Monte, el pueblo que se rebeló ante la impunidad y busca romper el pacto de silencio policial

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En San Miguel del Monte hay dolor, tristeza y miedo. Miedo a la Policía y los vecinos lo dicen. La masacre que terminó con la vida de cuatro jóvenes y dejó

a una quinta adolescente en terapia intensiva destapó una catarata de denuncias contra los agentes de la Bonaerense de esta localidad ubicada a 107 kilómetros de Capital Federal. Se habla de vínculos con delincuentes y abuso de poder. Sobrevuela el fantasma de la "maldita policía".

Las historias vienen de hace tiempo pero se cuentan ahora como una forma de decir “basta” y, a la vez, de encontrarle alguna explicación a lo que desencadenó la tragedia.

El caso que terminó con la vida de Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14), y tiene a Rocío Guagliarello (13) internada en estado crítico en el Hospital “El Cruce”, está repleto de puntos oscuros.

Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13), las víctimas fatales.

Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13), las víctimas fatales.

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Primero los policías involucrados quisieron hacer pasar el caso como un accidente. Cuando se conoció la imagen de un agente con medio cuerpo afuera de un patrullero mientras seguían al Fiat 147 de las víctimas, quisieron justificarlo con que los “alumbraba con una linterna”. Finalmente, se supo que los agentes dispararon contra el coche. Para explicar la persecución inventaron un llamado al 911 que nunca existió.

Cómo se originó todo lo saben solo los ocho policías presos y Rocío. Los agentes mantuvieron hasta ahora un “pacto de silencio”. La expectativa de los investigadores es que se rompa durante las declaraciones indagatorias que empezaron este sábado. Los policías tienen que explicar por qué empezaron a seguir al Fiat que conducía Aníbal, por qué dispararon y por qué mintieron.

La persecución que terminó en tragedia ocurrió minutos antes de la 1 de la madrugada del lunes. Cerca de las 22, Aníbal había salido de la casa de sus tíos en el barrio 140, con los que había compartido la cena. Les dijo que se iba a dormir pero antes pasó por la plaza Adolfo Alsina y se encontró con el resto de los adolescentes a los que invitó a dar una vuelta con su auto. De allí fueron a la zona de la laguna y alrededor de las 0.45 se cree que el primer patrullero los empezó a seguir. Luego se sumaron otros dos hasta que el auto, a las 0.50, impactó contra el acoplado de un camión que estaba estacionado sobre la colectora 9 de Julio, a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3. Quedó partido en tres pedazos.

Según testigos, los primeros policías en llegar al lugar “habrían adulterado la escena del crimen”.La familia de Camila López denuncia que el celular de la joven nunca apareció. De hecho sigue activo: recibe todos los mensajes, escucha los audios y los marca como “visto”. Nadie sabe quién lo tiene ni dónde está. Es un misterio.

Se supo a través de un video que los chicos compartieron en las redes sociales que durante el paseo en auto iban grabándose con un celular. Se los ve cantando y riendo. Entre los familiares hay sospechas de que los chicos “por ahí vieron a la Policía haciendo algo comprometedor” y hasta pudieron haberlo filmado.

A esas sospechas se suman supuestos audios de Whatsapp que habrían enviado dos policías hablando sobre lo que pasó la madrugada de la tragedia. “El Pipi y otros más estaban bajando droga (...) y los chicos cruzaron y lo vieron. Y los sacaron a correr porque estaban bajando droga”, se escucha en uno de los mensajes. “El Pipi” sería el teniente primero Héctor Enrique Ángel (51), que el viernes fue separado de su cargo por Asuntos Internos. No está vinculado directamente a la masacre, sino a una investigación previa por connivencia con delincuentes y narcos de la zona. Lo mismo pasó con su par José Durán. Los dos eran jefes de calle de la comisaría de San Miguel del Monte.

Cinco de los ocho policías detenidos por las muertes de los jóvenes. Cuatro quedaron acusados por homicidio.

Cinco de los ocho policías detenidos por las muertes de los jóvenes. Cuatro quedaron acusados por homicidio.

