La Unidad de Información Financiera solicitó que sean indagadas 68 personas. Por Omar Lavieri



La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del gobierno nacional, le pidió al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original del Caso Cuadernos y que los llame a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el Caso Cuadernos, solicitó que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. La UIF pidió las indagatorias de, entre otros, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

La UIF, según la presentación a la que accedió Infobae, señala que: "En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras". Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

La UIF también consignó en su pedido que la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) informó en el expediente que varios de los imputados se adhirieron a varios blanqueos de capitales (antes y durante este gobierno) previamente a que se destapara el Caso Cuadernos. El organismo que encabezan Mariano Federici y Eugenia Talerico consideró que el blanqueo realizado por los imputados forma parte de la maniobra de lavado de dinero que denunciaron.

El pedido de apertura de la causa por lavado de dinero fue revelado esta mañana por el diario La Nación en su página web. Pero además esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos ( como Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.

fuente infobae

Pérez Barberá dijo que hay riesgo de que se vuelva a fugar y adelantó que se opone a una prisión domicilaria. Mañana resolverá el tribunal oral. Samid será alojado en la cárcel de Ezeiza para estudios y luego será trasladado a Marcos Paz. Por Martín Angulo


 

 

 

El fiscal Gabriel Pérez Barbera se opuso hoy al pedido de excarcelación del empresario Alberto Samid, quien hoy pasará su primera noche en una prisión federal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pérez Barberá dictaminó por rechazar el pedido de excarcelación que hizo hoy a la mañana la defensa de Samid en el juicio oral por presunta asociación ilícita en el que estuvo presente el empresario tras ser expulsado de Belice donde fue detenido la semana pasada. "Entré en pánico y me tomé unos días de vacaciones", dijo Samid.

El fiscal entendió que en libertad hay riesgo de que Samid se fugue porque ya estuve en esa condición al no cumplir con los pedidos del tribunal para que se presente en el juicio. También adelantó que se opone a una prisión domiciliaria.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari, deberán resolver el planteo. Lo harán mañana.

 

Samid quedará detenido en una prisión federal. A media tarde fue ingresado formalmente al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y alojado en la alcaidía de los tribunales de Comodoro Py. El SPF dispuso que sea trasladado al Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza donde será sometido a estudios. Allí estará por lo menos 72 horas y luego será llevado a la cárcel de Marcos Paz, le dijeron a Infobae fuentes penitenciarias.

Gabriel Pérez Barberá, el fiscal del juicio
Gabriel Pérez Barberá, el fiscal del juicio

"Entré en pánico y me tomé unos días de vacaciones. Pido disculpas si dije cosas que no eran. La moraleja es que cuando entrás en pánico, a los 70 años, también te podés equivocar", dijo hoy Samid ante los jueces sobre por qué se fue del país el 24 de marzo sin avisarlo y estuvo dos días prófugo cuando el tribunal ordenó su detención.

A las 10:10 llegó a los tribunales de Comodoro Py. Custodiado por cuatro camionetas y una moto –con un efectivo que filmaba el operativo–, Samid bajó esposado y con dos custodios. Otros 20 hacían un corralito para que ingresara al edificio judicial sin ser molestado. Solo había otra veintena de periodistas y fotógrafos.

Samid estuvo ante los jueces. Dijo que durante el juicio "se me fue formando algo". Explicó que no lo dejaban hablar ni preguntarle a los testigos, que quiso hablar con uno de los jueces y no se lo permitió y que un hombre –a quien no identificó- le dijo que estaba "al horno".

También negó la acusación por presunta asociación ilícita porque señaló que no hay damnificados ni deuda impositiva. "A mí me tienen que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo por el país. Soy solidario en mi barrio, fui boy scout, bombero voluntario, presidente de Morón, vicepresidente del Mercado Central, congresal nacional y provincial de mi partido. Esta es una causa política, no jurídica. Yo soy oposición de este gobierno. Quieren disciplinar con causas judiciales", dijo.

Samid y su abogado en la audiencia del juicio por asociación ilícita (Adrian Escándar)
Samid y su abogado en la audiencia del juicio por asociación ilícita (Adrian Escándar)

Samid le pidió perdón al fiscal Pérez Barberá. Públicamente había dicho que en una audiencia del juicio le había pedido 1.800.000 dólares para no acusarlo. "Fue otra persona, me equivoqué", dijo el empresario.

Su abogado, Vicente D`Attoli, pidió su excarcelación. Señaló que tiene problemas de salud –diabetes e hipertensión–, más de 70 años, un trabajo, familiar y un domicilio. "Sufrió un pico de stress que alteró sus capacidades y le impidió medir sus decisiones", explicó sobre la fuga.

También pidió que se le haga una pericia psiquiática y aportó las historias clínicas de Samid. Tras la audiencia, la defensa le pidió al tribunal que Samid no sea trasladado a una prisión hasta tanto se dicte el veredicto, que puede ser la semana que viene. Pidió que hasta entonces quede alojado en una dependencia de una fuerza de seguridad. Pero Samid ya ingresó al SPF.

