Ruta del dinero K: La justicia pide cruces de llamados entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner

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Antes de la feria judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó una medida de prueba que puede complicar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa denominada como la Ruta del

dinero k.

Mandó a hacer un entrecruzamiento de las llamadas entre la ex presidenta, el empresario detenido Lázaro Báez y los teléfonos celulares y de línea de los secretarios privados y estrechos colaboradores de ambos.

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La información fue anticipada por el equipo de investigación de La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul.

Casanello lo hizo, según el mismo magistrado señaló en el escrito, con el objeto de “demostrar el vínculo que existía entre los imputados que se encuentran con procesamiento firme y los funcionarios públicos investigados”.

El juez Casanello solicitó llamadas entrantes y salientes de 78 líneas

Casanello se preocupó en destacar que pidió las medidas de prueba “en orden a alcanzar en la profundización ordenada por el superior en ese sentido”, dejando constancia que fue ante un pedido de los camaristas, entre otros, Martín Irurzún.

Hasta ahora Casanello nunca se había decidido a investigar a la ex presidenta en la denominada ruta del dinero K. Por esa causa está detenido Báez.

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Casanello solicitó las llamadas entrantes y salientes de 78 líneas, entre teléfonos fijos y celulares que pertenecían al círculo más cercano de la ex presidenta: figuran sus secretarios personales y todos los funcionarios que manejaban la agenda de Cristina cuando aún estaba en la Casa Rosada. Esos eran los teléfonos con los que solía comunicarse.

El lapso que solicitó el juez para el entrecruzamiento de llamados va desde 2010 y 2013. Es decir: cuando comprobó que Báez empezó a lavar dinero de manera sistemática.

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La investigación que impulsa Casanello es sobre 15 líneas asignadas al despacho presidencial y la secretaría privada del gobierno en la casa rosada; 20 líneas asignadas a la residencia de Olivos y 33 líneas de teléfonos celulares asignadas a colaboradores y secretarios privados de la ex presidenta.

Todo el listado, fue proporcionado por la secretaría general de la presidencia, a cargo de Fernando de Andreis, por pedido expreso del juez.

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