Para cambiar hace falta mejorar el funcionamiento de los tres poderes del estado

Fernando J Robles
Lectura

Los ciudadanos de a pie necesitamos que se produzcan mejoras sostenidas en la calidad de vida y eso se puede lograr trabajando para hacer más eficiente el funcionamiento de los tres poderes de la República. Por Fernando Robles

 

 

 

Hace unas semanas el Congreso Nacional convirtió en Ley la denominada “Ley Justina”, en homenaje a la pequeña y ejemplar luchadora  que durante años esperó un trasplante de corazón y que lamentablemente falleció, porque el ansiado corazón nunca llegó. Nuestra  heroína, Justina, le había pedido a su Papá impulsar una Ley para que así; “…Papi ayudemos a todos los que podamos…”. Pocas cosas me resultan tan conmovedoras y emocionantes como la actitud de ese angelito que dejó este mundo a los 12 años de edad y nos ilumina a todos por igual. Un inolvidable ejemplo de cómo Honrar la Vida. Esa Ley nos convierte a todos, en caso de muerte, en donantes de órganos a menos que con anterioridad hayamos optado por no hacerlo. En muchos casos esta Ley puede ayudar a seguir viviendo a aproximadamente 7 personas con problemas graves de salud. La votación tuvo lugar en la cámara de diputados y en la misma hubo unanimidad entre todos los diputados presentes. Ese día hubo unanimidad y emoción en esa cámara, ya que esa norma trae alivio a más de 10500 pacientes en espera por trasplantes.. La Ley fue votada afirmativamente por 202 diputados, es decir, todos los presentes. 

Vale la pena recordar que la cámara de diputados está integrada por 257 diputados. Es decir, que faltaron a la sesión 55 diputados. Más del 21% de los legisladores en ejercicio no acudieron a la cita. Una exasperante muestra de irresponsabilidad y desaprensión por parte de los mismos. No estaría mal que algunos comunicadores sean capaces, como en otros casos, de hacer listas taxativas de aquellos que no cumplen con su trabajo.

En lo que hace al Senado, un par de temas coyunturales mueve a los senadores a acceder a numerosas reuniones y cantidad de  reportajes en los medios de comunicación. La problemática que conlleva la Ley sobre despenalización del aborto y los pedidos del juez Bonadio en el caso de los cuadernos “Gloria”, detalle único del plan sistemático del robo del patrimonio estatal, concentran su atención. No estaría mal que se dediquen a trabajar a tiempo completo, atento la cantidad de recursos humanos y materiales de que disponen, considerando todos los proyectos de ley y no solamente aquellos de peso mediático. En este sentido, vale la pena recordar la demora que registra en su tratamiento la denominada Ley de Extinción de Dominio. La Ley tiene por objeto que el Estado vuelva a tener la disposición de aquellos bienes, que a través de procesos de corrupción le  fueran robados. Este decomiso, en el marco de procesos judiciales, se debería concretar contra los imputados, procesados y/o elevados a juicio oral por la comisión de delitos que los transformaron en ilegítimos propietarios.   Esta Ley, que tiene media sanción por parte de la cámara de diputados abarca los siguientes delitos: 1.corrupción, 2.contrabado, 3. lavado de dinero, 4. narcotráfico, 5. trata de personas, 6. terrorismo, 7. asociación ilícita, 8. secuestro extorsivo, 9. prostitución y 10  pornografía infantil. Su tratamiento, cuyo estado parlamentario  vence en febrero de 2019, se ve trabado ya que el justicialismo de la mano del senador por Río Negro Miguel Pichetto presentó un proyecto alternativo. Este proyecto apoyado por buena parte del peronismo, kirchnerismo-cristinismo y algunos sectores “progresistas” plantea que el decomiso tenga que ver con delitos que se cometan a partir de la sanción de la Ley. Es decir, plantea dejar a cubierto aquellos bienes mal habidos hasta la sanción de la norma.

Otro tema sobre el que los senadores deberían enfocarse seriamente para permitir que la justicia trabaje con libertad, tiene que ver con los pedidos de desafuero de la ex-Presidente y varios pedidos de allanamiento relacionados con los diversos juicios en curso. La problemática del desafuero tiene que ver con dos ex-Presidentes, Carlos Saúl Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Los fueros parlamentarios  fueron creados como un instituto para permitir la protección de los legisladores en todo lo que tenga que ver con su actuación política. Pero de ninguna manera debería ser usado como protección en casos en los que se investigan delitos de cualquier índole.

En el plano judicial la absolución, en un fallo dividido que hizo el Jurado de Enjuiciamiento en la Provincia de Entre Ríos, del juez penal de Gualeguaychú Carlos Rossi marca otro hito lamentable. Recordemos que Rossi, suspendido en sus funciones desde el 7 de diciembre pasado, fue acusado de mal desempeño toda vez que benefició concediéndole la libertad anticipada a un acusado por el delito de violación, Sebastián Wagner. Rossi lo liberó el 1º de julio de 2016 y nueve meses Wagner raptó, violó y asesinó a Micaela García. En octubre de 2017 un tribunal de Gualeguaychù lo condenó a prisión perpetua por ese femicidio. Nuevamente el fallo absolutorio de Rossi, cuyos fundamentos se conocerán a fin de agosto del corriente año, plantea el enfrentamiento entre tecnicismos jurídicos y el fondo concreto de los hechos acontecidos. Sin duda ocuparse en exceso de los vericuetos legales y no de las cuestiones fácticas que representan el sentido común más básico, ponen en serio y reiterado peligro a la sociedad en su conjunto.

La justicia argentina aparece también bajo la lupa del sistema internacional de derechos humanos. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 4 dictámenes en los que reconoció la admisibilidad del reclamo de otros tantos jueces que fueran destituidos de sus cargos por los Consejos de la Magistratura, sus jurados de enjuiciamiento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, la Comisión Interamericana hizo lugar a la apelación de estos 4 magistrados que consideraron arbitraria su destitución. Por tanto dichas destituciones no se encuentran firmes. Los dictámenes de admisibilidad corresponden a Eduardo Rico (r. 9/16)  ex - juez del Trabajo de San Isidro, Luis Alberto Leiva (r. 56/16) ex –juez federal de Mendoza, Mirta Torres Nieto (r. 107/179)  ex – juez nacional del Trabajo y Guillermo Juan Tiscornia (r. 34/18) ex –juez nacional en lo Penal Económico. Estos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se suman a los producidos con anterioridad relativos a un magistrado peruano y a otro venezolano, plantean una inocultable responsabilidad del Estado argentino a partir de decisiones de su sistema justicia. El devenir de los hechos expuestos serán seguidos desde esta columna.

Como puede advertir el lector, la condición en que quedó el Estado argentino luego de los doce años de gestión anterior, pero sobre todo después de lo acontecido en los cuatro años de cristilandia, requieren un esfuerzo compartido y conjunto por parte de todos los poderes de la República. Es así, que sería deseable que  el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial trabajen sostenidamente para ordenar definitivamente nuestro país, buscando consensos básicos. Y a veces, porque no dejando de lado privilegios sectoriales, administrando conjunta y democráticamente los disensos.

Analista político y economista

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