En la audiencia, las defensas de los siete acusados pidieron la prescripción del caso porque entendieron que se venció el plazo para completar el proceso. El fiscal se opuso. Y el tribunal resolverá en los próximos días.

El juicio continuará el próximo miércoles a las 9:30 horas con lo que se conoce como "réplicas" de las defensas. Es posible que se mismo día los acusados digan sus últimas palabras y que después se conozca el veredicto.

Tras la audiencia, Samid se quedó en la sala con sus abogados y su familia. Estaban su esposa, Marisa Scarafia , y sus hijos, uno de los cuáles viajó con su mamá a Belice. También estaba su hermana Alicia, acusada junto a Samid. La mujer lloró cuando Alberto Samid recordó que uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando murió su hermano de un infarto.

Los jueces del Tribunal Oral que juzgan a Samid
Los jueces del Tribunal Oral que juzgan a Samid

"Estamos esperando que nos digan cómo proceder con Samid", le dijo a Infobae una fuente de la seguridad mientras el empresario esperaba en la sala. La orden llegó y fue el traslado a la alcaidía de Comodoro Py. Samid pasaba formalmente a disposición del Servicio Penitenciario.

A última hora de la tarde el fiscal se opuso a la libertad de Samid. Su familia y sus abogados ya no estaban en el edificio judicial de Retiro. Mañana se espera la resolución de los jueces.

"El Sr. José Alberto Samid ya concretó una fuga, ya se ausentó del país con el objeto evidente de eludir la acción de la justicia, lo cual surge no sólo de las características objetivas de su accionar, sino de sus propios dichos, expresados desde la clandestinidad a medios de comunicación, en el sentido de que `no se entregaría` a las autoridades", explicó el fiscal en su dictamen y agregó que "su libertad constituye un peligro".

Pérez Barberá descargó el ataque de pánico como argumento. "No sólo no justifica lo que hizo, sino que incluso permite inferir, válidamente, que ante la mayor proximidad que existe hoy de una sentencia definitiva, que podría ser condenatoria, ese pánico podría resurgir y él, como consecuencia de ello, recaer en esa actitud inaceptable", señaló.

Samid, de Drogas Peligrosas a los tribunales de Comodoro Py (Matías Baglietto)
Samid, de Drogas Peligrosas a los tribunales de Comodoro Py (Matías Baglietto)

Samid está siendo juzgado por presunta asociación ilícita en la evasión de impuestos en la comercialización de carne. Se trata de un caso que se inició en 1996. La evasión de impuestos prescribió.

El fiscal pidió que el empresario sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, pidió una condena de siete años.

El 24 de marzo pasado Samid salió del país a Paraguay. De allí a Panamá y de allí a Belice. El tribunal lo citó a que se presente a distintas audiencias. Nunca lo hizo. Primero le prohibió la salida del país pero ya no estaba en Argentina. Y el miércoles pasado ordenó su captura nacional e internacional.
El viernes a la noche fue detenido en San Pedro, una localidad de la isla de Cayo Ambergris, en Belice. El país lo expulsó y ayer a la noche llegó a Argentina.

fuente infobae

La policía buscaba hoy al empresario de la carne Alberto Samid con pedido de captura para que comparezca en el juicio oral y público que se le sigue por haber integrado una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos relacionados con su actividad como productor ganadero, dueño de frigoríficos, y carnicero.


Samid enfrenta un pedido del fiscal el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, de 6 años de prisión por un perjuicio al Estado que la AFIP calculó en $ 28 millones.

Samid aseguró por TV que no se va a entregar, acusó al presidente Mauricio Macri de estar detrás de su pedido de captura y dijo que el fiscal le pidió 1,8 millones de dólares "para arreglar todo", en alusión al fiscal Gabriel Pérez Barberá.

Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid
Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
"Primero me pidió la plata y después me pidió la condena", insistió Samid, quien reconoció que nunca hizo la denuncia sobre el supuesto pedido de dinero.

Pérez Barbera, un fiscal de trayectoria en temas de lavado, declinó hacer comentarios ante lo insólito de la situación.


"Como no puse plata me vienen a buscar", insistió Samid a los gritos por el canal C5N y sostuvo que "Comodoro PY es una unidad básica del PRO".

"Me tratan como un delincuente, pero me tienen que dar una medalla: las Malvinas son argentinas, compre argentino, todas estas son cosas que yo digo y por eso me quieren meter en cana", argumentó.

Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid
Agentes de la PFA en el domicilio de Alberto Samid Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
El abogado de Samid, Vicente D'Atolli se cruzó al aire por TV con su cliente y le aconsejó, en vivo, que se presente a la Justicia y le prometió que no va a quedar detenido. El abogado dijo que se investigará su denuncia y que el fiscal y el tribunal le merecen plena confianza. Pero Samid insistió en desoir el consejo de su abogado.

