Un valijero y un pendrive son las claves de supuestas coimas de Camargo Correa en el país

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Pietro Giavina Bianchi no escribía cuadernos. Este “consultor” de la constructora brasileña Camargo Correa acumulaba papeles y los digitalizaba.Por Emilia Delfino

 

 

 Los almacenaba en un pendrive y una carpeta verde, que se transformaron en pruebas de la presunta caja paralela de una de las compañías más importantes de Brasil y la región, según la investigación de la Policía Federal de San Pablo.

 

Pietro cayó en 2009, durante la operación Castillo de Arena. Cuando allanaron su domicilio en el barrio paulista Jardim Morumbi, la policía lo cazó in fraganti mientras el hombre intentaba esconder un pendrive marca Sony de 4 gigabytes. Así pudo comprobarlo el equipo de Investiga Lava Jato de fuentes directas de la investigación.

 

Cuando los policías analizaron el contenido entendieron por qué la preocupación de Pietro en resguardar ese dispositivo. Encontraron documentos de sociedades offshore, cuentas bancarias en Andorra y supuestos cálculos de porcentajes destinados a pagos ilegales y contribuciones en negro a campañas políticas, transferencias no declaradas de divisas al exterior y “fraudes en licitaciones”. Todos los movimientos negros de Pietro para Camargo Correa estaban alojados allí e incluían a la planta Bicentenario, de Aysa, en Berazategui, Gran Buenos Aires.

 

Por primera vez, un medio argentino analizó las pruebas que los policías brasileños detectaron hace casi una década, gracias a la iniciativa del equipo periodístico Investiga Lava Jato, que integra PERFIL junto a Convoca (Perú), Folha do Sao Paulo (Brasil) y otros medios de investigación de América Latina y África.

 

El Supremo Tribunal de Justicia brasileño anuló la investigación en 2011, al determinar que una serie de escuchas telefónicas se habían realizado antes de dar comienzo formal a la investigación, como marca la ley en Brasil. Pietro recuperó su libertad, Camargo quedó fuera del radar judicial y siguió haciendo negocio.

 

Pietro había sido uno de los directores de Camargo Correa en Brasil pero para 2008 asumió un rol distinto, subterráneo. Fue contratado como “consultor”, aunque tenía oficinas en la sede de San Pablo. La investigación de la Policía Federal de Brasil sostuvo que Pietro no era un “consultor” sino el encargado de gestionar las coimas de la constructora.

 

Cuando Investiga Lava Jato intentó contactar al “consultor”, un abogado de la compañía refirió que no era posible debido a que Pietro está “muy enfermo”.

 

Los tres socios argentinos de Camargo (Esuco, Corporación América y Pescarmona) tienen a sus principales empresarios en la lista de arrepentidos que reconocieron haber pagado coimas o financiado ilegalmente campañas electorales durante los gobiernos kirchneristas.

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“Alteración presupuesto”. La Policía Federal de San Pablo analizó en un documento oficial todos los documentos sospechosos que encontró en un pendrive que Pietro Giavina Bianchi intentó ocultarles durante un allanamiento. En la imagen, una mención a la planta argentina y un pago de US$ 25 mil referido a “cambios en el presupuesto”.

 

De visitante. En la Argentina, Camargo Correa sólo tuvo una obra pública: la planta depuradora Bicentenario de la empresa estatal de aguas, Aysa, en la localidad de Berazategui, en el Gran Buenos Aires.

 

Camargo y Esuco ganaron el contrato de casi 400 millones de pesos a fines de 2008 (unos 118 millones de dólares según los documentos de Pietro). El proyecto comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Contó en su inauguración con la presencia de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La planta ocupa 32.000 metros cuadrados y procesa efluentes cloacales antes de que sean volcados al río.

 

Camargo Correa y Esuco son investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado. Dos de sus ex directivos están procesados y embargados por irregularidades y cartelización de las obras de Aysa junto a hombres de Odebrecht y sus socias locales (Roggio, Supercemento y Cartellone). El magistrado citó vía exhorto a Antonio Miguel Marques (ex presidente de Camargo Correa) y a Carlos Wagner (Esuco) a indagatoria por las supuestas coimas los próximos días.

