Pagar deudas fiscales con bonos, una propuesta para reactivar la economía

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Guillermo Pérez

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Presidente y socio fundador de Grupo GNP

Sebastián Mancuso

Socio Grupo GNP

La coyuntura económica se encuentra con una economía marcada por una abrupta caída del peso, el derrumbe de los precios de las acciones y de los bonos soberanos argentinos.

Esto repercute negativamente en todos los aspectos de la economía real generando una profundización de la recesión.

Síntomas de eso son el marcado descenso del nivel de actividad, los problemas cada vez más severos en la cadena de pagos y, por ende, también las dificultades por parte de los contribuyentes para cumplir con el cúmulo de obligaciones fiscales al que deben hacer frente.

Frente a este escenario, se impone, como una primera medida de apoyo a la reactivación económica, la necesidad de evaluar que se permita la cancelación de obligaciones tributarias con títulos de la deuda pública —cuestión que hemos planteado apenas producido el derrumbe de los bonos argentinos en nuestro artículo anterior de la semana pasada en este mismo medio.

Esa importante medida que, sin duda, repercutiría favorablemente en los contribuyentes, beneficia también a otros a actores de la vida argentina: favorece a las finanzas públicas por la posibilidad de cobro de obligaciones tributarias de difícil recupero, beneficia a los mercados, al mejorar el valor de losbonos y al Estado argentino por las señales de desendeudamiento y de no default de la deuda pública.

Pero esta iniciativa planteada anteriormente no es suficiente y debería complementarse con una de naturaleza financiera que ayude a reactivar al sector productivo y de servicios de la Argentina.

Nos referimos a la posibilidad de que las empresas e individuos, además de poder cancelar deudas fiscales, puedan utilizar los bonos soberanos para el pago de deudas financieras con entidades bancarias públicas nacionales (también de la Ciudad de Buenos Aires y bancos provinciales, si se pudiera acordar e instrumentar con estas jurisdicciones las medidas pertinentes), considerando el valor técnico de los bonos, o al menos, una proporción determinada del mismo.

Dicho valor técnico sería el valor nominal residual actual del bono considerando los intereses corridos hasta el momento del cómputo como cancelación de la deuda financiera.

La magnitud del descuento sobre la deuda para el sector privado, hoy agobiado por el endeudamiento y las altísimas tasas de interés, sería significativa, por lo cual se crearía un fuerte incentivo para que parte del ahorro privado se canalice voluntariamente a la compra de estos bonos y a la consecuente cancelación de estas obligaciones financieras.

También serviría para incentivar al sector privado a dar como parte de pago de esas obligaciones financieras, bonos del Tesoro que pudieran mantener como tenencia y que no los venden porque eso implicaría realizar perdidas enormes financieras, provocando quebrantos impositivos no ajustables por inflación y que son casi imposibles de compensar con ganancias (solo se compensan con ganancias de la misma fuente y especie).

Además, esta propuesta está en línea con los objetivos que tiene la banca pública respecto a su rol de fomento de la economía real del país (Banco Nación, BICE, etcétera), apoyando así al desarrollo económico de las empresas de nuestro país, protegiendo su capital de trabajo, y mucho más aún, en esta coyuntura económica de altísimas tasas de interés y recesión.

Por esto, también sería importante que las provincias, mediante sus bancos públicos provinciales, pudieran adherir a esta iniciativa.

Para no afectar la caja corriente de las instituciones, este mecanismo debiera implementarse fundamentalmente para los créditos ya vencidos (morosos), por ser deudas de difícil recupero por parte de las entidades dado la coyuntura económica.

Esta iniciativa podría aplicar también a deudas corrientes, pero sería razonable que los bonos se tomen a un porcentaje menor, a definir, que debería ser menor al nominal más intereses corridos.

A efectos de no castigar el balance de las instituciones financieras públicas intervinientes que tomarían los bonos del Tesoro como parte de pago de sus créditos, el Estado debería asegurar, mediante las regulaciones pertinentes —decreto PEN, resoluciones BCRA, etcétera—, que dichos bonos puedan efectivamente valuarse contablemente a valores técnicos dentro de los balances de las entidades en cuestión.

Además, y como señal política importante, tanto de las actuales autoridades como de la futura, cualquiera sea, esta medida significa en los hechos que se respetará el cumplimento de la deuda pública asumida, por lo cual estos bonos no deberían tener problemas de cobrabilidad, a su vencimiento, por las entidades bancarias tenedoras de los bonos soberanos.

La implementación de este mecanismo resultará en un círculo virtuoso para todos los actores involucrados, transformándose en una fuerte herramienta de fomento para reactivar la economía productiva y de servicios.

En síntesis, esta medida de fuerte fomento al sector productivo y de servicios, debería permitir: • Afectar fondos genuinos en pesos o en divisas, a la compra de títulos públicos que serían entregados a la institución financiera a valor nominal o aforados con un porcentaje a definir sobre el valor nominal.

• Evitar realizar la pérdida por tenencia de bonos soberanos hoy en cartera, e imposibles de vender con ese nivel de desagio.

• Cancelar obligaciones financieras hoy con altísimas tasas de interés que profundizan la recesión y la baja de rentabilidad, y así, evitar el peligro de reducción y o cierre de empresas del sector privado, lo que afecta el empleo y a la población en general.

• Reactivar el alicaído mercado de capitales.

• El Estado no pierde “caja” ya que se trata de una compensación de créditos originalmente otorgados por bancos oficiales al sector privado, hoy de difícil recupero, cancelados y renovados por créditos otorgados al Estado, a través de la toma de bonos de Tesoro que, en principio, no serían susceptibles de caer en default.

• Por último, el Estado daría señales inequívocas de compromiso de pago de deuda y reducción de riesgo de default, lo cual contribuiría a la reducción del riesgo país y, en consecuencia, al aumento del precio de los bonos soberanos.

En contrapartida de los beneficios financieros a obtener por esta iniciativa, el sector privado beneficiado debería comprometerse a mantener el nivel de nómina de empleados por un periodo de tiempo a definir, que podría ser por un año o un plazo más largo.

En definitiva, y al igual que en el caso de afectación al pago de tributos, el “efecto riqueza” derivado de este mecanismo se compartirá entre el Estado y los privados y sin pérdida de “caja” para el Estado, contribuyendo de esta manera a la mejora sustancial de la coyuntura económica actual.

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