Samid negó que fuera a entregarse ante la Justicia. "¡Que voy a entregar! ¡si soy inocente! Tengo 71 años no puedo estar un minuto preso. Soy un tipo grande, tomo pastillas ¡Qué quieren! ¡Que termine como Cristobal López", dijo, en referencia al dueño de C5N que está preso acusado de $8000 millones en el impuesto a los combustibles.

"Fui asesor presidencial, diputado, como me van a meter en cana", se indignó Samid, en referencia a su cercanía con el peronismo.

Samid dejó de concurrir a su juicio hace dos audiencias, cuando el proceso se encuentra a punto de terminar y el fiscal Gabriel Perez Barberá pidió que sea condenado a una pena de seis años y medio de prisión.

El pedido de detención de Samid fue solicitado por el fiscal y el tribunal oral en lo Penal económico N° 1 integrado por los jueces Juan Michilini, Diego Garcia Berro e Ignacio Fourcade hicieron lugar.

La desaparición de Samid del juicio en su contra podría terminar siendo contraproducente para el empresario. Esto es así porque en caso de que sea condenado no iría preso sino hasta que la sentencia sea confirmada por la Cámara de Casación Penal y la Corte. Ahora, en caso de que sea detenido, el tribunal puede considerar que intentó evadirse y dictarle la prisión preventiva.

Otra opción es que el empresario de la carne esté apostando a que con su desaparición el juicio no pueda reanudarse (en la Argentina no está permitido juzgar a nadie en ausencia). El empresario puede estar especulando con que la causa prescriba. Sin embargo, si ese es su plan, puede fallar. Porque para que el caso prescriba falta al menos un año, dijeron fuentes judiciales.

Hoy estaba previsto que los jueces escucharan las réplicas de los alegatos y las últimas palabras del acusado antes del veredicto. Ahora el tribunal irá a paso tranquilo con los trámites que pueda hacer sin la presencia del acusado.

Fuentes policiales confirmaron que el dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios. Si se presenta, es probable que quede detenido hasta el final del proceso.

En una audiencia previa, el fiscal del juicio, Gabriel Pérez Barberá, pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario que se llama a si mismo El Rey de la carne, según los carteles que decoran su cadena de carnicerías donde aparece su foto con un dibujo de una corona dorada.

Samid es juzgado por supuesta asociación ilícita, sobre la base de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

Hasta ahora el juicio nunca se había iniciado. Samid es un dirigente peronista que siempre aspiró a ser intendente de La Matanza, sueño que no llegó a concretar.

El tribunal oral en lo penal económico decidió iniciar el juicio el 18 de marzo pasado, y fijar audiencias durante los fines de semana.

Además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Los demás acusados son Francisco Burgos, María Susana Moreno, Lilian Lastoria, Luis Balanho, Zoraida Martín, Roberto Cañete, Teresa Fornasier y Claudio Pileo.

En la acusación inicial había otros delitos, pero todos prescribieron por el paso del tiempo, ante la demora en iniciarse el debate.

Samid había sido sobreseído en esta causa pero en agosto de 2016 la Cámara de Casación le revocó el sobreseimiento y dispuso que sea elevado a juicio oral.

Las sala IV de Casación hizo lugar a un recurso presentado por la querella de la AFIP-DGI contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que el 19 de febrero de ese año había sobreseído a Samid y su hermana Alicia Nélida, por considerar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi dispusieron que continúe el desarrollo de la causa y se fije, a la brevedad, una audiencia de debate de cara al juicio oral.

Samid había sido sobreseído en la vieja causa por evasión millonaria de impuestos cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico determinó que se habían vencido los plazos para el desarrollo de la investigación.

La causa había sido impulsada por la entonces DGI durante los años noventa cuando el entonces dirigente peronista matancero fue acusado de liderar una "poderosa asociación ilícita" para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de su cadena de carnicerías y frigorífico La Lonja.

fuente lanacion

Solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves


 

 

 

Florencia Kirchner pidió que la Justicia la autorice a permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica. La hija de la expresidenta solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves para enfrentar el juicio por la causa Los Sauces.

"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", aseguró Cristina Kirchner en su cuenta de la red social Twitter.

 
 

"El estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal", agregó.

 

El juez federal Claudio Bonadio excarceló hoy a José María Olazagasti, exsecretario privado del detenido exministro de Planificación, Julio De Vido, procesado en la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública, confirmaron fuentes judiciales.


El "vasco" Olazagasti, uno de los hombres de mayor confianza de De Vido, fue detenido en agosto pasado de que uno de los arrepentidos, Luis Betnaza, directivo de Techint, apuntara a Olazagasti como uno de los responsables del entramado organizado para cobrar coimas..


A Olazagasti le adjudicaron el rol de "embajador paralelo" ante Venezuela. Fue uno de los responsables de la gestión para recibir a Antonini Wilson en la Casa Rosada con la valija con 800.000 dólares en 2007, que supuestamente financiarían la campaña de Cristina Kirchner. También ingresó al mundo del espionaje y tuvo un lugar en la ex-SIDE.

