En La Plata no pueden parar las amenazas de bombas en las escuelas

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La decisión judicial de permitir la no evacuación de escuelas, los operativos policiales contra presuntos responsables y las charlas de concientización no alcanzan para frenar las amenazas de bombas en edificios

educativos. La Plata y Berisso parecen estar en el epicentro de esta modalidad: en la primera quincena de agosto hubo 118 llamados en establecimientos públicos, según cifras de los bomberos de la Bonaerense.

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El 9 de agosto, el fiscal Álvaro Garganta adoptó una decisión audaz: instruyó a la Departamental de la Policía que las evacuaciones de aulas y espacios escolares "se adoptará si se observa algún paquete, bulto u objeto extraño". O en caso de que se hayan visto "ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional". El funcionario estaba en turno en las fiscalías y consideró que las reiteradas salidas de chicos hacia plazas o predios abiertos -en algunos casos de a centenares- para revisar los colegios representaban mayor peligro que mantenerlos en sus aulas.

Al día siguiente, desde la Dirección General de Escuelas dijeron que "los directores seguirán con los protocolos de seguridad establecidos". O sea: siguió evacuando cada vez que se recibió un llamado intimidatorio.

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El volumen de mensajes amenazantes se mantuvo en igual escala, después de esa determinación judicial: los centros educativos de La Plata y Berisso recibieron, desde el jueves 9 de agosto hasta ayer, 58 comunicaciones, casi idéntico al número de la semana previa.

Hay algunas como el Normal 1, centenario establecimiento ubicado en pleno centro de la capital bonaerense (14 y 53), que ya tuvieron 60 advertencias desde que comenzaron las clases. El lunes pasado hicieron un "abrazo solidario" y una protesta con padres, alumnos y docentes.

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Berisso es, claramente, el distrito más perjudicado en la región: 98 amenazas en dos semanas.

No hay explicación oficial para el fenómeno. "Desconocemos cual es la motivación. Sabemos que hay chicos y educadores que están preocupados y angustiados. Pero es imposible anticipar las conductas que llevan a esto", intentó explicar la Silvia Cardelli, inspectora jefe de la Región Educativa que abarca estos municipios. El viernes, las autoridades educativas y los ministerios de Justicia y de Seguridad convocaron a 1000 alumnos de 135 institutos -buena parte de ellos secundarios- para realizar una jornada de "concientización" sobre los efectos nocivos, para el Estado y para la comunidad, de las falsas amenazas de bomba.

Cardelli dijo a Clarín que la semana próxima se hará un encuentro en Berisso. Allí los funcionarios municipales intentan encontrar respuestas al fenómeno en cuestiones políticas. En uno de los allanamientos donde la policía encontró un celular desde el que se hacían llamadas, vivía una auxiliar docente de dos escuelas de esa ciudad que además, sería militante de uno gremio educativo.

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Hubo otros intentos para frenar esta seguidilla. La Policía Bonaerense realizó mas de medio centenar de procedimientos para detectar a los amenazadores. Muchos terminaron con menores judicializados y mayores imputados por "intimidación pública". En el ámbito escolar, medidas disciplinarias con formato ejemplificador: tres alumnos del Liceo “Víctor Mercante”, de La Plata, recibieron 25 amonestaciones, quedaron libres y no podrán reingresar a ese establecimiento que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), hasta el 2019. Fue después que las autoridades tuvieron evidencias de su responsabilidad en las intimidaciones.

La Policía también intentó por la vía del diálogo y la información. jefes de la Departamental La Plata recorrieron varios establecimientos con charlas a los chicos para tratar de crear conciencia sobre el daño de esas acciones.

Hasta el momento, nada de eso resultó del todo eficaz. En el retorno del receso de invierno, las escuelas de La Plata y Berisso retomaron con la práctica que complica el dictado normal de clases, moviliza bomberos y policías, pone a los chicos en medio de las calles y representa un gasto para el Estado (se calcula entre 20 y 30 mil pesos cada operativo).

La Plata - Corresponsalía

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