Habló la esposa del gasista: "El culpable de todo no puede ser un simple laburante"

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"El gasista fue a revisar la estufa con su asistente y había olor a gas. Pero no fuerte. Ahí ven que al lado de esa estufa había un tarro con detergente.

La vicedirectora había hecho la 'prueba jabonosa' para ver si había una pérdida. Además, la manija del gas estaba abierta y le faltaba un tornillo, que el gasista había dejado bien. También la carcasa estaba puesta de modo tal que presionaba el piloto y era lo que hacía salir gas. Él lo arregla y pide hacer otra prueba. Pero la vicedirectora le dice que se tenía que ir porque su marido se había olvidado las llaves. Entonces, cierra la estufa, ponen el ventilador, abren una ventana y se van. 'Si sentís olor a gas de nuevo, llamame', le dijo mi defendido. Al otro día lo llamó y cuando estaba yendo, la escuela ya había explotado."

Con este relato, Rubén Alliaud, abogado del gasista Christian Ricobene, desligó a su defendido de las acusaciones por "negligencia e impericia" que pesan sobre él por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez en la escuela 49 de Moreno. Esta versión de los hechos trata de endilgar responsabilidad a la docente (fallecida) por no haber permitido al gasista terminar su trabajo.

El hombre, de 38 años, que tenía la matricula vencida y no estaba habilitado para realizar trabajos en instituciones, inspeccionó parte de las cañerías un día antes de que esa perdida de gas y el chispazo de ese ventilador ocasionaran la trágica explosión en la escuela.

Ricobene fue indagado esta semana por la fiscal a cargo de la causa, Gabriela Urrutia, y terminó imputado por "homicidio culposo agravado con defraudación en perjuicio a la administración del Estado".

Explosión en la escuela del barrio San Carlos, en Moreno. (Foto: Maxi Failla)

Explosión en la escuela del barrio San Carlos, en Moreno. (Foto: Maxi Failla)

Respecto a la matrícula vencida —hecho que se suma a la acusación de fraude por más de 320 mil pesos por trabajos realizados durante un año—, Alliaud, confirmó que Ricobene tenía una deuda de $ 1.200 con el Ente Nacional Regulador del Gas, por el pago anual de esa habilitación.

El abogado aseguró que aún le deben a su defendido los pagos de los mantenimientos que realizó en junio. “En el expediente hay 370 facturas”, detalla, y que eso "no significa una defraudación al Estado sino una infracción".

Pese a eso, realizaba tareas para el Consejo Escolar de Moreno desde 2016. Su interventor, Santiago Nasif, quien renunció tras la explosión, fue imputado este viernes en la causa por "incumplimiento de sus deberes de funcionario público".

La fiscal apunta a que se habrían detectado facturas truchas, documentación duplicada y casos de proveedores que no entregaban la mercadería que habrían cobrado. Por estas presuntas acciones se iniciaron causas penales.

El día previo a la explosión fue la segunda vez que el gasista visitó esa escuela. A principios de julio, según su declaración, había sido llamado por el Consejo para revisar las estufas. "Luego fue la vicedirectora quien lo llamó directamente, el 1° de agosto, por el olor a gas. Tendría que haberlo llamado el Consejo, no ella. Para que no se cobre por un servicio que, en realidad, ya se había hecho. Igual, mi defendido no iba a cobrar de nuevo. Era una suerte de 'garantía'. Aunque todavía ni siquiera le habían pagado el trabajo de julio", asegura Alliaud.

En un posteo en Facebook, Valeria Pereyra, esposa del gasista, aseguró que el padre de sus hijos "quedó en el medio de una cuestión política" y que es "un perejil". En la tarde del viernes, organizó una marcha para pedir que liberen a su marido.

El pedido de excarcelación fue presentado el miércoles y según su defensor tendrá una respuesta el martes.

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"Después de lo de la escuela mi esposo quedó destrozado. Ese día luego del arreglo él volvió a casa tranquilo, durmió tranquilo, sin pensar que dejó algo mal hecho. Se lo culpa de una responsabilidad que viene de antes. El culpable de todo esto, del abandono de las escuelas, de que la plata nunca llega, de que nunca se hace nada, no puede ser un simple laburante. Yo no me lo compro. A mi marido lo ensuciaron”, siguió Valeria. Aseguró que quiere "a los culpables encerrados con esposas y a mi marido donde tiene que estar, en su hogar junto a su familia”.

En su perfil de Facebook, también se refirió a la exposición que tuvo Ricobene, según dice, promovida por las autoridades bonaerenses.

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"Hoy le tocó a mi familia ser víctima de esta corrupción política, tanta impotencia y angustia por ver cómo ensucian y lastiman psicológicamente y moralmente a un hombre honrado, trabajador, responsable, para tapar a los verdaderos responsables de esta tragedia a causa de años de abandono, de olvido de las escuelas, de robarse todo. Que renuncian ahora diciendo que tienen que resguardar a su familia. ¿Y a mi familia quien la protegió? Todo lo contrario, nos expusieron. Armaron todo un circo en la puerta de mi hogar, mis hijos expuestos en toda esta mugre...mi esposo saliendo como el peor de los delincuentes, para tener la foto en los medios y que piensan qué vamos a creer que acá se termino todo", escribió.

A la vez, Pereyra, que es cosmetóloga cosmiatra y profesora de zumba, sostiene que ahora es el único sostén para mantener a sus cuatro hijos.

“Hablé con la fiscal. Ella me dice que mi esposo es el culpable de todo. Un gasista que estuvo 20 minutos nada más es el culpable del deterioro, del abandono de años... me parece una injusticia total", aseguró.

El entierro de la vicedirectora Sandra Calamano (Foto: Mario Sayes)

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“Cuando nos enteramos de la explosión fue una conmoción terrible. Mi marido la conocía a la vicedirectora desde chicos, por el barrio. Mi marido es un buenazo. Esto es una pelea política que estalló en mi familia. Tengo cuatro hijos a los que tengo que darles explicaciones de por qué su papá está preso. A mi familia nadie la cuidó y expusieron a mi marido como al peor narcotraficante. Lo único que quiero es a mi esposo en mi casa, que haya Justicia.”

Después de la detención del gasista, fuentes de la investigación contaron a Clarín que el hombre admitió no haber revisado la totalidad de la cañería y agregó que tenía la matrícula suspendida. Además, dijo que su categoría es la 3, que sólo sirve para controlar viviendas y no para instituciones.

El gasista dijo que trabajaba para el Consejo Escolar de Moreno desde 2016 y que desde entonces se había dedicado a inspeccionar colegios, aunque no estaba autorizado ni capacitado para hacerlo. También explicó que en estos dos años hizo trabajos como plomero y electricista, oficios para los que tampoco estaba habilitado a desempeñarse en escuelas.