Hasta ahora, el hombre había salido indemne de las consecuencias judiciales que llevaron preso a De Vido. Había sido mencionado por Myriam Quiroga, la asistente de Néstor Kirchner, por transportar bolsos con dinero junto a Daniel Muñoz y a Francisco "Paco" Larcher, pero no había enfrentado grandes consecuencias.

El hombre más cercano de Olazagasti en el mundo judicial es el operador judicial Freddy Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.

Las declaraciones del ejecutivo de Techint develaron que Olazagasti fue uno de los funcionarios del Ministerio de Planificación que le pidieron dinero a la empresa para interceder ante Hugo Chávez por la situación de la empresa Sidor. Según la empresa, la compensación había sido de 1900 millones de dólares. Betnaza indicó que se pagaron cuotas mensuales de 100.000 dólares en el marco de la negociación por la indemnización que el gobierno venezolano realizó por la estatización de Sidor.

El Grupo Techint sostuvo, a través de un comunicado, que "Betnaza declaró que para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del Grupo Techint y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de SIDOR por parte del régimen chavista, accedió a efectuar contribuciones ante la exigencia de funcionarios de la administración kirchnerista en la Argentina".

Pero el nombre de Olazagasti también aparece en numerosos registros en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El 28 de mayo de 2015, Centeno escribió: "Nelson [Lazarte] retira US$ 1.000.000 Hotel de la calle Esmeralda. Se los lleva al a Hernan, Sec. De Jose María Olazagasti para que este se lo de a De Vido [sic]".

fuente lancion

Son los casos "Los Sauces" y "Hotesur". Los tribunales a cargo dijeron que le correspondía a otros. Pero los nuevos no los aceptaron. Todo pone en duda el comienzo del caso de la obra publica a fines de mayo. Por Martín Angulo


 

 

 

Dos de los juicios que tiene la ex presidente Cristina Kirchner -"Los Sauces" y "Hotesur" se quedaron sin tribunal oral para juzgarlos. Y el primer juicio, que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo, corre riesgo de no poder comenzar. Todo ese se debe a lo que en tribunales llaman "competencia" y que es la discusión sobre qué juzgado o tribunal debe llevar una causa. En los casos de la ex presidente, los tribunales orales que salieron sorteados para intervenir resolvieron que tienen que hacerlo otros, pero estos, a su vez, dicen que a ellos no les corresponde.

La diferencia se da entre tres tribunales orales federales de Comodoro Py y la disputa será zanjada por la Cámara Federal de Casación Penal, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La discusión es sobre las causas conocidas como "obra pública", "Los Sauces" y "Hotesur". Se trata de tres expedientes que tienen un hilo en común. Según la acusación, los gobiernos de Néstor y Kirchner le dieron de manera irregular al empresario Lázaro Báez obra pública para la provincia de Santa Cruz y parte de ese dinero volvió a la familia del matrimonio presidencial en el alquilar de hoteles y propiedades que hacían las compañías de Báez y de otros empresarios. Pero las causas cuando fueron investigadas tramitaron por separado.

La primera que llegó a juicio fue la de obra pública -el 5 de marzo del año pasado- y le tocó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2. El juicio comenzará el próximo 21 de mayo, después de una postergación por la muerte de uno de los jueces. Serán juzgados Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros.

 
Los tribunales de Comodoro Py donde se harán los juicios a la ex presidenta

"Los Sauces" llegó a juicio el 2 de octubre pasado y le tocó al TOF 5. Y "Hotesur" se mandó a juicio el 28 de febrero pasado y quedó radicada en el TOF 8. Esta semana pasada los tribunales comenzaron a desprenderse de los expedientes.

Primero fue el TOF 5. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José MartínezSobrino dijeron que esa causa es conexa con la de la obra pública porque cuando los casos fueron investigados así lo dispusieron el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal. También señalaron que se dan las causales de conexidad que prevé el Código Procesal Penal: mismos acusados -solo dos, Cristina Kirchner y Báez-, que un hecho se cometió para generar otro y la simultaneidad de delitos. Así, el lunes enviaron la causa al TOF 2.

Pero hoy el TOF 2 la rechazó. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que acumular ambas causas significaría postergar el inicio del juicio por la obra pública. Eso es porque ese proceso ya tiene fecha de inicio y el caso "Los Sauces" no está condiciones de comienzo porque el resta varios pasos formales. "De forma prácticamente automática, importaría la postergación de inicio del debate oral y público previsto en la causa Obra Pública para el día 21 de mayo próximo, hasta tanto la presente investigación adquiera idéntico estadio procesal", explicaron los magistrados.

También criticaron a sus colegas del TOF 5. Señalaron que lo "más asombroso" de la decisión de quitarse la causa fue que lo hicieron seis meses después de recibida. Mañana los jueces del caso de la obra pública devolverán el expediente de Los Sauces al TOF 5. El tema será resuelto por Casación.

