La vuelta de Quintana, los sindicalistas de Lavagna y la carrera de Pichetto

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Contra la marea, el Gobierno piensa en un día después (de ganar)

Quienes husmeaban el miércoles de los anuncios por las estancias de Olivos no sólo oyeron el eco de los

dichos bilardianos de Miguel Bein sobre los años "patriotas" (pares) y los años "populistas" (los impares, de elecciones), que registró también Macri en su cuaderno. Entendieron, por ejemplo, la razón de otro visitante que ya no es casual, Mario Quintana, que estaba encerrado junto a Carolina Stanley y unos asesores, discutiendo una agenda a contramano de la coyuntura. El asesor informal, que antes fue uno de los ojos del Presidente, cumple ahora la función de catalejo, y hace músculo como hombre fuerte en el área chica. Trabaja junto al ministro para los pobres, en una agenda social para un segundo mandato de Macri. Este grupo confía en una reelección y que el nuevo tiempo, si llega, exigirá métodos distintos para los objetivos de siempre.

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Quintana fue, como vicejefe de Gabinete, el inspirador de realizaciones revolucionarias, que se concretaron con una elasticidad negociadora que el Gobierno no aplicó a todas las cuestiones. Con experiencia en la agenda social de las Iglesia, por su formación con los curas villeros en su juventud, logró acercarse a las organizaciones sociales. Por ellos el Gobierno hizo aprobar la ley de economía popular de 2016, el censo de villas y la ley de expropiación de tierras en 4.500 barrios populares, para entregárselas a sus ocupantes. Nadie hizo algo así en el país del populismo gourmet.

No está mal que el Gobierno avance en esta agenda, más allá del resultado electoral, porque en diciembre vence la emergencia social, la única ley que se prorrogó en 2016. Con eso cae el programa trianual, que prevé $ 30.000 millones para un salario social que recibe casi un millón de pobres. Ni el Gobierno ni la oposición quieren un final abrupto de ese programa; más bien van a intentar meterlo en el debate electoral. El grupo de Stanley/Quintana, para la plataforma 2019/2023, intenta imaginar soluciones novedosas para la contención de entre tres y cinco millones de excluidos.

Guerra de góndolas, transversal y generacional

Para que ese pergeño camine será saludable que Quintana recobre la relación con Juan Grabois, gerente de la economía popular según directivas del Papa Francisco. El hilo que los unió coincide en que pobres y excluidos no son un defecto del sistema, sino que forman parte de él, y que la economía de mercado tiene buscar herramientas "out of the box" para superarlo. La relación que existió hasta 2017 logró esos proyectos mediante la política, pero la política también la arruinó. Es parte del juego, como se vio el lunes en la reunión de Grabois con Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO, y Juan Manuel López, jefe de la bancada de Elisa Carrió –un seleccionado del ala generacional y joven del Congreso, que siempre elogia Emilio Monzó– sobre el proyecto de ley de góndolas.

"La vamos a sacar, pese a que al Gobierno no le gusta porque intercepta los acuerdos de precios", dice Massot. Grabois, en la misma línea, agrega que tienen que dar un ejemplo de la capacidad de negociar sobre una base común. "Hay que meterle para adelante, porque en el Gobierno hay gente que no quiere acordar nada con nosotros, y entre los nuestros también hay un ala dura que dice que no tenemos que acercarnos a ustedes, porque les vamos a ganar las elecciones y no hay nada que hablar".

La ley de góndolas la van a negociar estos sectores dialoguistas, a espaldas del Gobierno, que mira este emprendimiento como un escollo en las conversaciones que tiene con las supermercadistas. El objeto de la iniciativa es terminar con el producto "venta de la góndola", que distorsiona la visibilidad de los productos de menor precio. Los empresarios dicen que si les sacan ese producto del mercado –cobrarles la góndola a las marcas prime– tienen que compensarlos de alguna manera por esa pérdida. Esto complica la negociación de una paz en la suba de los precios, que hace el Gobierno dentro del paquete de emergencia.

El grupo delegó en López y en el legislador lilista Hernán Reyes una negociación con el Gobierno, que cree que los supermercados no cartelizan y compiten entre sí. Por eso confía más en las normas de competencia que firmó Macri. El enganche es de nuevo Mario Quintana, que escuchó los argumentos. A las organizaciones sociales les reclaman, además, alguna formalidad en la provisión de los productos de la economía familiar y popular, que esperan que ocupe el 30% de las góndolas. Para que eso camine tienen que asegurar que pueden surtir ese porcentaje con alguna seguridad en el tiempo, para no quebrar la relojería del nuevo sistema. Si lo dejan en paz, Quintana estará este lunes y martes con Carrió en Santa Fe y Córdoba, antes de la rentrée de ella en el Congreso. Ocurrirá el miércoles en la sesión, para aprobar la rebaja de impuestos a la industria del software, y una ley que pidió María Eugenia para que algunos delitos de narcomenudeo vuelvan a ser federales. Deroga una medida que promovió Felipe Solá en 2006, que la gobernadora entiende que fracasó.