 

Antes de adjudicar la obra, existieron varias modificaciones al presupuesto original, que estaba calculado en 340 millones de pesos. El 17 de enero de 2008, el contrato creció en un 17 %. En uno de los archivos del pendrive de Pietro denominado “UN Infra (Infraestructura) Internacional”, el “consultor” anotó un pago de US$ 25.000 con la referencia “Berazategui, Argentina, Alteración presupuesto”.

 

Pocos días después del primer cambio, el 24 de enero de 2008, Aysa realizó otra modificación: aumentó el porcentaje del adelanto financiero de la obra, que pasó a ser del 10 % del total del contrato, es decir de 40 millones de pesos (unos US$ 12 millones de entonces). Camargo Correa no respondió la consulta de este medio sobre este punto: ¿a quién y por qué motivo se destinó este pago referido a un cambio en el presupuesto de la obra?

 

En el pendrive de Pietro, los policías encontraron la copia de un e-mail enviado por uno de los ejecutivos de Camargo en Buenos Aires a la sede de San Pablo. El 23 de enero de 2009, Jaime José Juraszek Junior, ejecutivo de Camargo en Buenos Aires, envió un correo a su superior en San Pablo, Darcio Brunato, con varios documentos adjuntos. En el e-mail, la sucursal argentina de Camargo confirmaba que el 15 de enero de 2009, su cliente, Aysa, había depositado el adelanto financiero de la obra de Berazategui, equivalente al valor del 10 % del total del contrato. “El valor líquido (sin IVA) es de 12.089.700,20 dólares (comprobantes anexos), fue depositado en la cuenta corriente de nuestro consorcio”, informó Juraszek Junior.

 

El intercambio de correos llegó a Pietro, con tenía asiduo diálogo con Brunato. Pietro imprimió el correo y los archivos adjuntos, que incluía dos facturas de Aysa al consorcio Camargo-Esuco. El adelanto se dividió en dos pagos de 30 millones y 10 millones de pesos. Sobre el mail impreso, Pietro escribió: “Liberaración 499 ARG.”. Cuando los policías analizaron los archivos adjuntos de ese mail posaron las sospechas sobre un pago de US$ 499.176 destinado a “Grupo PSI”. “Primera cuota”, dice también el archivo.

 

En otro documento, Grupo PSI aparece como destinatario de dos pagos extraídos del adelanto financiero: uno fechado en febrero de 2008 por US$ 529.190 y otro por US$ 499.176, con fecha diciembre de 2008, el año de la licitación pública de Aysa.

 

Al analizar los adjuntos que llegaron a Pietro junto con el correo electrónico, los policías no sólo identificaron esos dos pagos en dólares al “Grupo PSI”. Existía otra proyección de pagos para Grupo PSI sobre la base del total de la obra, unos US$ 118 millones, “Grupo PSI” se quedaría con US$ 5.291.899 (a febrero 2008) y US$ 4.991.761 (a diciembre 2008).

 

Pietro también anotó el cálculo del impuesto IVA de la obra.

 

Los policías de San Pablo no pudieron identificar qué era Grupo PSI. Nueve años después, tampoco pudieron identificarlo la propia Camargo o Aysa, ante la consulta de este medio.

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La obra, el IVA y el adelanto. Un desglose de Pietro sobre le presupuesto de la obra de Aysa de enero de 2009. La empresa estatal pagó el adelanto financiero en dos pagos por un total de US$ 12 millones o $ 39,8 millones de ese momento. Pietro, dedicado a pagos en negro y a la contabilidad paralela de Camargo, guardaba estos documentos.

 

Grupo PSI no figura en ninguna de las 55 empresas locales subcontratadas por Aysa para la obra, de acuerdo al registro al que accedió PERFIL. ¿Podría ser uno de los proveedores extranjeros que se contrataron como parte del acuerdo con el BNDES? En la compañía estatal de aguas no tienen registro de ninguna relación del consorcio o la obra con una empresa extranjera denominada Grupo PSI, explicaron fuentes de Aysa ante la consulta de este medio. Cuando PERFIL consultó a Camargo Correa, la constructora respondió que “no figura en la lista de proveedores de la obra”. La compañía tampoco dio una explicación a la anotación de Pietro: si es que hacía referencia a una entidad, un futuro proveedor o a un departamento interno de la compañía, por ejemplo.