Hoy también los jueces TOF 8, Nicolás Toselli, Gabriela Lópe Iñiguez y Sabrina Namer, enviaron el caso Hotesur al TOF 5 para que se anexe a "Los Sauces". Lo hicieron con el visto bueno del fiscal Marcelo Colombo, de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), y las defensas.

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

En este caso, el tribunal explicó en su resolución que los hay imputados en común entre las dos causas: la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, Báez y su hijo Martín, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria familiar; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta y hermana de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el escribano Ricardo Albornoz.

También que los hechos son similares y que "Los Sauces" fue la primera de las dos en ser enviada a juicio oral.  Pero todo indica que el TOF 5 no aceptará "Hotesur" porque ya se declaró incompetente en "Los Sauces".

Así, en este caso también resolverá Casación que tribunal oral intervendrá. La decisión que tome Casación será la definitiva y no se podrá apelar u objetar.

Las opciones san varias: desde que las causas queden en los tribunales originales o que todo quede concentrado en uno solo.

fuente infobae

El director Antimafia italiano dijo que se requiere de organización y una amplia base de datos para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero; el experto disertó en el Congreso y sugirió compartir la información. Por Iván Ruiz


 

 

ederico Cafiero de Raho es el director Antimafia de Italia , un país con larga tradición en la lucha contra el crimen organizado. Aunque durante los cuatro días que visitó la Argentina estuvo casi siempre dentro del Congreso, el funcionario italiano estuvo escoltado por varios miembros de la fuerza de seguridad de su país, incluso durante la entrevista que le concedió a La Nacion. Las pocas veces que se movió por Buenos Aires fue a bordo de autos blindados.

Cafiero De Raho, de 67 años, tomó la máxima responsabilidad en el combate a las mafias en 2017 después de una larga trayectoria como procurador, tanto en su Nápoles natal como en la región de Reggio Calabria, la cuna de la mafia Ndrangheta. Se enfrenta a diario con la adrenalina del crimen organizado, pero se entusiasma como nunca cuando explica cómo funciona la base de datos que acumula todos los crímenes de los mafiosos italianos. Mueve las manos como si fueran un bolillero en el que nunca deja de ingresar información sensible.

"El gran problema de la Argentina es que la Nación y las provincias no comparten un sistema de información en común sobre las mafias", sintetizó el funcionario italiano, que llegó al país para participar del Seminario Antimafia Ítalo-Argentino impulsado por el diputado nacional Fernando Iglesias (Cambiemos).

-¿Cómo se enfrenta a las mafias?

-Las mafias se combaten, sobre todo, con organización. En Italia creamos la Dirección General Antimafia, que coordina la información de los 26 distritos que cubren todo el país. Esto le da impulso al combate del crimen organizado porque a esa estructura se suman distintas fuerzas de seguridad como los Carabinieri y una Policía Judicial, que está muy bien formada y se encarga de buena parte de las investigaciones.

-¿En qué situación está la Argentina?

-Están trabajando mucho, pero sin duda queda mucho por hacer. De hecho, tenemos investigaciones en común entre Italia y la Argentina. El problema es que tienen un territorio muy amplio y en Latinoamérica existen muchas bandas criminales que tienen muy claro cómo camuflar sus ganancias para ingresarlas en la economía formal, lo que genera una dificultad para combatirlas.

-¿Existen operaciones o nexos de la mafia italiana en la Argentina?

-Lo único que puedo decir es que hay actualmente investigaciones que se están desarrollando en Italia sobre mafias que actúan en la Argentina y otros países de la región.

-¿Qué podría copiar nuestro país del modelo italiano?

-El gran problema de la Argentina es que la Nación y las provincias no comparten un sistema de información en común sobre las mafias. No existe un órgano que centralice la información y coordine las políticas sobre las bandas criminales. Este país tiene un territorio muy grande, entonces no es posible ver todo desde Buenos Aires y tampoco es posible que las provincias combatan sus mafias sin saber qué conexiones tienen estas en Buenos Aires y sin apoyo del Estado central.

-Pero para eso hace falta voluntad política de las partes...

-La política debe quedar de lado en el combate a las mafias. Las autoridades tienen que estar conectadas porque las organizaciones mafiosas no operan solo en una provincia de la Argentina, sino en varias y al mismo tiempo.

-¿Cómo lo hacen en Italia?

-La Dirección Antimafia acumula una base de datos con la información de todos los distritos. Los fiscales de las 26 provincias tienen la obligación de enviar todo sus datos apenas comienza una investigación para ponerme en conocimiento. Esto pasa todos los días. Esta base de datos existe desde 1992 y guarda todos los procedimientos antimafia.

-¿Es posible aplicar eso aquí?

