Los referentes de la CGT esperaban el decreto. La medida se concreta en medio de la presión del sector sindical más crítico a favor de un nuevo paro. Por Jaime Rosemberg


 

 

El Gobierno publicará hoy en el Boletín Oficial el decreto presidencial que permite incrementar en $13.000 millones los fondos para las obras sociales sindicales. La medida aparece en medio de la presión creciente los sectores más críticos del gremialismo para convocar a un paro a fines de este mes, al que la CGT aún no adhirió.

Según anticiparon ayer altas fuentes oficiales a La Nacion, el decreto ómnibus contiene no solo la cesión de recursos a las obras sociales mediante el Fondo de Asistencia de Emergencia e intereses de parte del dinero colocado en bonos Bonar, sino además la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet), que servirá como un límite a la ola de demandas judiciales millonarias por servicios médicos no prestados por las obras sociales a través del Programa Médico Obligatorio (PMO).


La tercera pata destacada del decreto es la que habilita a las obras sociales al cobro del dinero que corresponde a los cerca de 385.000 empleados que, al jubilarse, deciden continuar con su obra social y prescindir de los servicios del PAMI, que hasta el momento retenía esos fondos no utilizados.

El decreto es, según fuentes oficiales, fruto de la negociación de los ministros Dante Sica (Producción y Trabajo) y Carolina Stanley (Desarrollo Social) con el delegado de la CGT, José Lingeri. La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo desde diciembre pasado del médico y ex futbolista Sebastián Neuspiller, queda a cargo de los fondos a ser distribuidos, siempre y cuando -también según altas fuentes del Gobierno- el sindicalismo cumpla su promesa y apoye en el Congreso el proyecto de ley que regula el empleo no registrado (ingresó al Senado el viernes pasado un proyecto presentado en ese sentido por el senador de Cambiemos Roberto Basualdo) y otra iniciativa que apunta a disminuir la litigiosidad laboral, que el Gobierno intentó sin éxito discutir desde el inicio de su gestión.

El acuerdo entre el Gobierno y los gremios, que había sido adelantado el mes pasado por La Nación, llega en momentos en que el líder camionero Hugo Moyano, con el apoyo de las tres CTA, los sindicatos de izquierda y los movimientos sociales avanzan hacia un paro general, que tiene como fecha tentativa el próximo martes 30. Lingeri y los denominados "Gordos" se oponen, mientras que aún es una incógnita la actitud que tomará la CGT oficial, encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña.

El jueves pasado, la CGT adhirió a la marcha de protesta junto a Moyano, las CTA y las agrupaciones de izquierda, que incluso llegaron a la Plaza de Mayo con sus reclamos contra el plan económico y por la defensa "de la industria nacional". Pablo Micheli, dirigente de la CTA autónoma, afirmó en ese acto que "si la CGT sigue dando vueltas, vamos a convocar al paro igual".


Por lo pronto, los reclamos de la CGT en relación con los fondos fueron atendidos. Una vieja deuda de la empresa OSDE con la superintendencia servirá ahora para engrosar el Fondo de Asistencia y Emergencia que manejan las obras sociales (unos $10.100 millones), al igual que los intereses (unos $500 millones mensuales, a repartirse entre las obras sociales de monotributistas y el sistema único de reintegros).

A ellos se sumarán unos $3000 millones de intereses del dinero que el Estado puso en bonos del Tesoro y que también irán al sistema de reintegros de las obras sociales.

Desde las oficinas de Neuspiller, que suele jugar en los "picados" que el presidente Macri organiza cada domingo en su quinta Los Abrojos, agregan otro avance fruto de la negociación con los gremios: la protocolización de enfermedades como la hemofilia, el cáncer de colon y mama, que unificarán sus tratamientos en todo el país.

"Si la obra social quiere autorizar la utilización de otra droga, no recibe el reintegro", afirmaron desde la superintendencia.

Ese organismo también tendrá, a partir de la entrada en vigor del decreto, la posibilidad de comprar los medicamentos, como ya lo hizo en el protocolo para la hemofilia, en el que obtuvo la adhesión de las 291 obras sociales. Hasta ayer, quien compraba era de la Secretaría de Salud.

fuente lanacion