Ciccone: Casación decide la semana próxima si confirma la condena a Amado Boudou

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Amado Boudou regresó a prisión cuando el 7 agosto de 2018 se conoció la sentencia en su contra por la compra venta de la ex Calcográfica Ciccone. En el Penal

de Ezeiza espera la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que antes del inicio de la feria judicial de invierno, resolverá si deja firme -o no-, la condena por cohecho activo y negociaciones incompatibles, con una prisión de cinco años y diez meses. El 18 de julio se conocería la resolución y cuando se retome la actividad en los Tribunales de Comodoro Py, se leerá la sentencia en un juicio unificado que enfrenta por la compra de autos de alta gama cuando era ministro de Economía y la transferencia de un vehículo con papeles apócrifos.

En prisión, acusado de corrupción el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, tiene una agenda política intensa. Recibe la visita de concejales que le consultan sobre el momento económico que atraviesa el país, una de las principales críticas que el kirchnerismo formula en plena campaña electoral contra el gobierno de Mauricio Macri. Miguel Fernández Pastor, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) es otro asiduo visitante de Boudou.

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El ex ministro de Economía se encuentra detenido en el programa conocido como IRIC creado para presos en causas por corrupción. La rutina hace meses es la misma: se levanta temprano, cerca de las 7 cuando se abren las celdas. Las tardes transcurren entre partidos de fútbol, estudio, lectura constante de libros de política, economía en español como en inglés. Y después recibe a militantes, amigos y familiares que lo visitan.

Con este telón de fondo, comienza la cuenta regresiva para Boudou. El 18 de julio, último día hábil antes del inicio de la feria judicial, la Cámara de Casación resolverá sobre las condenas del Caso Ciccone, la principal causa por corrupción que afrontó en un juicio oral.

La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos –presidente-, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolverá en los próximos días sobre los recursos interpuestos por las defensas de Boudou, José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Alejandro Paul Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri contra las condenas por los delitos de cohecho activo y pasivo y por negociaciones incompatibles con la función pública, a las penas de 5 años y 10 meses de prisión, 5 años y 6 meses de prisión, 4 años y 6 meses de prisión, 2 años de prisión en suspenso, 3 años de prisión en suspenso y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, respectivamente.

De estas audiencias también participaron las querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), quienes coincidieron en señalar que debían rechazarse todos los pedidos de absolución y ratificar las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en agosto de 2018. Si la Casación accede a este pedido, el fallo queda en condiciones de ser ejecutado. Las defensas podrán llegar con el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia, pero Boudou y los demás detenidos ya no tendrán prisión preventiva sino que comenzarán a cumplir la condena dictada.

En el expediente que instruyó el juez federal Ariel Lijo, se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Se trata de la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia "quedó en manos del entorno del ex vicepresidente". Para Justicia “se dio por corroborada la maniobra” con la que el ex vice quiso quedarse con la fábrica con capacidad para la impresión de papel moneda.

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.