-Sí, claro. En la Argentina sería muy importante unificar todos los datos para crear un sistema parecido para que cada fiscal local pueda saber lo que pasa sobre los mafiosos y pueda informar -sin brindar datos secretos- lo que está investigando, y así relacionarse con otros fiscales del país. Cuando hay más de uno que trabaja sobre la misma banda, la Dirección Antimafia interviene para ponerlos en contacto y, si las partes están de acuerdo, coordinar la investigación.

-¿Qué ocurre cuando funcionarios o integrantes del Poder Judicial son cómplices de la mafia?

-Se tienen que tomar medidas de prueba rápidas. Si hay sospechas sobre un juez, por ejemplo, tiene que ser cambiado de distrito mientras se lo investiga. Es preferible hacer pública la investigación cuanto antes para que la sociedad pueda controlar que las medidas que se toman son las correctas. Lo mismo cuando son parlamentarios con fueros: hay que avanzar lo máximo que se pueda rápidamente.

-¿Cuáles son las ventajas de contar con un sistema acusatorio en el que la investigación queda en manos de los fiscales?

-Hasta 1989 nosotros teníamos el mismo sistema que la Argentina, cuya cabeza son los jueces. Teníamos miedo de cambiar el modo de trabajar, pero nos dimos cuenta de que trabajamos mejor con este nuevo sistema. De esta manera, los fiscales pueden decir cuándo y cómo hacer públicas las investigaciones, pero pueden avanzar con la producción de prueba en secreto, que es una gran ventaja.

-¿Qué rol cumplen los servicios de inteligencia en la lucha contra las mafias?

-La Dirección Antimafia no usa servicios de inteligencia. Tampoco mantiene relaciones de trabajo con el Servicio de Inteligencia italiano. Nunca se les puede asignar tareas porque son áreas totalmente separadas. Trabajamos directamente con una policía judicial, que se encarga por ejemplo de realizar intervenciones telefónicas y trabajos de campo.

fuente lanacion

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el empresario prófugo llegará hoy por la noche. El abogado defensor dijo que pedirán una pericia psiquiátrica y la prisión domiciliaria


 

 

Alberto Samid, escoltado por dos miembros de la Policía Federal, ya está en vuelo a la Argentina tras ser expulsado por Belice, donde había sido detenido el viernes pasado. La información fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien indicó que Samid llegará al país hoy  por la noche.

"Ya está volando desde Belice a El Salvador con escala en Colombia. De allí volará a Buenos Aires y está llegando mañana a la tarde", explicó Bullrich. En realidad, Samid estaría llegando este martes a las 22 a Ezeiza.

Alberto Samid, escoltados por miembros de la PFA antes de embarcar el vuelo hacia la Argentina
Alberto Samid, escoltados por miembros de la PFA antes de embarcar el vuelo hacia la Argentina

La funcionaria nacional indicó en diálogo con TN que las autoridades del país centroamericano lo echaron de su territorio "por un delito migratorio", que es "haber dicho que iba de turista cuando en realidad se estaba escapando de la justicia argentina".

 

Consultada sobre el estado de salud de Samid, Bullrich dijo que los agentes de la PFA que lo fueron a buscar "habrán considerado que estaba en condiciones de volar".

"Me fui un fin de semana de vacaciones, estaba muy estresado", dijo Samid arriba del avión. "No tengo miedo de ir preso", agregó en diálogo con la periodista de TN María Eugenia Duffard.

 Play

Más temprano, el abogado de Samid, Vicente D'Attoli, había deslizado que el empresario cárnico sufría problemas de diabetes y desequilibrios emocionales.

 Play

Traslado de Samid en Belice

En diálogo con Infobae, el letrado incluso argumentó que Samid se fugó porque "no está en sus cabales", por lo que pedirá una pericia psiquiátrica y la  prisión domiciliaria.

Samid fue expulsado por Belice y traído de vuelta a la Argentina
Samid fue expulsado por Belice y traído de vuelta a la Argentina

Por otro lado, Bullrich habló sobre la manera  en que Samid habría escapado  de la Argentina. "Creemos que salió de manera irregular a la 1.30 de la mañana  por Paraguay. Debe haber cruzado en bote o caminando. Desde ahí salió hacia Panamá, donde se alojó en el Hilton. De ahí tomó un vuelo a Belice e intentó esconderse en un lugar llamado San Pedro, una especie de departamento de alquiler para personas mayores".

Y agregó: "La policía de Belice tuvo la voluntad de buscarlo y las autoridades migratorias de expulsarlo".

El empresario deberá rendir cuentas frente a la Justicia (foto The San Pedro Sun)
El empresario deberá rendir cuentas frente a la Justicia (foto The San Pedro Sun)

El "Rey de la carne" no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención y emitió un pedido a Interpol.

Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos, afirmó que no tenía intenciones de entregarse y dijo que estaba en una "chacra en la Argentina". Sin embargo, el alerta roja de Interpol señalaba que Belice era un posible destino podía haber elegido el empresario.