 

¿Por qué Pietro Giavina Bianchi guardaba en su pendrive los comprobantes del pago del adelanto financiero de la obra? Fue una de las preguntas que Camargo no pude responder ante la consulta periodística y que alimenta las sospechas de los investigadores sobre posibles sobornos.

 

El socio arrepentido.  Carlos Wagner es un ingeniero de 75 años. Presidía la constructora Esuco hasta que quedó detenido por sobornos en otro expediente: la causa de los cuadernos de la corrupción. El 10 de agosto, tras pasar casi diez días preso, confesó ante la Justicia haber cumplido un rol central en el sistema de recaudación ilegal para la política entre 2004 y 2015.

 

Cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia en 2003, Wagner ya era un viejo conocido. Había realizado obras en la provincia de Santa Cruz y había entablado una amistad con Julio De Vido, entonces flamante ministro de Planificación, actualmente detenido. Con la llegada de Kirchner, Wagner fue electo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la entidad que nuclea a las principales constructoras del país.

 

Hasta su confesión, Wagner había estado en la mira en distintos casos de corrupción en la obra pública, pero siempre había negado los señalamientos, tanto periodísticos como judiciales. Ahora son las propias palabras de Wagner las que ponen en contexto su relación con la corrupción en la obra pública.

 

“En 2004, De Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente debía garantizar de forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaran a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial” contó Wagner ante el fiscal Carlos Stornelli. Pero Esuco no sólo hacía obras viales, también desarrolló proyectos eléctricos, civiles y obras hidráulicas, como la planta depuradora de agua que construyó junto a Camargo.

 

“La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. Llamada una licitación, las empresas interesadas compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador”, agregó el ingeniero. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos. El porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y el 20 por ciento del total de la obra y deducidos los impuestos (el IVA) el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo a modo de retorno (soborno)”, contó Wagner en su declaración.

 

“Mi empresa, Esuco, no estaba exceptuada de este mecanismo”, dijo. “Estos montos de dinero eran entregados a algunos de los recaudadores”, que eran designados por los ex funcionarios Roberto Baratta y José López, secretario de Obras Públicas.

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Grupo PSI. Los policías entendieron que los pagos a “Grupo PSI” eran sospechosos. Ni Camargo ni Aysa reconocen de qué se tratan esa supuesta compañía.

 

López era el funcionario que se encargaba de monitorear lo que sucedía en Aysa, confirmaron dos fuentes de la empresa estatal de aguas. El hombre fue arrestado tras ser descubierto arrojando un bolso con US$ 9,3 millones en un monasterio, y era quien seguía de cerca las obras de Camargo Correa y Odebrecht. Su ex compañero en el ministerio, Baratta, también le apuntó durante su última declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos sobornos en las plantas de Aysa.

 

“Para los (pagos) adicionales de obra y modificaciones de obra ahí también exigían a las empresas el mismo porcentaje (entre el 10 y 20 por ciento) de retorno”, detalló Wagner.

 

Algunas de las constructoras que participaron de este mecanismo, según Wagner, son las mismas que participaron en la supuesta cartelizacion de la planta de Aysa en Berazategui, como Coarco SA y Cartellone SA.

 

¿Cómo podían iniciar las obras si los adelantos financieros eran entregados a los funcionarios? Todo estaba pensado por De Vido, dijo Wagner. “El anticipo financiero de la obra se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA se quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra”, contó.

 

Si bien Wagner sostiene que su rol de mediador entre los empresarios y los funcionarios se limitada a las obras viales, los ejecutivos de Odebrecht declararon lo contrario. Marcio Faria, responsable de los manejos de la constructora brasileña en Argentina, declaró ante los fiscales del Lava Jato que Wagner era el intermediario de los sobornos, que se pagaban mediante transferencias en el exterior. Era Wagner, según el ejecutivo, quien comunicó a la empresa brasileña que era necesario asociarse a una constructora argentina para poder ganar obras, como publicó La Nación y consta en los expedientes judiciales.

 

“Las obras de la estación de tratamiento de Berazategui, en Argentina, se concluyeron y la estación está en pleno funcionamiento. No tenemos conocimiento de ninguna irregularidad en la conducción de dicho contrato”, declaró Camargo ante a consulta de PERFIL. La constructora no respondió las preguntas referidas a Wagner, su declaración como arrepentido y su rol en la intermediación con el kirchnerismo.

 

fuente erfil

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