Vaca Muerta, bajo la lupa de los Estados Unidos

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En el negocio petrolero causó alarma la carta que varios senadores norteamericanos, incluyendo a varios candidatos a presidente, enviaron con un alerta sobre el impacto en el medio ambiente de Vaca

Muerta. La misiva fue dirigida a varios de los fondos de inversión y a la propia de la Opic, Overseas Private Investment Corporation (Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero), una institución financiera de EE.UU. que apoya proyectos en el exterior. Entre los firmantes figuran Kamala Harris, Bernie Sanders y Cory Booker. También Jeffrey Merkley, Edward Markey y Chris Van Hollen, que son tres de los senadores poderosos del país del Norte. El temor de la industria es que logren frenar fondos destinados a una explotación que requiere al menos unos US$4.000 millones al año. Y están quienes sospechan de los propios petroleros de EE.UU. que “observan en Vaca Muerta una fuerte competencia”, deslizó un CEO escudado en el off the record.

La reglamentación de la ley de la economía del conocimiento alegró a la industria del software y de la innovación pero dejó indignada a la agroindustria. Según se sostiene, la norma restringe la posibilidad de que las empresas agropecuarias puedan acceder a los beneficios. El “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” dispone que las empresas podrán pagar apenas 15% de impuesto a las Ganancias y contar con una menor carga de aportes patronales hasta el 2029. Para poder acceder se debe contar con una “norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos” (como puede ser el caso de IRAM o ISO), dedicar al menos un 3% de la facturación total a Investigación y Desarrollo y un 8% de la masa salarial total en capacitación a los empleados, además de acreditar que un 13% de la facturación total se origina en exportaciones. Pero el decreto reglamentario establece que el cómputo de la masa salarial bruta no considerará a los trabajadores comprendidos en el régimen de Trabajo Agrario (Ley Nº 26.727). Tampoco permite esa posibilidad para trabajadores de empresas panaderas, turísticas, gastronómicas y de la construcción.

Fuentes cercanas a los ministros de la Corte Suprema deslizan que una demanda de clase como las que existen en EE.UU. contra el glifosato podría encontrar eco en la Argentina. Estos derechos llamados “colectivos” pueden ser ejercidos por una persona o varias en representación de otra llamada “clase” en el derecho de Estados Unidos y que es de aplicación en la Argentina por disposición de la propia Corte. Claro que debe demostrarse el “daño cierto y actual”. El caso se presentó ante la Corte en 2012, cuando se solicitó como medida cautelar la suspensión de la aplicación del glifosato en todo el país. En los últimos siete años no hubo ningún pronunciamiento por parte de los supremos.

En medio de la desaceleración de la economía global, en parte por la guerra comercial entre China y EE.UU., se realizará en Buenos Aires la conferencia anual de Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero), con los dueños de las principales siderúrgicas de la región. El congreso será presidido por Martín Berardi, de Techint, quien señala que la industria emplea a 900.000 personas en la región y produce unos 70 millones de toneladas anuales. Por cierto, marca el escenario de incertidumbre el hecho de que politólogos y cientistas sociales sean las estrellas de la reunión, como es el caso de Andrés Malamud, que hablará sobre los obstáculos políticos y comerciales que impactan en las tres economías más grandes de América Latina, el brasileño Murillo de Aragão y el mexicano Antonio Ortiz-Mena. También, la española Isabel Aguilera, ex CEO de Google en España, reflexionará sobre la inteligencia colectiva y la sustentabilidad empresarial.

En la última convención de Pro-Tejer, que cobija a la industria textil, le tocó al economista Ariel Schale, que pertenece a los equipos de Alberto Fernández, describir la situación del sector que cae más que el resto de la industria, perdió 28.000 puestos de trabajo en un contexto de 21 meses sucesivos de baja en las ventas minoristas y una capacidad instalada del 59,4%. En ese cuadro hay pequeñas empresas que logran surfear la crisis. Es el caso de Prima Piel, fundada por la familia Waquim en Córdoba, en 1991 en plena época de apertura de las importaciones. Con una estrategia de modelos de corsetería para mujeres reales orientado hacia la corsetería técnica, dieron pelea a sus competidores globales ganando mercado en el interior del país. Daniel Waquim cuenta que están creciendo pese a la crisis en base a la reducción de márgenes. La novedad es que abren una nueva planta en Córdoba bajo la modalidad de fábrica escuela para desarrollar técnicos textiles.

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