El ex vicepresidente del Mercado Central está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.

fuente infobae

Cancillería suscribió un convenio de cooperación y negociación con las autoridades del país vecino.En 2018, el sindicalista Marcelo Balcedo fue detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su domicilio se incautaron autos importados, armas de grueso calibre, joyas y cajas fuertes repletas de dólares sin declarar.


 

 

 

Un año después del escándalo político que generó la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, el canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron en Montevideo un acuerdo marco para la "disposición de bienes decomisados", como parte de los avances en cooperación jurídica internacional para abordar los delitos de lavado de dinero.

 

Se trata del primer acuerdo bilateral que el país suscribe para establecer los mecanismos de cooperación y negociación que permitan "recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupcióntráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional cometidos en el otro país", informó el comunicado emitido hoy por la Cancillería.

"El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional", explicaron fuentes de la cancillería argentina a la agencia Télam.

El acuerdo se basa en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que se refieren al reparto de bienes decomisados.

 

"Este es un acuerdo que tiene un marco general, sin especificar cómo se hace la distribución de los bienes, que eso lo van a tratar las autoridades intervinientes como la Fiscalía, Procuraduría y son ellos los que determinaran los porcentajes de distribución", explicó el canciller uruguayo tras la firma del acuerdo.

Si bien todavía no se determinó el porcentaje que le corresponderá a cada país, se acordó el mecanismo de negociación que van a establecer ambas naciones.

La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)
La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)

El jefe la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici , destacó a su vez la "suma importancia" del convenio para la relación bilateral.

"Apunta a fortalecer la sociedad con Uruguay en la lucha contra el lavado, la corrupción, el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado,  comprometiéndonos a decomisar los bienes del delito y compartirlos entre ambos países cuando el esfuerzo por investigar y despojar a los criminales de sus bienes haya sido compartido", argumentó Federici.

Faurie explicó que el presidente Mauricio Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez , habían hablado sobre este tema durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Montevideo.

"Ustedes son uruguayos y conocen la vida de Argentina y saben que hemos sido profundamente afectados por los mecanismos de corrupción que prevalecieron durante un largo período en nuestra política reciente y que muchos de esos casos han tenido reflejo sobre la vida cotidiana del Uruguay", dijo Faurie en declaraciones a la prensa.

El caso Balcedo como antecedente

Durante el encuentro en Montevideo, los cancilleres mencionaron como caso testigo el del sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay.

Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), fue detenido en enero de 2018 en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero.

Hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio platense, Balcedo tenía en su poder USD 500 milvehículos de alta gama, joyas y diversas armas de fuego cuando lo esposaron. fuente infobae

“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)
“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)

 

 

 

El juez Claudio Bonadio rechazó un planteo recusatorio que había formulado Roberto Baratta y ratificó al fiscal Carlos Stornelli al frente de la causa de los cuadernos.Por: Candela Ini


La defensa del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, representada por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, recusó a Stornelli hace una semana y en los últimos días amplió ese planteo. Allí ambos defensores cuestionaron el proceder del fiscal en la investigación, y se remitieron, principalmente, a los hechos que le imputó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla a Stornelli. En simultáneo, Baratta es querellante contra Stornelli en la causa que se lleva adelante en Dolores.

Bonadio rechazó el planteó porque consideró que no se advierte la existencia de alguna de las causales de apartamiento previstas en el artículo 55 del Código Penal. Según sostuvo el magistrado, el planteo formulado "carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso -cuestión que no es posible de tolerar ni permitir-, se impone su rechazo de plano".


El juez calificó al planteo como "carente de basamento fáctico" y sostuvo: "El Dr. Rúa en su escrito hace un trabajo de copiar/pegar extractos de partes de hechos que resultan materia de análisis en otro expediente, y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público Fiscal".

En el planteo recusatorio, después de haber mencionado las imputaciones que tiene Stornelli en su contra, los defensores habían sostenido: "Se ha considerado así la existencia de "motivo bastante" para sostener que el fiscal Stornelli ha cometido delitos, en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. y de la propia reseña precedente se advierte que su actuación en el marco del presente proceso se ha apartado de su cometido legal y funda la necesidad de su apartamiento".

Excarcelaciones
Por otro lado, en una nueva tanda de resoluciones, la sala I de la Cámara Federal, con los votos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, concedió -bajo caución real- los pedidos de excarcelación de los exfuncionarios de Vialidad Sergio Passacantando, Sandro Férgola, Nelson Periotti, y el exsubsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, quienes habían quedado detenidos hace tres semanas.

El fiscal Stornelli ya había dictaminado a favor de concederles la libertad a los exfuncionarios, al referirse que no había observado comportamientos obstructivos que pusieran en riesgo el avance de la investigación. Citando el criterio de Stornelli, la cámara concedió las excarcelaciones.

