Carlos Zannini, el cerebro ultra K que llegaría para desafiar a Alberto Fernández

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Los intentos por mostrar a un Alberto Fernández con el control total de su futuro gobierno venían palideciendo en los últimos días, después de la extensa reunión en el departamento porteño

de Cristina Kirchner en la que evidentemente se repasó el posible staff que asumirá el 10 de diciembre. Pero la noticia de que Carlos Zannini sería el el jefe de todos los abogados del Estado desde la Procuración del Tesoro de la Nación acaba con cualquier esperanza de los más creyentes.

Zannini, ex delegado K en la fórmula presidencial que cayó derrotada ante Mauricio Macri en 2015, volvería a cumplir ahora una función similar: exhibir urbi et orbi que la jefatura política y el poder están en otro lado respecto al cargo al que naturalmente deberían dirigirse todas las miradas. En ese momento, el candidato a presidente era Daniel Scioli; ahora, el candidato designado y luego vencedor es Alberto Fernández. Antes y ahora, la dueña del dedo que diseñó la propuesta política es Cristina Kirchner. Y quiere que se note.

El posible Procurador del Tesoro es, junto a Máximo Kirchner, Oscar Parrilli y algunos tenientes de La Cámpora, la persona de más íntima confianza de la electa vicepresidenta.

Tras su graduación como abogado en su Córdoba natal, unas horas antes del golpe militar de 1976 cayó detenido en Buenos Aires: en sus años estudiantiles, Zannini había militado en el brazo universitario del partido maoísta Vanguardia Comunista. La futura espada K logró sortear esa suerte justamente porque estaba detenido legalmente, y después de cuatro años preso en La Plata partió hacia Santa Cruz.

Allí consiguió trabajo en la fiscalía de Estado provincial, y a través de un amigo común se vinculó a Néstor Kirchner, con quien fundó la agrupación Los muchachos peronistas. El irresistible aroma del poder aún estaba lejos.

Pero el tiempo pasó, y en 1987 con la llegada de Néstor a la municipalidad, Zannini fue designado secretario de Gobierno en Río Gallegos; en 1991 ascendió a ministro de Gobierno provincial con Kirchner gobernador; en 1995 fue legislador, y luego jefe del bloque de diputados provinciales. En un entorno pequeño y sembrado de desconfianza, el Chino ya tenía uno de los dos lugares más privilegiados en el sistema kirchnerista.El otro era para Julio De Vido. 

En 1999, la progresión de ese proyecto político hegemónico llevó a Zannini a un asiento desde el cual ejecutó su misión de domesticar el Poder Judicial, que podía investigar la corrupción en la provincia: Kirchner lo nombró presidente de Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Cuatro años antes, un codazo suyo había descabezado a Eduardo Sosa de la fiscalía ante ese Tribunal: con una ley brotada de su lapicera, la legislatura desdobló ese cargo en dos, y Sosa se quedó en la calle para siempre.

La llegada de su jefe a la Casa Rosada, en 2003, lo depositó finalmente en su despacho contiguo, como secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Allí permaneció hasta el último día de gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, y se ganó un apodo insidioso para cualquiera con formación marxista: Rasputín, el oscuro asesor del zar ruso Nicolás Romanov. Por admiración, envidia o temor, Zannini fue señalado desde las mismas filas K como una suerte de "monje negro" detrás de muchas decisiones de la ex presidenta.

Por eso, su nominación como candidato a vice de Scioli fue un ancla inconfundible ante los intentos de oxigenación que el motonauta intentaba mostrar en la campaña de 2015. Zannini era Cristina. Tras la derrota, el juez Bonadio lo procesó y lo detuvo en 2016, por su supuesto rol en la redacción y la firma del ominoso pacto con Irán que buscaba darle una mano a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Solo por esta síntesis de sus antecedentes, el posible desembarco del ex funcionario como jefe de los abogados del Estado es un bomba en profundidad para Alberto Fernández. Primero, porque acabaría con cualquier ropaje de independencia funcional del presidente electo respecto a su kingmaker. De confirmarse, pulverizaría también la promesa del entonces candidato, ofendido cuando la prensa señalaba que Cristina había decidido todas las listas de legisladores. "El gabinete va a ser mío", advertía Alberto. No sería tan así.

Pero además de los desafíos políticos, una mirada más profunda a la eventual designación de Zannini plantea desafíos funcionales. El procurador del Tesoro es el jefe de los abogados que defienden los intereses del Estado, y que ahora tienen en sus manos uno de los juicios más importantes -y peligrosos- que enfrenta el país: el caso YPF.

Ante la Corte de Nueva York que la jueza Loretta Preska heredó del inolvidable Thomas Griesa, el fondo Burford reclama a la Argentina unos 3.000 millones de dólares por la estatización no indemnizada del 25% de las acciones de la petrolera que pertenecían al grupo argentino Petersen. Esta firma vendió los derechos del reclamo judicial por esa apropiación, que Burford compró y ejecutó en los tribunales.

El caso está cerca de su definición. En su defensa, el Estado presentó entre otros un argumento poderoso: que la venta de acciones al Grupo Petersen habían sido fraudulenta. Pero entonces hay que correr el telón: ese conglomerado empresarial pertenece a la familia Eskenazi, de entrañable vínculo con los Kirchner durante décadas, a tal punto que siempre sobrevolaron sospechas sobre quién sería el verdadero dueño de las acciones. Como ocurrió con los supuestos titulares de otros negocios, la muerte de Néstor agrietó la relación de Cristina con los Eskenazi, y así estamos.

Otro detalle: el ejecutor de la rocambolesca estatización de YPF fue Axel Kicillof, entonces y ahora protegido de Cristina, pero ahora gobernador electo de Buenos Aires. Zannini ya puede ir arremangándose.