En los juicios por la corrupción K se juegan embargos por US$ 7 mil millones

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En los juicios por corrupción contra más de cien ex funcionarios K y empresarios, entre ellos Cristina Kirchner, no solo se juegan eventuales condenas a prisión -si son encontrados culpables- sino

embargos de, por menos, casi 7 mil millones dólares, según un informe reservado de la Oficina Anticorrupción (OA). El informe solo los juicios donde la OA, que dirige Laura Alonso, es querellante. Si se sumaran los otros, la cifra sería mucho mayor.

En el caso particular de la ex presidenta tiene embargos por 10 mil millones (causa Vialidad), 1.500 millones (cuadernos de las coimas), 170 millones (Hotesur) y 110 millones (inmobiliaria Los Sauces), es decir 11.780 millones de pesos o 256 millones de dólares. Por su parte, el ex ministro de Planificación Julio De Vido afronta embargos por 10 mil millones (Vialidad), 1.200 millones (Cuadernos), 1.000.000 (Odebrecht, gasoductos) y 49 millones (Skanska), es decir unos 11.250 millones de pesos o 246 millones de dólares aunque si se suman otras causas la cifra será mayor.

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La plata que está en juego es una de las razones que explica las presiones K sobre la Justicia, visibilizadas esta semana por las declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández quien dijo que, si gana, "pedirá explicaciones" a los jueces que investigan a la ex presidenta.

En el caso del juicio oral por la causa Vialidad, el gobierno presentó -además de la querella penal- una demanda civil por 22.500 millones de pesos contra los imputados, que la Corte deberá decidir si se tramitan en forma junta o separada. Es decir, que si la ex presidenta eventualmente llegar a ser condenada, además de penas de prisión tendrá que devolver parte de esa suma al Estado.

Si a los juicios por corrupción se suman las causas por lavado por delitos comunes, la cifra asciende a 11 mil millones de dólares, es decir la quinta parte del préstamo del FMI.

El informe de la OA, al que accedió Clarín, señala que los embargos dispuestos en 2016 por jueces de instrucción en la causa Vialidad y en el supuesto enriquecimiento ilícito de José López ascienden a un total de 75.280 millones de pesos. En las causas de la ruta del dinero K y del supuesto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, las medidas cautelares firmadas en 2018 llegan a 212.255 millones de pesos. El expediente por la fuga y repatriación de 60 millones de dólares de Lázaro Báez es el que tiene la cifra más grande porque la ley de lavado aplica embargos de 2 a 10 veces del dinero blanqueado.

La parte del informe referida al año pasado sobre los embargos en las causas Hotesur, cuadernos de las coimas, Río Turbio y Odebrecht (solo en sus capítulos Gasoductos y Aysa) llega a 57.363 millones de pesos.

El total de las sumas de los embargos de esos tres años asciende a aproximadamente 314.899 millones de pesos, equivalentes a casi 7 mil millones de dólares. Es decir, casi una décima parte del préstamo del FMI.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene otro informe que señala que los bienes "cautelados por la Justicia" en relación a delitos por lavado de dinero ascienden a 500.000 millones de pesos (cerca de 11.000 millones de dólares). La cifra es mayor que la de la OA porque incluye causas por delitos comunes, como el narcotráfico. "En causas judiciales donde la UIF actúa como querellante existen hasta el momento $ 500.000 millones cautelados por la Justicia en espera del decomiso por parte de las autoridades", precisó el titular de la UIF, Mariano Federici.

Los informes de la OA y la UIF no incluyen los embargos que la AFIP consiguió en juicios por evasión de impuestos. Por ejemplo, 17 mil millones de pesos a Cristóbal López y otra cifra igual a su socio Fabián De Sousa. Es en la causa Oil por retener ilegalmente el impuesto a los combustibles por 8 mil millones de pesos que, sumados los intereses u otras deudas, llegan a un reclamo de casi 20 mil millones. Además, la AFIP promovió una demanda civil de 22 mil millones de pesos contra López. El juez Julián Ercolini hizo una valuación parcial de los bienes de López que arrojó un valor de $ 3 mil millones. Es decir que de ser condenado, el “zar del juego” podría perder toda su fortuna. Estas cifras explican la supuesta frase que, según el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, De Sousa les dijo a los presos en Ezeiza: “pagué 7 millones de dólares” para los abogados de todos.

Hasta ahora, los jueces han embargado, por ejemplo, la mayoría de los bienes que estaban a nombre de Lázaro Báez, como su flota de autos negro, sus aviones e inmuebles, pero la posibilidad de que sean confiscados, es decir que pasen al Estado, depende de que se dicten condenas firmes lo que podría tardar dos o tres años más, si la justicia federal mantiene el actual ritmo de investigación. De lo contrario, las causas caerán y los embargos preventivos irán cayendo. Hasta ahora, el decreto de extensión de dominio, que promulgó el presidente Mauricio Macri en enero en ante la negativa de sectores del peronismo de sancionar una ley, aún no se puso en práctica en ningún caso porque no se terminó de implementar la fiscalía específica. Así que las posibilidades de que el Estado recupere algo de la robado deben esperar que haya condenas.

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