Sindicalistas intercambian documentos con Lavagna

También se timbean los peronistas sobre el futuro. Uno de los grupos más compactos del sindicalismo es el que se nuclea en la CATHEDA (Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines), una mesa premium, porque está ligada al negocio de los hidrocarburos y es socia de los emprendimientos más prósperos, como los de Vaca Muerta. Comparte el entusiasmo del sector, pero también la preocupación del Gobierno, porque el público interpela al sistema por los aumentos de tarifas que castigan el bolsillo, y alimentan las críticas de los sindicalistas por la malaria. Un círculo complicado, que los obliga a cambiarse de sombrero ante sus interlocutores. Para el proyecto político del peronismo es importante lo que haga este grupo.

Uno de sus integrantes, el senador neuquino Guillermo Pereyra, es quien propuso el fenecido artículo 5 del proyecto de ley de financiamiento de campañas, que aprobó el Senado el martes. Era el que hubiera permitido que los gremios aportasen a las campañas. El proyecto se aprobó, pero sin ese artículo, que hicieron caer Cambiemos y el cristinismo, restándole los votos necesarios para que se aprobase cuando se trató la norma en particular. Pereyra, que se recupera de una operación, no estuvo ese día en el Senado, porque a la misma hora la mesa de CATHEDA recibía a Roberto Lavagna, y consideró que eso era más importante. El proto candidato del peronismo alternativo estuvo allí en un encuentro fraguado por Miguel Pichetto, a quien escuchan más los energéticos. Lavagna les expuso su programa de un proyecto multipartidario y de consenso, pero sin disputas internas que los dividan, es decir, sin PASO.

Los muchachos –Antonio Cassia, Oscar Mangone, Guillermo Moser (Luz y Fuerza), José Escoda (Estaciones de Servicio), entre otros–, lo escucharon y le dieron la misma carpetita que le han dado a los demás candidatos. Contiene, entre otras cosas, el proyecto que le llevaron a Pichetto para que el Congreso apruebe una declaración de los proyectos de energía no convencional, como política de Estado. Este punto es importante, le explicaron a Lavagna lo que creen es un modelo para una reforma laboral: los sindicatos ceden privilegios a cambio de más inversión y creación de empleos. Es lo que firmaron con el Gobierno. El ex ministro les dejó el documento de propuestas, que hace circular para que todos los sectores aporten algo. Una especie de wiki-plataforma hecha a varias manos. Los sindicalistas seguirán la ronda de café con otros postulantes. Este lunes tienen previsto recibirlos en una reunión a los Sergios, Massa y Uñac. Siempre bajo el formato de Pichetto producciones.

La carga ligera de los radicales energéticos

No hay diagnóstico que no ponga al negocio de la energía en el centro de los problemas, y de las soluciones. Por eso quedó incluido en el libreto del encuentro de la cúpula del Gobierno con los mandatarios radicales. Hasta ahora es un almuerzo previsto para el miércoles, con Macri en Olivos. Le acercarán, con estridencia, el apoyo al plan de emergencia que ellos mismos inspiraron. Fue a través de la mesa que coordina Jesús Rodríguez, y que integran economistas del partido, más el ministro mendocino de Gobierno, Lisandro Nieri, estrella emergente en estas lides. El enganche de ese grupo es Ernesto Sanz, que amortigua con estos intermediarios, toda una historia de diferencias, entre otras con Marcos Peña, que se lleva mejor con Jesús que con él mismo.

Cornejo, presidente de la UCR, le llevará esta semana a Macri la inquietud de los expertos en energía del partido, por el resultado de la asamblea de la empresa estatal Transener, transportadora de electricidad de alta tensión que está prevista para esta semana. La compañía fue el motivo del primer choque entre la UCR y Juan José Aranguren, hace ya dos años. El ex ministro de Energía tramitó un proyecto, hoy congelado, de vender las acciones del Estado en esa firma. Los radicales quieren que les confirmen que eso no va a ocurrir, después de que asuma esta semana el nuevo directorio de Transener. El Gobierno pondrá como titular de esa empresa a la presidente de la ex Enarsa, la actuaria Claudia Mundo, haciendo pesar en el directorio, las acciones que tiene el Estado en la compañía, por dos vías: la controlante Citelec y las acciones que tiene el ANSeS.

