La venta de la marca Zanella llega a la Justicia

Economia
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Después de cerrar sus plantas en Mar del Plata, San Luis y Córdoba y de los despidos en la bonaerense Caseros, la concursada Zanella, una de las líderes en motos y

cuya cabeza visible es el suizo Walter Steiner, comenzó a rematar su propia marca. Pero un juez de San Luis, donde parte de la firma está radicada, habría dado luz verde a vender la marca por un precio, en torno a los US$ 2 millones, llamativamente más bajo que la valuación de mercado. El interesado Motomel, líder en el segmento de motos y rival de Zanella, presentó un escrito al que accedió el Económico, donde señala que se encontró con una curiosa valuación “muy por debajo del valor de mercado”, de una sociedad a la que el juez de San Luis le estaría cediendo esa valiosa marca en detrimento de los trabajadores de Zanella.

Lo dice en estos términos: “Hay un manejo absolutamente discrecional y arbitrario que el señor Juez ha demostrado”. Motomel pide participar en el proceso concursal como “legítimos interesados en adquirir las marcas comerciales de la concursada, ofreciendo mejorar cualquier oferta, al ser participantes principales del mismo mercado de la concursada”. Motomel se dedica a la fabricación de motocicletas de distinta cilindrada y tamaño, repuestos y bicicletas. Posee el 20% del mercado y exportaciones a Bolivia, Chile, Perú, México, Uruguay y EE.UU. Tiene planta en San Nicolás y representa a Suzuki, Benelli, Keedway, Sym, Scott, Teknial, entre otras. La firma apeló la decisión del juez al considerar que el precio es un “valor bajo tasado mañosamente”. Y que está dispuesta a mejorar sustancialmente esa oferta. Lo curioso es que los tasadores declararon que “les ha faltado elementos para justipreciar el valor”. Solicitaron un procedimiento de “compulsa de precios y/o tasación pericial, que determine el valor de los activos (marcas, stock y otros bienes tangibles e intangibles) de los que se pretende desprender la concursada, pero a través de un mecanismo transparente”.

La historia de Celulosa resume en sí misma a la Argentina. La firma nació en 1929 cuando se obtenía papel de los residuos del trigo. De allí que su planta principal se ubique en Capitán Bermúdez en plena pampa húmeda y sobre el Paraná. Sus cambios de dueños simbolizan los ciclones económicos del país. En 2008 llegó a manos del grupo Tapebicuá, que en guaraní significa “camino con pozos” y que está integrado por tres accionistas principales: el emprendedor y economista de la UBA Juan Collado, el empresario José Urtubey y Douglas Albrecht de Farmacity, que la adquirieron a la familia uruguaya Calcagno fondeados por sus propios recursos y el Credit Suisse. Celulosa, que es 50% de este grupo y el resto flota en la Bolsa, es parte del grupo Tapebicuá y posee 11.000 hectáreas de bosques implantados en un país como Argentina en el que los árboles tienen un potencial único para desarrollarse. El grupo también es dueño de una empresa de compensados fenólicos en Virasoro, Corrientes, donde desarrollan prototipos de casas sustentables en madera, que es la última moda en la construcción porque fija carbono, ahorra energía, son más económicas y se arman rápido. En cuanto a Celulosa, la firma lidera en papel con el 36% del mercado, fabrica el tissue a terceros y el 30% de su facturación, de US$270 millones, se origina en exportaciones. Su deuda financiera asciende a US$130 millones sobre ingresos antes de impuestos y amortizaciones que a mayo de este año fue de US$46 millones. Con una fuerte caída del consumo interno, en los últimos 18 meses cancelaron más de US$22 millones por la restricción crediticia. Puestos a reprogramar una ON de US$60 millones, ante la imposibilidad de financiar el capital de trabajo, lograron completar el canje el último viernes.

El empresario chileno Jorge Said, dueño entre otras firmas de Parque Arauco y accionista minoritario de Latam, hizo caso omiso a la grave crisis de su país e ingresó una denuncia ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos solicitando que se investigue el actuar de Latam. Said plantea que debe investigarse a la compañía de su país en el acuerdo con otras firmas para “financiar políticos en Brasil y la serie de supuestos pagos realizados por el grupo aeronáutico a funcionarios de La Cámpora durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner en Argentina”. Asimismo, solicitó que “se suspenda el actual examen y la eventual aprobación por parte de la SEC de la OPA (Oferta Pública de Acciones) anunciada entre Delta Northwest Airlines y Latam Airlines Group”. En el documento ingresado ante la SEC, se denuncia que entre 2006 y 2007 LAN (hoy LATAM) habría autorizado supuestos pagos indebidos por US$1,15 millones a un consultor y funcionario público del gobierno de Argentina. El caso lo investiga también el juez Claudio Bonadio.