En su escrito para "la ruta del dinero K", Cristina Kirchner negó cuentas en el exterior, chicaneó a Macri y se comparó con Lula Da Silva

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Una vez más, por octava ocasión, Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia Federal en una indagatoria. En esta ocasión fue ante el juez Sebastián Casanello en la Ruta del Dinero

K. Presentó un escrito donde habló de una causa titulada por "los medios hegemónicos" como "la ruta del dinero K", volvió a remarcar que es víctima de una "larga persecución" política y se comparó con Lula Da Silva. Además, negó tener cuentas bancarias con Lázaro Báez y las operaciones vinculadas a Austral Construcciones. Como en otras oportunidades, no faltaron menciones a Mauricio Macri, su primo Ángelo Calcaterra.

Con su sexto procesamiento dictado por la Justicia y un nuevo pedido de prisión preventiva, la ex Presidenta regresó a los Tribunales de Comodoro Py. En esta oportunidad, para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en la causa conocida como "la ruta del dinero K". Es el expediente en el que Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares y por el que lleva detenido más de dos años y medio.

La defensa de la senadora se manifestó a través de un escrito que ella misma difundió desde sus redes sociales apenas ingresó al juzgado ubicado en el cuarto piso del edificio de Retiro. Con críticas a la Justicia y buscando desligarse de su socio comercial, la ex Presidenta no respondió preguntas y sólo entregó firmado su descargo por escrito.

"Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita", expresó Cristina al defenderse de su imputación en esta causa por lavado de activos.

La citación de la ex mandataria responde a una orden de la Sala II de la Cámara Federal porteña, cuyos jueces consideraron que no podía quedar exenta de dicha investigación en la que se determinó que el delito precedente es la defraudación al Estado a través de la cual se direccionó la obra pública vial a favor de Báez. Por tal motivo, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens establecieron que esta vinculación ameritaba su citación, ya que una porción de esos fondos que el gobierno de Cristina Kirchner dirigió al Grupo Austral se volcaron a las operaciones de blanqueo.

"El juez que me cita reconoció, en cuatro oportunidades, que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo. Pero tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF que, por decisión de Mauricio Macri, está a cargo de Mariano Federici, ex asesor del FMI. O sea: es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua", expresó Cristina.

La Senadora de Unidad Ciudadana se refirió en su descargo a ser víctima de una "larga persecución" política "a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de Casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso".

Entonces, apuntó contra los magistrados que ordenaron su indagatoria, a quienes calificó carentes "del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un “proceso ofensivo” y consideró que todo lejos de la búsqueda de "manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso".

La Cámara Federal determinó la indagatoria de la ex Presidenta tras una queja de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opuso al rechazo planteado en cuatro ocasiones por el juez Casanello, quien consideró que aún no había pruebas suficientes para implicar a Cristina Kirchner.

Al respecto, en el escrito la ex Presidenta indicó que "el Poder Ejecutivo de la Nación -a cargo de Mauricio Macri-, por medio de los dos órganos constituidos en parte querellante (la UIF y la OA, esta última a cargo de la no abogada Laura Alonso), intentó forzar tal decisión". Así, Cristina Kirchner volvió a responsabilizar al Gobierno por su situación judicial: "En cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario".

En este expediente se investiga una estructura donde se canalizaron fondos de origen ilícito suministrados por Lázaro Báez -según la Justicia-, a través de un proceso de expatriación y repatriación parcial de una suma cercana a sesenta millones de dólares junto a la adquisición de bienes y servicios. El empresario K pasó de contar con un patrimonio de 66 millones de pesos a 3.000 millones en pocos años.

El juez Casanello determinó que “desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero con Lázaro Antonio Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez”.

"Los no jueces" contra su patrimonio

En respuesta a la principal acusación, Cristina Kirchner negó tener "cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona" y añadió que todos los activos familiares "están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

Para reforzar esta idea, indicó que su familia manejó de "manera transparente" la administración del "patrimonio", lo que permitió a los “no jueces que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliares que no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios". La ex Presidenta tiene embargos por más de 14.000 millones de pesos dispuestos en seis expedientes judiciales.

Contó que le embargaron la jubilación, le bloquearon las tarjetas de crédito y le impidieron "siquiera tener una tarjeta de débito", y dijo que todo es "con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado".

"Sigan vigilando"

Continuando que sus planteos, indicó "podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno".

Las firmas "offshore de la familia Macri"

Así respondió a la acusación de Casanello en la causa contra Lázaro Báez, que a través de la firma SGI Argentina S.A habría ocultado dinero que luego, con la intervención de otros actores, era remitido al extranjero.

"La familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta", respondió en el escrito.

Se refirió entonces, a las investigaciones que a nivel internacional en las que "apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno".

Y aclaró: "jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un “aportante financiero arrepentido” al Frente para la Victoria".

En un juego de palabras dijo: "Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de “La ruta del dinero K” debió ser denominada “La ruta del dinero M”.

Comparación con Lula

Respecto a la persecución política, Cristina dijo: "Lamentablemente, el fenómeno que vivimos tiene un carácter regional en Latinoamérica", entonces se refirió a "la situación que se da en Brasil con relación al proceso judicial seguido en contra de Lula Da Silva, constituyen una descripción, cambiando los nombres propios, casi perfecta de lo que viene ocurriendo en la Argentina".

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