El ex intendente de Itatí y su vice admitieron su rol en una banda narco: ya están libres

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El llamado "Operativo Sapucay" detonó, en marzo de 2017, el aceitado sistema de tráfico de marihuana que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí. Desde entonces, la causa en la que terminaron implicados

políticos, policías, funcionarios judiciales y narcos pasó varios momentos importantes. Y este es uno de ellos.

Luego de varias semanas de negociaciones, este lunes a la noche 24 de los 36 acusados que desde fines de agosto pasado estaban enfrentando un juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de Capital decidieron firmar un "abreviado" con el fiscal Juan García Elorrio.

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A cambio de admitir su participación en el tráfico de drogas, pactaron una pena mucho menor a la que les hubiera podido corresponder si enfrentaban un juicio oral tradicional y eran encontrados culpables por los jueces.

Fabio Aquino era el viceintendente de Itatí, Corrientes, cuando fue detenido en una causa de narcotráfico.

Fabio Aquino era el viceintendente de Itatí, Corrientes, cuando fue detenido en una causa de narcotráfico.

En la lista de los que decidieron tomar este camino están nada más ni nada menos que el ex intendente de Itatí Natividad "Roger" Terán y quien era su vice, Fabio Aquino. Ambos aceptaron su rol como miembros de una banda dedicada el tráfico de marihuana paraguaya y, a cambio, sus abogados lograron una condena a tres años para el primero, y a tres años y ocho meses para el segundo.

Como ambos ya llevan presos más de dos años, es casi seguro que sean dejados en libertad en las próximas horas, como ya pidieron sus abogados. En el abreviado tambien se les impuso a Terán y Aquino una prohibición de ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.

Pero la cuestión aun no está terminada. Cuando un fiscal pacta con los abogados defensores en un juicio abreviado, este arreglo no sirve de nada si el tribunal a cargo del caso no lo homologa. Y en este caso, el TOF 3 adelantó que lo hará pero recién cuando termine el juicio contra los 12 acusados que decidieron seguir adelante, sin "abreviar".

Teniendo en cuenta la exposición que tuvieron las acusaciones contra el intendente de Itatí y su vice, las penas pueden parecer bajas, y tal vez tal vez lo sean. Pero desde la fiscalía (que siguió el caso con la Procunar) se mira esto con otra luz: ambos políticos debieron reconocer su participación en la organización narco y eso basta como objetivo.

Si todo sale como está previsto, esta semana se reanudará el juicio con los acusados que quedan en carrera. Y entre ellos se cuentan Federico "Morenita" Marín y Carlos "Cachito" Bareiro, señalados como dos de los tres jefes narco de la zona. El trío lo completa "Luis "El Gordo" Saucedo, quien recién fue detenido el pasado 5 de septiembre, en Paraguay.

Luis Alberto Saucedo (izquierda) fue entregado por Paraguay a las autoridades argentinas.

Luis Alberto Saucedo (izquierda) fue entregado por Paraguay a las autoridades argentinas.

En cuanto a ellos, según pudo saber Clarín, la fiscalía le ofreció a Marín una condena de 12 años y a Bareiro una de 15.

Por el momento ninguno de los dos aceptó y solo tendrán hasta esta semana para pensarlo, ya que el plazo para firmar un abreviado vence luego de terminada la lectura del requerimiento de elevación a juicio, cosa que ocurriría en la siguiente audiencia de debate.

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Secretario procesado

Uno de los capítulos más escandalosos del tráfico de marihuana en Itatí fue el que protagonizaron el ahora ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y su secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. Los tres fueron procesados por cobrar coimas para favorecer a narcotraficantes.

Pero en el caso de Molina hubo otra acusación que se le sumó a la original: durante la investigación se descubrió que,usando el poder que le daba su  cargo, había ordenado escuchas telefónicas a su esposa y a un ex compañero de colegio de ella.

Para esconder lo que estaba haciendo, el secretario de Soto Dávila incluyó los dos números telefónicos en una causa por tráfico de drogas iniciada por Gendarmería. Pero todo saltó cuando comenzó a ser investigado por cobrar coimas para beneficiar a los narcos de Itatí.

El ex juez federal Carlos Soto Dávila (derecha) y su secretario Pablo Molina (centro).

El ex juez federal Carlos Soto Dávila (derecha) y su secretario Pablo Molina (centro).

Los discos con las escuchas -en las que, paradójicamente, el propio Molina quedó registrado maltratando y amenazando a su esposa- fueron descubiertos, Molina fue citado a indagatoria y hace apenas unos días, el 11 de septiembre, el juez Juan Carlos Vallejos lo procesó por "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario publico, falsedad ideológica y amenazas".

Vallejos le impuso un embargo de dos millones de pesos y ,en la misma resolución, dictó la falta de mérito para el ex juez Soto Dávila, quien en su indagatoria había tratado a su ex mano derecha como un "traidor".

EMJ

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