Jaime: una lluvia de condenas y procesos, que podrían merecer 12 años de cárcel

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Ricardo Jaime, uno de los hombres -y mujeres- acusados de "robar para la corona" durante los sucesivos gobiernos kirchneristas y expuestos de manera cruda y hasta confesa en la llamada "causa

de los cuadernos" que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, lleva dos años y medio tras las rejas y por las cuatro condenas que ya pesan sobre sus hombros el paso en prisión debe ser de ocho años.

Sin embargo, al aceptar ahora la ilicitud de su exponencial enriquecimiento patrimonial, se le sumará una quinta condena que precisará de una reevaluación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6) para establecer una nueva "pena única", como dicen los jueces, que obviamente será mayor y que podría acrecentarse en virtud de los procesos que aún tiene en marcha en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py 2002.

Fuentes judiciales estimaron que la fiscal Gabriela Baigún pedirá para él, al proponer el "juicio abreviado" al TOCF6 por cuatro de los cinco casos que debía enfrentar ahora, una pena que rondará los cuatro años de cárcel. Los jueces Fernando Canero, José Martínez Sobrino Julio Panelo serán quienes determinarán, en caso de homologar el acuerdo, la nueva pena única, que bien podría ser, sumada matemáticamente, a doce años totales o menos.

La cuenta arranca desde que Jaime fue detenido al presentarse ante la Policía en Córdoba en abril de 2016, cuando se enteró que el porteño juez federal Julián Ercolini había ordenado su detención en virtud de los múltiples procesos que tenía abiertos al convocarlo a prestar declaración indagatoria en la causa de los llamados "trenes chatarra", la única que quedó afuera del acuerdo firmado con la fiscal Baigún en el "megajuicio" que debía afrontar ahora y que, si se aprueba lo acordado, será la que se debatirá en juicio oral y público en los próximos meses.

El TOCF6 aún no fijó nueva fecha de audiencia ante el estado de salud de uno de los empresarios acusados por los "trenes chatarra", Ignacio Soba Rojo, operado recientemente por una fractura de cadera. Cuando comience, con o sin Soba Rojo en el banquillo de los acusados o vía teleconferencia o en un juicio aparte para cuando le dé su salud, Jaime compartirá la sala de audiencias en el lado de los acusados con quien era su superior jerárquico en la administración pública nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner y la primera parte de su sucesora esposa, el también detenido ex ministro de Planificación Julio de Vido.

Jaime, el ingeniero agrimensor que al final de la dictadura bajó de su Córdoba natal camino a la Tierra del Fuego y terminó radicándose en la escala previa santacruceña, donde conoció a Kirchner, ya está condenado a siete años de prisión por la "tragedia de Once". La Cámara Federal de Casación Penal le elevó a ese monto la pena recientemente -originalmente era de seis años de cárcel- al considerar que el accidente del 22 de febrero de 2012 y en el que murieron 52 personas no fue únicamente por la pericia o impericia del motorman Marcos Córdoba sino que obedeció a la falta de mantenimiento de los trenes y de control desde el Estado, en el que había sido nada más ni nada menos que secretario de Transporte.

El ex funcionario kirchnerista, eyectado del poder en 2009 no por sus incipientes problemas judiciales sino por la derrota electoral del kirchnerismo en su Córdoba natal, ya había recibido su primera condena por un intento de destrucción de pruebas durante un allanamiento. Y luego lo volvieron a encontrar culpable dos veces por el delito de dádivas, esto es por haber recibido favores económicos de parte de empresarios del transporte a los que debía controlar como funcionario público.

Pero también afronta otros procesos penales, como la famosa obra jamás realizada del "tren bala" que uniría Buenos Aires con Córdoba, en el que recientemente fue confirmada su presunta responsabilidad penal en la comisión de delitos por parte de la Cámara Federal en una causa instruida por el juez Luis Rodríguez y nuevamente por el presunto cobro de coimas.

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