La cámara impuso "la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes". Bonadio fijó un monto de caución de 1 millón de pesos para cada uno de los exfuncionarios.

fuente infobae

Víctor Manzanares amplió una vez mas su declaración ante la Justicia y ahora complicó a Máximo Kirchner en la gestión de las empresas familiares y desligó a su hermana Florencia del control sobre ellas.Por Hernán Cappiello


Mazanares declaró alrededor de tres horas ante el juez federal Claudio Bonadio, que investiga el caso de los cuadernos de la corrupción.

Allí el contador, que está bajo custodia del programa de testigos e imputados y salió de la cárcel tras declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos, amplió detalles de cómo el exjuez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, con solo fotocopias de documentos y un análisis incompleto de sus estados contables.

Manzanares dijo que estaba preocupado porque sus constancias no eran sufcientes y la documentación que tenía era inconsistente. Eso no fue un obstáculo, sin embargo, para que Oyarbide sobreseyera en tiempo récord al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito.

En cuanto a la gestión de Hotesur, explicó que Máximo Kirchner era quien tomaba las decisiones y le daba indicaciones sobre el cobro de los alquileres y su imputación contable.

Respecto de Florencia, su hermana, dijo que figuraba en la sociedad, pero no tomaba decisiones ni daba instrucciones.

Manzanares insistió en que Máximo empezó a tener injerencia tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010.

La gestión de las empresas de los Kirchner, Hotesur y Los Sauces, son parte de una investigación paralela que está elevada a juicio. La Justicia sospecha que ambas compañías era usadas para lavar dinero de la corrupción y los empresarios que se beneficiaban con contratos terminaban haciéndoles pagos por servicios simulados.

fuente lanacion

El tribunal ratificó que la hija de Cristina Kirchner debe presentarse el 4 de abril próximo, según informaron fuentes judiciales.Si Florencia Kirchner no se presenta, puede ser declarada en rebeldía.


El Tribunal Oral que tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero de la causa Los Sauces rechazó el pedido de la defensa de Florencia Kirchner. Había solicitado permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica.

El abogado de Florencia y de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi habían presentado un escrito apenas abierta la jornada judicial y luego la actual senadora lo difundió en su cuenta de Facebook.

Ante el Tribunal se pidió que "se autorice a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud". Pero el tribunal rechazó la solicitud.

Florencia Kirchner forma parte de la causa Los Sauces al integrar la sociedad anónima acusada de lavar dinero de empresarios de la obra pública.

Es 11° procesamiento de la ex Presidente, que además fue embargada en 500 mil pesos


 

 

 

La ex presidente Cristina Kirchner y el secretario privado de la Presidencia durante su gestión Oscar Parrilli quedaron hoy procesados por peculado a raíz de los viajes oficiales que llevaban diarios a Santa Cruz.

El procesamiento fue firmado hoy por el juez Claudio Bonadio que además dispuso un embargo de 500 mil pesos a cada uno. En este caso, Parrilli fue considerado autor del delito y la ex presidente, partícipe necesaria. El artículo 261 del Código Penal impone una pena de dos a diez años de prisión al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

"Los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba", dijo el juez Bonadio.

"Basta para confirmarlo, con repasar las declaraciones de los testigos que dan cuenta de las jerarquías y los modos en el que se tomaban e instruían las órdenes desde la Secretaría General de la Presidencia, lo cual, por otra parte, va en consonancia con las funciones que el imputado tenía asignadas de acuerdo al Decreto 684/04. Siendo así, resulta evidente que el empleo de un servicio costeado por la Administración Pública para un uso distinto del previsto, constituye la violación a los deberes que describe el art. 261 del Código Penal, por cuanto poco importa el rango que en el Estado detentaba el tercero beneficiado –alguno de los ex presidentes -, cobrando especial trascendencia el hecho de que el destino de los fondos públicos dirigidos al buen desempeño de la función, no pueden ser desviados para el cumplimiento de los caprichos de ningún funcionario", afirmò el juez en su resolución.

La causa se inició a raíz un desprendimiento de el caso de los Cuadernos de las coimas cuando declararon pilotos de los aviones oficiales contando cómo eran esos traslados llevando especialmente diarios desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

Uno de los pilotos, Luis Bustos, relató: "Teníamos un vuelo que le decíamos 'el diariero' porque volábamos los fines de semana –sábado, domingos y feriados– y en general sólo trasladábamos los diarios despegando generalmente a las 6 de la mañana desde Aeroparque".

Según precisó, "los vuelos se realizaban solo cuando la familia presidencial se encontraba en el sur y podían ser a El Calafate o Río Gallegos. Las personas que viajaban en el avión a El Calafate o Río Gallegos iban con sus valijas o bolsos con ellos, no las despachaban".

En su indagatoria, la ex presidente descalificó las acusaciones. "Esta versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicación, vienen repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió el carácter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonadío interviene ilegítimamente en esta investigación, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la 'causa de las fotocopias'".

"Con relación a esta acusación debo enfatizar que jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente, y cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y pública, espero que ante Tribunales imparciales, ello quedará debidamente desvirtuado", afirmó.