Las pruebas del desamor: no los llaman ni para festejar

La idea de vender las acciones en 2017 surgió de una iniciativa del actual secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cuando integraba el grupo de “ojos del Presidente” como vicejefe de Gabinete. Se trataba de aprovechar el buen precio que tenían entonces, y por ideología, ya que cree que el Estado no debe tener acciones en una empresa que pueden manejar los privados. Los radicales rechazaron esa venta de acciones, con el argumento de que, si las acciones valían, lo mejor era quedárselas, y que venderlas era entregarle un negocio monopólico a un privado. Pasados dos años, Lopetegui y los radicales coinciden en la idea de no venderlas, porque el precio de las acciones ha caído, como las de todas las empresas argentinas. ¿Por qué el reclamo de esta semana? Porque los radicales, que tienen expertos en energía –el principal gurú es Jorge Lapeña, presidente del Instituto Mosconi–, piden participar de la política del sector, y no que les levantan el teléfono en un tema como éste, en el cual coinciden circunstancialmente.

Para ellos el emblema de que el Gobierno los ignora es que no participaron, ni dándoles información, de la licitación de la exploración de petróleo y gas del plan Costa Afuera, que lo ven como revolucionario, porque implica que la Argentina vuelve a explorar off shore después de décadas. Lapeña lo considera la continuación del Plan Houston, que lanzó Raúl Alfonsín en 1985, un programa de avanzada para aquel momento. La licitación se abrió este mes y se presentaron 13 empresas que ofertaron USD 995 millones por 18 áreas, para la exploración de 3 cuencas de la plataforma marítima continental argentina. Y no los llaman ni para festejar. Consideran que es un emblema del desamor macrista, por los radicales que integran el Gobierno.

Pichetto, el diván del Congreso que dice lo que nadie se anima

Pichetto no estuvo en la cita en la sede del sindicato SUPEH, de “Coco” Cassia, en la calle Rivadavia, porque debió atender la sesión para que saliese el proyecto de financiamiento. Le costó, porque en el momento de la votación los senadores del bloque de Cristina de Kirchner se levantaron con ella y dejaron la sesión. Las leyes electorales requieren una mayoría especial, y el bloque de Pichetto, algunos provinciales y Cambiemos lograron los 43 votos que tuvo la iniciativa en general. Cuando se votó en particular, el número no alcanzó para que se aprobase el artículo 5° de los aportes de los sindicatos a las campañas. Pichetto advirtió que podía caerse la ley, y adelantó que su bloque iba a apoyar ese rechazo para salvar la sanción en general. Como suele ocurrir en esta legislatura, la conciliación de intereses entre Cambiemos y el peronismo federal funciona siempre que se discuta reparto de dinero, como ocurrió con el presupuesto y otras leyes.

Pichetto es, para algunos, un caso de diván por su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes de la política. Pero él es el diván del Senado, por la capacidad de decir cosas que nadie dice, usando la autoridad de quien está amortizado en política. Se animó a hablar de la causa de los cuadernos, que enchastra a funcionarios del gobierno del cual fue parte, y a empresarios. La ley de financiamiento, dijo, "tiene que permitir claridad en las rendiciones y tiene que evitar precisamente inconvenientes a los empresarios que aporten. Si no, terminan todos en la causa 'cuadernos', en donde ahí también se refleja lo que son el financiamiento o el aporte ilegales, con imposibilidad de ser blanqueados. Y hay procesos judiciales de empresarios o de funcionarios, que están siendo investigados precisamente por esos aportes".

También reconoció como el sistema siempre beneficia a los oficialismos cuando van a elecciones. Lo sabe, porque su partido gobernó 12 años, hasta 2015. "Los oficialismos tienen una ventaja comparativa. Ser oficialista en el sistema electoral argentino es una ventaja impresionante: se arranca, en una carrera de 100 metros, 30 metros adelante del otro corredor. ¿Por qué? Porque el que gobierna tiene al Estado; tiene los recursos; tiene el esquema de asistencia; hace política siempre con las obras; se mueve al compás del proceso del gobierno. Por eso en los últimos tiempos, en general siempre ganan los oficialismos. Es muy difícil derrotar al oficialismo en una elección de los estados provinciales. Y por qué no decirlo, también a nivel del Estado nacional es complejo. En elecciones de medio tiempo es muy complicado".