Pese a reclamos gremiales, el Gobierno limita el ingreso de despedidos en el Estado

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En vísperas del inicio de las negociaciones con el FMI, el Gobierno analiza con suma cautela el pedido de reincorporar a los empleados públicos despedidos en la gestión de Mauricio Macri. En

ese período hubo cerca de 41.000 bajas por despidos, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones, pero la orden ahora es que no haya ingresos masivos.

Los gremios UPCN y ATE fueron recibidos hace dos semanas por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, quien les trasmitió su intención de mantener el diálogo. Y a su turno el titular de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, entregó un listado con 2.019 casos de cesantías registradas en el ámbito nacional.

Entre las situaciones de mayor resonancia, figura la del Senasa (574), Fabricaciones Militares (327), secretaría de Agricultura Familiar (283) y el Hospital Posadas (210) donde hubo cerca de 1.400 despidos. Allí, los gremios de salud pidieron esta semana ser recibidos por el Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González, a cargo del hospital.

La grilla a la que accedió Clarín también incluye el caso de Fábrica Argentina de Aviones (145) y el del INTI (120), un organismo con presupuesto propio que a partir del lunes próximo empezará a incorporar a la mitad de los más de 250 despedidos. En el resto de las dependencias, en cambio, hay más dudas que certezas.

Esa es la impresión que se llevaron los sindicalistas en sus reuniones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Producción, Matías Kulfas; la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el titular del INDEC, Marco Lavagna. Si bien hubo promesas, en la Rosada admiten que "no se puede recuperar lo que se perdió en cuatro años".

En ese período, Cambiemos reconoció 41.000 bajas, de las cuales el 75% fue por la finalización de designaciones transitorias. Aquella modalidad que se extendió en las últimas décadas implica que el contrato se renueva cada seis meses o un año, sin garantía de estabilidad hasta concursar el cargo. La gestión anterior no los renovó en muchos casos.

La prioridad de la nueva administración ahora es regularizar la situación del personal transitorio mediante el llamado a concurso y rever en los próximos seis meses las designaciones recientes en cada una de las jurisdicciones, ministerios y organismos descentralizados. Los puestos bajo la lupa son más de 3.000.

El diagnóstico oficial es que Cambiemos modificó el mapa del empleo público. Así, mientras se eliminaron miles de puestos inferiores con sueldos de entre $ 30.000 y $ 50.000, se multiplicaron los directivos o cargos políticos, con remuneraciones que parten de los $ 130.000. 

Por ello, la primera medida adoptada al respecto fue la suspensión por 180 días del decreto 788 que el 1° de enero le otorgó estabilidad y subió los salarios a las funciones ejecutivas. La preocupación de fondo -dicen en el Gobierno- es cuidar los recursos públicos.

NE