Señor Director de Total News: De mi mejor consideración;Caso del periodista Daniel Santoro.

Opinion
Lectura

Confidencialidad de la fuente periodística. Estándares normativos y jurisprudenciales.

1.La labor periodística, y en este caso la cobertura de un caso judicial donde se compromete el normal funcionamiento de distintos estamentos institucionales y su posible enredo con factores del crimen organizado , remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser "de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…" (D"Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167). Se ha sostenido que:"en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población" (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).


2. Asimismo, la utilización de un medio de comunicación interactivo para exponer sus ideas referidas a cuestiones de interés público supone –inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-. Es que "[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo" (Molina Quiroga, "Contenidos publicados en Internet", LL del 23/02/11).

3. El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población .

4. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas" ([CIDH, "Kimel vs. Argentina", Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88). Y este estándar responde a la elemental lógica de todo sistema republicano que se precie de tal.

5. Se encuentra en juego el principio de la racionalidad de los actos de gobierno, el cual encuentra anclaje en la forma republicana de gobierno y el sistema representativo y federal que adopta la Constitución Nacional sobre cuya base se resguarda la libertad de expresión y de opinión por medio de la prensa, la cual no admite ningún tipo de censura (arts. 1, 2, 27, 28, 31, 32 CN).

6. En el orden supranacional la libertad de expresión y el deber inexcusable para los hombres y mujeres de prensa de resguardar la confidencialidad de la fuentes sobre cuya base se nutre la labor periodística encuentra basamento, en i) la Declaración Universal de Derechos Humanos ( arts. 19 y 29); ii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( arts. 19 y 20); iii) Convención Americana sobre Derechos Humanos ( arts. 13 y 14);iv) Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre ( art. 4) ; v) idem CEDH, arts. 1 y 2).

7. Es secreto profesional periodístico el reconocimiento del derecho del periodista a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida, para proteger a las fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional. No significa únicamente que el periodista decida no publicar algunos datos sino que supone la posibilidad de ocultarlos si lo considera necesario. Se considera uno de los elementos fundamentales para que el periodista ejerza su tarea con total libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que el periodismo se concibe como un servicio público a la ciudadanía en ocasiones esas informaciones que el profesional no quiere revelar pueden resultar de interés público.

8. El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas. Y nada de esto sucede ni tampoco se verifica en el caso del periodista Daniel Santoro, lo cual torna inconstitucional forzarlo judicialmente a revelar las fuentes de su labor periodística.

9. En el ámbito del periodismo, la polémica acerca de cómo debe ser regulado o hasta qué punto debe ser respetado el secreto profesional ha sido su principal característica. La diversidad de opiniones e intereses al respecto hace que la discusión parezca no tener una solución universal.

10. Desde que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuese aprobado, el derecho al secreto profesional ha constituido una de las reivindicaciones tradicionales de los periodistas, con resultados diferentes en cada país.

11. Ya es reconocido (aunque en distintos grados) por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países democráticos con un sistema de prensa considerado independiente; no obstante, hay países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos en donde se niega. Y en la Argentina tal obligación de preservación de la identidad de la fuente periodística no admite discusión alguno; el periodista que fuese forzado –aun judicialmente- a revelar sus fuentes automáticamente dejaría de ser periodista.

12. El secreto profesional ( resguardo de la confidencialidad de la fuente ) comprende el derecho de los periodistas a guardar sigilo incondicionalmente sobre la identidad de sus fuentes informativas ante el director de la empresa, las autoridades administrativas, parlamentarias y judiciales. Este tipo es el que recoge la ley de los siguientes estados: Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, EstadosUnidos (California, Indiana, Minnesota, Nebraska, NuevaYork), Estonia, Finlandia, Haití, Indonesia, Italia, Lituania, MacedoniadelNorte, Malasia, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y Yemen.

13. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el transcurso del año 2017 dejó firme un fallo que exculpó al mismo periodista de Clarín Daniel Santoro en una causa en la que había sido denunciado por un financista por obtener supuestamente en forma ilegal datos sobre una operación trasnacional en la causa de la Ruta del Dinero K. El fallo reafirma el derecho a investigar de los ciudadanos y el secreto de las fuentes periodísticas de los periodistas.

14. La denuncia había sido presentada por el financista Edgardo Raúl Levita, a raíz de la publicación de dos notas de Santoro en el diario Clarín en julio de 2014, en relación con información confidencial extraída de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuyo origen, suponía, sólo podía provenir de una filtración de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina.

15. Clarín reveló en exclusiva en el 2014 que Levita, junto con otra financista, aparecía como beneficiario final de la empresa offshore Aldyne, ubicada en las islas Seychelles. Aldyne es la administradora de otras 148 offshore creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en Las Vegas, EE.UU. Varias de esas firmas habían sido creadas a pedido de la empresa suiza Helvetic Service Group que compró la financiera "La Rosadita" que terminó siendo manejada por Lázaro Báez.

16. El señor Levita le hubo iniciado dos juicios al periodista Daniel Santoro por revelar esa información que fue luego confirmada por la UIF de Seychelles. Junto con el juicio, el periodista recibió entonces una catarata de ataques personales desde los medios K.

17. A su turno tanto el juez federal doctor Sebastián Casanello como la Sala I de la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal coincidieron en el sobreseimiento de Daniel Santoro.

18. El eje de la decisión giró en torno a que "la única vía de investigación que podría resultar útil para el descubrimiento de la verdad de los hechos aquí pesquisados conlleva el riesgo de afectar el derecho del periodista a preservar en secreto a la fuente".

19. El fallo, que le asignó al sobreseimiento de Daniel Santoro la condición de cosa juzgada, fue firmada por los jueces doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ( 313/2017).

20. Entonces la decisión de un juez federal encaminada a forzar a un hombre de prensa a divulgar las fuentes a partir de las cuales nutre su información que va recogiendo y que se refiere a episodios de alto voltaje político y de subida transcendencia institucional colisiona contra la elemental lógica de un sistema republicano.

21. Asimismo la orden judicial que además se orienta a interrogar a los hombres de prensa acerca de la identidad de fuente de acceso a la información periodística importa un claro retroceso republicano; no puede obligarse a un periodista a revelar la fuente de su información; si así lo hiciera, aun a requerimiento judicial, dejaría de ser automáticamente un periodista; tal proceder judicial supone en este caso la ejecución de un grosero mecanismo de auto censura –con claro efecto amedrentante y por ende paralizante- que resulta incompatible con la lógica de un sistema democrático así una decisión judicial encaminada en el sentido supra indicado ofrece claros rasgos totalitarios y autoritarios que nada tiene de vinculación con un sistema republicano.

22. La República Argentina caería llegado el caso (y eventualmente) en posición de responsabilidad internacional, por cuanto a partir de su propia decisión soberana está obligada a acatar los estándares jurisprudenciales que hubo trazado dicho organismo supranacional ( ej. “Kimel”, Fontevecchia, D´ Amico, Verbistky, entre otros), cosa que en ocasión del incidente bajo comentario la autoridad judicial federal. De la ciudad de Dolores –Provincia de Buenos Aires- hubo ignorado por cierto olímpicamente.


23. Saludo al señor Director muy atte.

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

DNI n°11.371.779

guilletisco@hotmail.com

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