentes y supervisores que abordan el análisis de los reportes por escuela donde se discuten insumos para propuestas de mejora".

La funcionaria aseguró que los niveles de respuesta alcanzados hasta ahora "no pusieron en riesgo la confiabilidad de los resultados nacionales". Aunque aclaró que "en los informes publicados de Aprender se señalan. aquellas jurisdicciones que, por su nivel de participación, sus estimaciones deben ser consideradas con precaución".

Sobre la resistencia de los sectores que se oponen a la prueba, Duro consideró que "aún existen algunas voces disidentes ante la evaluación nacional, cuestión que exige lecturas que van más allá de la propia evaluación y del hecho educativo. La ausencia de información, la falta de transparencia con los datos, la toma de decisiones sin evidencia afecta siempre a los sectores más vulnerables. Es responsabilidad de todos garantizar que políticas de Estado definidas por las más altas autoridades educativas del país acordadas en el seno del Consejo Federal, sean cumplidas".

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