El fiscal de Mar del Plata apeló hoy a Casación la competencia del juzgado de Dolores en la causa D'Alessio

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El fiscal federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani apeló hoy a la Cámara Nacional de Casación Penal la competencia del juez federal de Dolores Juanjo Ramos Padilla en la

causa D'Alessio dictada “provisoriamente” por el tribunal de apelaciones de esa ciudad balnearia.

En una resolución de 15 páginas, Pettigiani sostuvo que la causa por extorsión y espionaje ilegal tiene que pasar a la justicia de la capital federal por los principios de juez natural de la causa, las garantías constitucionales de los detenidos en Dolores y el principio de economía procesal.

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Así Pettigiani apeló la decisión de la Cámara Federal marplatense del 13 de mayo que confirmó “provisoriamente” la competencia de Ramos Padilla, luego del reclamo del fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, de que la causa pase a la justicia porteña. Ahora la sala de Casación -el máximo tribunal penal del país- integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci deberá decidir si acepta el pedido.

Pettigiani señaló la “contradicción” de la Cámara Federal de Mar del Plata cuando sostiene que “no se encuentra demostrado por el momento el lugar donde se habrían configurado las conductas de la asociación ilícita bajo el supuesto del estado embrionario de la investigación”. Pero al rechazar las excarcelaciones de los detenidos “se rechazan mediante el análisis de un objeto procesal procesal definido y sobre el cual se considera los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación”, agregó. “Simplificando, la resolución de la cámara afirmaría que no se puede determinar, por el momento, por qué delito se sostiene la detención preventiva de las personas imputadas en la causa”.

Paralelamente, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la declaración de rebeldía dictada por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, en la causa. Sin embargo, el tribunal revocó una resolución de Ramos Padilla y le dio acceso en forma inmediata a la defensa de Stornelli al expediente que se tramita en Dolores.

Para Pettigiani, aquella decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata -integrada por los jueces Eduardo Jiménez, Alejandro Tazza y Bernardo Bibel- sobre la competencia de Dolores “incurre en la inobservancia de las formas que el Código Procesal Penal sanciona con pena de nulidad”.

“Del estudio de las actuaciones no quedan dudas para este ministerio público fiscal que el juzgado federal de Dolores resulta incompetente por cuestiones de territorio para continuar interviniendo”, agregó el fiscal de cámara. La primera regla para determinar un juez natural es el principio geográfico y los “diferentes actos procesales se habían cometido en la capital federal”, añadió.

Recordó que la extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio al “productor agropecuario” Pedro Etchebest comenzó en la capital federal y el principio del pago del dinero reclamado también se hizo en esa jurisdicción, más allá de la reunión de D'Alessio con el fiscal Carlos Stornelli en Pinamar. Destacó que “lo típicamente relevante del hecho ocurrió en la capital: la maniobra se refería a la causa de los cuadernos de las coimas, los actos preparatorios de la extorsión tuvieron lugar allí y los intercambios telefónicos, también. Además, que los otros imputados como Degastaldi y Bogoliuk no realizaron acto alguno en jurisdicción de Dolores”.

Además, los otros hechos que se investigan, como las supuestas coacciones al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat o al abogado José Manuel Ubeira, entre otros, tuvieron lugar en la capital y demuestran “la incompetencia” del juez de Dolores.

Por otra parte, señaló Pettigiani los testigos, los abogados, los imputados y las pruebas residen o fueron producidas en la capital. “Entonces, no es la justicia de Dolores la que se encuentre en mejores condiciones de para llevar adelante una investigación respetuosa del principio de economía procesal, como del derecho de defensa en juicio”.

En conclusión, el fiscal reclama a Casación que revoque la decisión “con la consecuente remisión a la justicia federal de la capital federal, pues de mantenerse no se cumpliría con el principio de inmediación toda vez que el juzgado federal de Dolores se encuentra a 200 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos y se vería seriamente afectada la administración de justicia, el principio constitucional del juez natural y las garantías constitucionales de las personas privadas de su libertad”.