El miércoles salió a la luz una denuncia de los tíos de Aníbal que sembró todavía más sospechas en torno a la Policía. "Hace un mes a mi sobrino lo paró la Policía y como no tenía la transferencia del auto lo llevaron a la comisaría. Le dijeron que la multa era de 35 mil pesos, por lo que debía pagarles 5 mil pesos para irse a su casa con el coche", relató su tío Hugo Suárez. “El fue a la casa y buscó 4 mil pesos, todo lo que tenía. Dos semanas después lo quisieron volver a parar pero él llegó a meterse en la casa”, denunció Mónica Gegena, su tía. Creen que esta vez lo querían volver a extorsionar.

Los testimonios de los abusos policiales contra los vecinos de Monte se multiplican. Es cuestión de preguntar en la plaza Adolfo Alsina para que alguien cuente alguna de esas situaciones.

Alana y Marcos paseaban en moto alrededor de la laguna de Monte cuando desde atrás un auto sin luces los comenzó a seguir. Asustados, apuraron la velocidad e intentaron disuadir a quienes los perseguían. Rodearon parte de la laguna y se metieron en el terreno de un familiar. Hasta allí llegó también el auto oscuro. “No entendíamos nada, teníamos miedo y vemos que del coche se baja un policía. Nos dice que no nos detuvimos y a mi me empuja y me tira al piso. Después pasa la tranquera y junto a otro oficial se llevan detenido a mi marido. Sin ningún motivo”, denuncia Alana.

En la comisaría -según el relato de la mujer- los policías le pegaron patadas y trompadas a Marcos. “Acá mando yo y si quiero te saco la moto porque sí”, cuenta que le gritaban. “Pasó la noche detenido y no quedó registrado en ningún lado. Pero lo peor era el miedo que nos dejó. Cada vez que nos cruzábamos con él nos hacía señas como que nos iba a pegar y siempre decía que él era el que mandaba. Hoy es uno de los policías que está detenido”.

Los vecinos dicen que hace meses el comportamiento de los oficiales no es el mismo. Que el trato es diferente, más violento. Muchos tienen temor cada vez que hay un control.

Hace poco llegaron a la ciudad brigadas en moto del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Según pudo observar Clarín, las motos negras circulan de a dos, con un par de agentes cada una. Los vecinos lo ven como “desproporcionado” para la tranquilidad que caracteriza a San Miguel del Monte.

Quien vivió una situación dramática con ese grupo de policías motorizados fue Josué, un chico de 17 años que hace 15 días estaba con su moto junto a un grupo de amigos sobre la Avenida Costanera. Cuando volvía a su casa aparecieron las motos negras: “Eran dos y empezaron a seguirlo, se le pusieron al lado y lo empujaron cuando estaba en movimiento. Josue se cayó y una pierna le quedó abajo de la moto. Empezó a gritar de dolor y los policías se fueron. Nunca le pidieron nada ni le dijeron ni una palabra”, cuenta un amigo del joven que fue testigo de todo. Hoy el chico está enyesado y tiene miedo: “Casi no quiere ni salir de la casa”, relatan a este diario.

Rocío relata otra: “Mi marido volvía de hacer las compras con mi sobrino de 12 años. Habían ido hasta el supermercado, sin los papeles porque estaban cerca. Cuando volvían los frenaron los del GAD y los apuntaron con armas. Mi sobrino lloraba porque no sabía lo que pasaba, mientras que mi marido les decía que los documentos lo tenía en la casa, que lo acompañaran. No lo dejaron y lo llevaron detenido. Adentro de la comisaría le pegaron”.

Este sábado a la noche, los policías detenidos continuaban declarando ante el fiscal del caso Lisandro Damonte. Se trata del capitán Rubén Alberto García, el oficial Leonardo Daniel Ecilape, el oficial ayudante Mariano Ibáñez y el oficial Manuel Monreal. Están acusados de "cuádruple homicidio doblemente agravado (por abuso de función y por uso de arma)" y por la tentativa de asesinato de Rocío. También están presos los agentes Cristian Righero, José Domínguez, Juan Manuel Gutiérrez y Melina Blanco, acusados por encubrimiento.

Otros ocho agentes fueron separados de su cargo. Entre ellos figuran los integrantes de toda la cúpula policial de la zona: el comisario general Marcelo Corbalán, el comisario mayor Óscar Osvaldo Frías, los comisarios inspectores Juan Carlos Sosa y Mario Ángel Mistreta y el comisario Franco Micucci, que también aparece mencionado en uno de los audios en el que lo acusan de querer coimear al dueño del camión contra el que impactó el Fiat 147.