El independentismo de Cataluña sigue las protestas Barcelona tras el fallo contra sus líderes

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En carne viva por las condenas a sus líderes que el Tribunal Supremo español dio a conocer este lunes, el independentismo catalán salió a la calle para protestar contra la sentencia

según la cual, los doce políticos y activistas sociales que organizaron el intento de fundar la república de Cataluña en 2017 pasarán entre 9 y 13 años en prisión.

Miles de manifestantes bloquearon el aeropuerto de Barcelona, cortaron carreteras y vías y marcharon por Barcelona, Girona y Tarragona, entre otras ciudades catalanas, exigiendo libertad a los que ellos consideran “presos políticos”.

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Temido y esperado desde hace cuatro meses, cuando terminó el juicio, el fallo del Tribunal Supremo, considerado histórico y uno de los más trascendentes de la historia democrática española, condenó al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación.

Junqueras recibió la pena más alta por ser quien ocupaba el cargo de mayor responsabilidad cuando se organizó el referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre de 2017, preámbulo para la declaración unilateral de independencia que Cataluña creyó posible y el Estado español aniquiló.

Junqueras está preso desde noviembre de 2017 mientras que Carles Puigdemont, quien era el presidente de la Generalitat por entonces, huyó de España a tiempo para evitar la cárcel. Desde entonces, vive en Bélgica y circula libremente por Europa.

Por los mismos delitos que fue condenado Junqueras, los ex consellers (ministros) Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasarán 12 años en prisión.

Para la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la condena es de 11 años y medio de cárcel sólo por sedición, único delito por el que también fueron condenados los ex consellers Joaquin Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses.

Para el ex líder de la organización civil Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y para el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, la condena es a nueve años.

Los tres ex consellers que fueron enjuiciados pero que permanecían en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, fueron condenados solamente por desobediencia. No irán a la cárcel pero deberán pagar, cada uno, multas que rodean los 60.000 euros.

Las penas de la sentencia del Supremo son un poco más altas que las que había solicitado la Abogacía del Estado, que consideraba que el delito cometido por los independentistas era la sedición y no la rebelión, como solicitaba la Fiscalía: los separatistas habían atentado contra el orden publico y no contra el constitucional.

El delito de sedición, al que le corresponden penas menos severas que a la rebelión, implica “el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. Y, a diferencia de la rebelión, no incluye el uso de la violencia.

El presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez no demoro una declaración institucional sobre la decisión del Tribunal Supremo, parte de la cual se había filtrado ya durante el fin de semana, tal vez con la intención de amortiguar el impacto de las penas impuestas: “Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento (del fallo) por parte del gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático y de derecho como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento”, dijo.

La desobediencia civil que el gobierno de la Generalitat catalana y las organizaciones sociales independentistas vienen fogoneando desde hace semanas, si la sentencia no era absolutoria, estalló ayer en acciones de movimientos novedosos que siguen calando en el ánimo soberanista y logran altos niveles de adhesión.

Fue Tsunami Doemocràtic el grupo que arrastró a miles de personas hasta la Terminal 1 del aeropuerto barcelonés de El Prat. El bloqueo generó tal caos que Vueling, la líneas low cost de Iberia, anuló 100 vuelos y canceló otros 20 previstos para este martes.

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra desalojaron la terminal 1 de El Prat a los empujones y bastonazos. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y, para más de un catalán, recordaron la violencia con la que la Policía intentó desactivar a algunos colegios electorales durante la votación del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Luego de colapsar el aeropuerto de Barcelona, la consigna fue trasladar la movilización a Barajas, en Madrid. Y aunque decenas de autos atascaron la circulación, el movimiento de entrada y salida de las terminales no fue colapsado.

“¡Fuera las fuerzas de ocupación!”, gritaban los manifestantes que cortaron la calle Laietana de Barcelona, frente a la sede policial.

Eran las nueve de la noche (hora española), cuando la Guardia Urbana contabilizó a unas 6.000 personas que permanecían concentradas en la plaza Sant Jaume de Barcelona, allí donde se miran de frente el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad.

El presidente catalán, Quim Torra, emitió su propia declaración: “Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y exiliados, incluida la amnistía como punto final para los represaliados”, dijo Torra.

“No procede en absoluto hablar de indultos -subrayó el ministro de Fomento y secretario general del PSOE, José Luis Abalos-. Desde luego el gobierno no tiene esa voluntad”. La sentencia al procés abre heridas en el independentismo catalán. Y ya comienza a hacer sentir su peso en la campaña electoral, que comenzará en 15 días, para las elecciones del 10 de noviembre.

PB

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