25 años del atentado a la AMIA: robos, anomalías y brotes de antisemitismo en medio del horror

Politica
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La causa AMIA sigue sin resolverse después de 25 años de teorías acordes a los vaivenes políticos. Para entender cómo llegamos a este punto, van algunos ejemplos poco conocidos de lo

que fue el comportamiento del Estado argentino durante las primeras horas de la investigación del atentado que costó 85 víctimas. Testigos presenciales que colaboraron en la búsqueda de víctimas relatan que cada vez que se detectaba o encontraba un cuerpo, los bomberos hacían salir del lugar al resto de la gente, sin explicación lógica para tal medida.

Hubo varios casos de robo. Diana Malamud recobró el reloj de su esposo muerto, su anillo de bodas y su billetera, pero ésta sólo contenía seis pesos. "Mi esposo siempre llevaba mucho dinero con él. Alguien se llevó el dinero y dejó sólo sus tarjetas de crédito y papeles personales", contó la mujer. De acuerdo con los sobrevivientes, Andrés Malamud, el marido de Diana -que era el arquitecto a cargo de las obras de reparación del edificio-, llevaba seis mil dólares en el bolsillo de la remera, porque esa mañana había retirado esa suma del banco.

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Los negocios de los alrededores también fueron saqueados. En el negocio de fotografía de Mario Damp, robaron cámaras, rollos y una máquina ampliadora. Su caja fuerte fue forzada y le sustrajeron 3.800 pesos. Una zapatería vecina también fue saqueada la noche del 21 de julio. Ese mismo día el dueño de una juguetería pidió permiso a la Policía para ingresar al perímetro de seguridad y pasó la tarde guardando en unas bolsas para basura la mercadería que no había sido dañada. Al día siguiente volvió a buscarlas, pero encontró que las bolsas ya no estaban.

El dueño de una imprenta tuvo más suerte. Cuando llegó a su negocio lo encontró destrozado por la explosión. Alguien había tomado una llave de su escritorio, había abierto la caja fuerte y se había llevado todos los cheques y el dinero en efectivo. El dueño de la imprenta discutió tan violentamente con la Policía y su caso atrajo tanto la atención, que finalmente un oficial le dijo que sus pertenencias habían sido trasladadas a la comisaría 5ª "por razones de seguridad". Le devolvieron todo.

Los antisemitas no se atrevieron a hablar abiertamente, pero encontraron la forma de hacer sentir su presencia. Las instituciones judías fueron inundadas de amenazas telefónicas anónimas, indicando que se habían colocado más bombas en otros edificios.

Uno de estos llamados se destaca por su crueldad. Como se había encontrado a algunos sobrevivientes vagando por los alrededores en estado de shock, muchas personas solicitaban ayuda por radio y televisión, con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos. Un hombre recibió una llamada por su teléfono celular, diciéndole que su madre estaba en un hospital a treinta minutos de la AMIA. El hombre corrió hacia allí, pero los médicos del hospital le dijeron que no habían recibido a ninguna víctima de la explosión. En ese momento su teléfono celular volvió a sonar: era la misma persona que había llamado antes, esta vez riéndose y preguntando: "¿Qué te pareció la broma, judío asqueroso?".

Los miembros del escuadrón anti-bombas de la Policía Federal sólo revisaron tres edificios buscando escombros de la explosión, los dos contiguos al edificio de la AMIA y el que estaba enfrente del mismo.

Un grupo de periodistas que estaba haciendo una investigación para un libro buscó en más de una docena de edificios en los cuales recolectó escombros procedentes de la explosión, y encontró más restos humanos. Los porteros de los edificios visitados les dijeron que la Policía nunca había aparecido. Los periodistas llevaron toda esta evidencia al juez Galeano, quien quedó desde el comienzo a cargo del caso.

En uno de los pocos edificios donde la Policía recogió evidencia, los técnicos llegaron con escobas y levantaron todo el material en palas usadas y sucias. No se etiquetó el material ni se tomaron fotografías.

Los restos de la explosión fueron llevados y abandonados en un terreno baldío en la Ciudad Universitaria, junto al río. Entre los escombros había cientos de libros de la Biblioteca de la AMIA e IWO, algunos dañados, otros intactos. También había -de acuerdo con los testigos- piezas que provenían del laboratorio policial, como los restos de un volquete estacionado frente a la AMIA.

Abraham Lichtenbaum, bibliotecario de la AMIA, fue al baldío a tratar de rescatar algunos libros, acompañado de varios voluntarios. Fueron arrestados. El bibliotecario llamó a un abogado y solicitó a las autoridades que se le permitiera entrar al terreno y salvar los libros. Aceptada la petición, volvieron al lote, y nuevamente fueron arrestados.

Lichtenbaum apeló al Juez Galeano. Pasaron tres semanas sin obtener la menor respuesta por parte del juzgado. Entonces el bibliotecario recibió una llamada del dueño del restaurante frente al baldío donde estaban los restos, diciendo que diariamente llegaban vagabundos que se llevaban cosas para vender. Lichtenbaum llamó a la Policía y corrió al lugar: allí encontró una docena de personas quejándose a los agentes de Policía y preguntándoles "¿por qué hoy no podemos entrar?".

Un especialista norteamericano, Charles Hunter, que trabajaba para una agencia federal, vio al personal de la Policía y Defensa Civil juntando partes de cadáveres en el sitio de la explosión, y colocándolos en bolsas de basura. Molesto -el procedimiento estándar en cualquier lugar del mundo es guardar cada pieza por separado y etiquetarla adecuadamente-, trató de intervenir, pero le dijeron que no se entrometiera en los asuntos nacionales.

Después de estos ejemplos de lo ocurrido, el resultado no podía ser otro que la impunidad.

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