Estados Unidos destaca los esfuerzos de Argentina en la lucha contra el terrorismo

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En un informe difundido este miércoles en Washington, Estados Unidos señaló que la Argentina consolidó sus planes para redefinir su estrategia contra el terrorismo, con foco en el norte y

la Triple Frontera, y destacó el proyecto de reforma del código penal, que incluye más penas para terroristas y quienes financian los atentados.

En el capítulo argentino del reporte anual sobre la lucha contra el terrorismo global, el Departamento de Estado afirmó que, durante 2017, la cooperación entre Washington y Buenos aires en temas de cumplimiento de leyes y cooperación sobre seguridad continuó “en forma robusta”. Y que la Argentina había “consolidado sus planes para definir la estrategia contraterrorista con foco en la frontera note y la noreste, que incluye la Triple Frontera, donde operan supuestas redes de financiamiento terrorista”, según señaló el informe.

Señalaron además que, si bien no hubo ningún atentado terrorista en la Argentina durante 2017, cinco argentinos se contaban entre las víctimas fatales del atentado del 31 de octubre en Nueva York, perpetrado por un atacante solitario. Se refería a los ex compañeros de secundario de Rosario que paseaban por Manhattan en bicicleta y fueron embestidos por un inmigrante de origen uzbeko que se subió con su camioneta a la bicisenda con intención de matar a la mayor cantidad de personas posible.

El reporte resalta también que el Director Ejecutivo de Contraterrorismo de las Naciones Unidas visitó la Argentina el año pasado pare evaluar los esfuerzos de los parlamentarios de nuestro país para combatir el terrorismo.

En ese sentido, Estados Unidos señala que el Gobierno había propuesto cambios al actual código penal para reformar el marco legal del contraterrorismo y que incluye una “nueva aproximación” para combatir el financiamiento y la modernización de las capacidades en inteligencia y seguridad. Sin mencionarlo específicamente, se refería al proyecto de reforma que el juez de la Cámara de Casación y director del equipo de reforma Mariano Borinsky presentó semanas atrás ante diversos funcionarios de Washington.

El juez le había dicho a Clarín que hubo gran entusiasmo en el Departamento de Estado por el nuevo código, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para delitos de terrorismo y de financiamiento, y que EE.UU. se había interesado en que “el que pone la bomba tenga la misma pena que aquél que da un cheque para financiarla”.

En el caso del atentado contra la AMIA, el reporte destaca el procesamiento con pedido de prisión preventiva por traición y encubrimiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios dictado en diciembre.

También resalta los esfuerzos de múltiples agencias de seguridad que tienen “capacidades sustanciales” para responder a las actividades terroristas y señala como ejemplo la Task Force en Salta y otra de reciente creación en la Triple Frontera. Valora, además, el despliegue de tecnología, personal y equipamiento en los puntos de ingreso “de riesgo” como Posadas, Aguas Blancas y La Quiaca.

Sobre la lucha contra el financiamiento al terrorismo, el reporte destaca que “reformas recientes han dado mayor poder a la UIF” para liderar los temas de inteligencia sobre este delito. También señala el restablecimiento de la Unidad de Transparencia de Comercio, que fortalece la capacidad de Argentina de identificar e impedir el circuito de lavado de dinero, contrabando y otros delitos trasnacionales ligados al financiamiento del terrorismo.