El kirchnerismo siempre deja huellas

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En junio del 2015 Alejandra Gils Carbó, la entonces procuradora General, puso en funciones a la que sería la última camada de fiscales del tiempo K. En total 11. Previamente habían

sido designados por el Poder Ejecutivo. Es decir, por Cristina Fernández.

De aquellos once fiscales, varios estaban enrolados en Justicia Legítima. Franco Picardi y Paloma Ochoa, por ejemplo, al frente de las Fiscalías 5 y 10 ante los juzgados en lo Criminal y Correccional de la Ciudad. Otros nombramientos pasaron sin tanto bombo. Fue el caso de Ana Miriam Russo, que ejerce en las fiscalías 1 y 3 de los juzgados federales de primera instancia de La Plata. Se trata de la esposa del actual titular de la Suprema Corte de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari. Es el magistrado que con un mensaje, solo en parte rectificado, metió el papel del Poder Judicial en el corazón de la campaña electoral. Ese corazón, por supuesto, late en la misteriosa Buenos Aires.

De Lázzari manifestó, hace más de dos semanas, durante una reunión de jueces en Campana, que a nivel federal hay causas armadas, abusos con los testigos de identidad reservada y extorsión de los arrepentidos. No por casualidad recibió el respaldo de Justicia Legítima. Que copió una serie de Netflix titulada “El mecanismo”, en la que se describen las maniobras de coimas durante los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff. Una adaptación libre a lo que el kirchnerismo entiende como una persecución, sobre todo, contra Cristina Fernández.

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De Lázzari, luego del estallido público de la gobernadora María Eugenia Vidal, reculó algunos pasos. Sostuvo que sus palabras nunca habían tenido como destino Comodoro Py. Nadie supone que haya podido referirse al juez Alejandro Ramos Padilla, al cual conoce muy bien. Es el que lleva en el juzgado de Dolores la causa contra el fiscal Carlos Stornelli. Una pieza clave en el escándalo de los cuadernos de las coimas. También figura el abogado falso y espía de oficio Marcelo D'Alessio. Aunque hizo una alusión vaga a ese episodio. Tal vez, para salir del brete.

El conflicto, a lo mejor, no hubiera adquirido la dimensión que cobró de no haber mediado la intervención de Cristina. Ella, mediante un tuit, resaltó aquellas palabras iniciales de De Lázzari. Como otra prueba de la victimización con que pretende envolver sus 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva. Su tuit fue replicado por Aníbal Fernández. Nada menos. Demostración cabal que aquella exposición del jefe de la Suprema Corte de Buenos Aires resultó funcional, voluntariamente o no, a los planes kirchneristas.

Sobre la premeditación existirían dudas. Parece inexplicable el prolongado lapso que medió entre el mensaje de De Lázzari y la reacción de la ex presidenta. Quien habría sido avispado del hecho fue el candidato, Alberto Fernández. Pero varios días después de sucedido. Quizás el kirchnerismo no requiere de tanta elaboración. Porque antes de dejar el poder, se ocupó de dejar en el Estado y en el Poder Judicial, sobre todo, un entramado que el difícil tiempo económico-social de Mauricio Macri no permitió desarticular bien.

De Lázzari fue funcionario de Eduardo Duhalde. El ex presidente lo catapultó a la Suprema Corte. Allí está desde 1997. Transitó sin dificultades las épocas de Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli. No fue lo mismo para él la llegada de Macri a la Rosada y de Vidal a La Plata.

De Lázzari, en el fondo, pareció convalidar una discusión que se produce ahora mismo en el interior kirchnerista. Incluso en plena campaña. Refiere al papel del Poder Judicial. Unos de los asuntos que acostumbra a poner incómodo al candidato, Alberto. El jefe de la Corte bonaerense se arrimó a los sectores ultra que fogonean un radical cambio de sistema si el binomio de los Fernández triunfa en las elecciones de este año.

Una propuesta fue expuesta por el escritor Mempo Giardinelli. Su declaración tuvo 28 puntos, dos de los cuales sonaron conexos. “Es urgencia republicana inmediata –sostuvo-- que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros”, explicó. Propuso, además, reorganizar la Corte Suprema de la Nación con 9 miembros ungidos por el voto popular.

El documento aconsejó también establecer “con urgencia una nueva política de medios de comunicación que prohíba e impida los monopolios mediante el acotamiento legal de los llamados multimedios”. Claro como el agua. El problema nunca fue la exposición de Giardinelli. Más inquietante resultó la compañía de dirigentes como Solá o Daniel Filmus. Menos extrañó la adhesión de los diputados Marcelo Santillán y Fernanda Vallejos.

Alberto caminaría, en ese sentido, con un pie en cada orilla. En otros campos le sucede lo mismo. Ha repetido que no figura en sus planes ninguna reforma de fondo del Poder Judicial. Pertenece a tal corporación. Aunque se siente siempre impelido a cuestionar a los jueces que sustancian causas de corrupción contra Cristina. En el mismo contexto se inscribió su visita a Lula, en prisión en Curitiba. Uno de sus actos fundacionales de campaña. También los cuestionamientos al juez que intervino en esas investigaciones, Sergio Moro.

El actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro atraviesa una etapa difícil. El medio estadounidense electrónico, The Intercept, denunció que las investigaciones del Lava Jato fueron orientadas adrede en contra de los presidentes de izquierda. Un posible traspié de Moro, en las indagaciones que se llevan adelante en Brasil, sería una excelente noticia para el kirchnerismo. Plataforma propicia para transformarlo en un espejo de nuestro país y fortalecer la estrategia de victimización que practica Cristina.

Las palabras de De Lázzari no estuvieron divorciadas de ese panorama. Quizás la administración de Vidal, sometida a una campaña compleja, por la competitividad de Axel Kicillof y Verónica Magario, se haya enredado demasiado en detalles sin reparar en la verdadera disputa de carácter nacional donde el Poder Judicial representa un eje.

Puede que el titular de la Corte bonaerense haya hecho una picardía al permitir que Guillermo Castello, ex dirigente de Elisa Carrió en Buenos Aires, pueda presentarse como candidato a gobernador de José Luis Espert. Hay que aclararlo: De Lazzari es a la vez presidente de la Junta Electoral. Por lo menos curioso. Aquella habilitación podría interferir el corte de boleta que requiere la gobernadora para, según las encuestas de ahora, conseguir su reelección.

Puede también que su esposa, la fiscal Russo, actúe cuando tiene margen en tándem. El macrismo recuerda, por caso, que fue quien en 2016 hizo lugar a una cautelar para frenar los fuertes aumentos de gas que por entonces dispuso el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. El Gobierno provincial, en cambio, debe guardar silencio sobre otra de las actuaciones de Russo. La de los aportantes truchos de Cambiemos en la campaña bonaerense del 2017.

En el fondo, sin dudas, las palabras de De Lázzari y las intervenciones de Cristina y Aníbal reactualizaron otro debate: qué grado de independencia, o no, pretendería el kirchnerismo del Poder Judicial. Ninguna pavada.

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