El fallo contra los independentistas catalanes: "Se han juzgado hechos, no ideas"

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“No es una sentencia de venganza ni una sentencia que se ensaña”, le dijo a ClarínJosé Luis Abalos, ministro de Fomento del gobierno español en funciones y secretario de organización del

PSOE. Lo hizo en una entrevista exclusiva que concedió a este diario este lunes, apenas se conoció el fallo del Tribunal Supremo que condenó a los líderes separatistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por haber formado parte, en 2017, del intento independentista en Cataluña.

“Se han juzgado hechos y no ideas”, agregó Abalos mientras sonaba su celular: lo llamaba el presidente de aeropuertos, seguramente para alertarlo sobre la situación tensa que se comenzaba a vivir en Barcelona, donde el bloqueo de manifestantes que protestaban contra las condenas a los independentistas provocó caos en el aeropuerto El Prat.

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La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra -la policía local catalana- desalojaron, a los empujones y a golpes de bastones, a la gente que pedía libertad para los líderes condenados. Hubo bombas de humo y se oían disparos. Hasta las cinco de la tarde (hora española) se habían cancelado 20 vuelos.

Pedro Sánchez, jefe del gobierno en funciones, no demoro una declaración institucional sobre la decisión del Tribunal Supremo, parte de la cual se había filtrado ya durante el fin de semana, tal vez con la intención de amortiguar el impacto de las penas impuestas: “Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento (del fallo) por parte del gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático y de derecho como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento”, dijo el presidente socialista.

El fallo, considerado histórico, condena a los independentistas por sedición -y no por rebelión, que implicaba penas de hasta 25 años de cárcel- y malversación en la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia que Cataluña intentó sin éxito.

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El presidente catalán, Quim Torra, emitió su propia declaración desde Barcelona: “Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y exiliados, incluida la amnistía como punto final para los represaliados”, dijo Torra.

“No procede en absoluto hablar de indultos -subrayó el ministro Abalos-. Desde luego el gobierno no tiene esa voluntad.”

-El presidente Sánchez dijo que ahora comienza una nueva etapa. ¿Cuál sería teniendo en cuenta que la sentencia no resuelve el conflicto de fondo?

-¿Qué no resuelve? Esto es parte del conflicto. Es un elemento de la propia cadena del conflicto. Se juzgaron hechos que estaban al margen de la legalidad. Por lo tanto, sitúa los hechos dentro del marco de la legalidad. La lucha por esas ideas no puede darse al margen de la ley. Es la respuesta del Estado de derecho y habla de su fortaleza, de su capacidad. Creo que, a partir de ahí, cifradas las responsabilidades, las consecuencias y el alcance de determinadas decisiones, esto permite dimensionar a los propios independentistas cuál debe ser el cauce de expresión de sus ideas. Ahora hay una consecuencia de determinados actos y también es verdad que el propio rigor y ponderación de los hechos abren otras posibilidades para la aplicación del diálogo político. No los cierra.

-Se habla del fracaso del independentismo. ¿Eso se traduce en una victoria del gobierno nacional?

-El partido socialista nunca lo ha planteado así. Ese ha sido el juego de otros actores que han buscado la confrontación. Nosotros hemos siempre planteado la solución del conflicto que se vive en Cataluña. Lo que ha fracasado es la estrategia. Pensaban que todos estos hechos que cometieron gozaban de una cierta impunidad porque se revestían de una coartada política, como si la política fuera una justificación para determinados comportamientos que están fueran de la legalidad. En ese sentido sí que ha fracasado la estrategia. El independentismo ha intentado imponer su planteamiento y su posición como si fuera del conjunto de la sociedad catalana, y no es así.

-Si dentro de la sociedad catalana no hay una mayoría independentista, ¿por qué, entonces, es impensable un referéndum acordado?

-Es el planteamiento de ellos y a nosotros no nos parece. No lo asumimos. Lo que pretendemos recuperar es la convivencia. La posibilidad de reencontrarse para ese logro de la convivencia pasa por el autogobierno, que es lo que puede unir. La independencia separa pero el autogobierno puede unir. Por eso estamos dispuestos a hablar sólo de autogobierno. Y las conquistas de autogobierno también se pueden votar.

-El independentismo insiste con “lo volveremos a hacer”. En este contexto, ¿qué margen de diálogo hay?

-El diálogo dentro del marco de la ley. Lo que la sentencia ha venido a establecer es que no hay impunidad. Esto de volveremos a hacerlo creo que es una manifestación testimonial, pero no estamos observando decisiones en incurrir en comportamientos así. De hecho, en este llamamiento a la desobediencia civil, lo que se trata es de buscar una figura que no contravenga a la legalidad. Ya todos saben que el Estado de derecho responde y responderá.

-La sentencia no se opone a ciertos beneficios penitenciarios que los condenados podrían tener, ¿cuál es su opinión teniendo en cuenta que cualquier beneficio que se les otorgue será utilizado políticamente durante la campaña electoral para las elecciones del 10 de noviembre?

-La igualdad de todos ante la ley significa que el régimen penitenciario debe ser igual para cualquier ciudadano. Eso no significa beneficios pero tampoco significa castigos. Dejemos que la Justicia siga operando en la ejecución de la sentencia.

-El fallo llegó con un gobierno en funciones y con el Parlamento disuelto a la espera de las elecciones de noviembre. ¿No es un momento de debilidad política?

-Es excepcional. Pero si hay un gobierno en funciones es para que pueda actuar en un momento de excepcionalidad, para que no haya un vacío de poder. Está capacitado para actuar en un momento difícil.

-Si hubiera que aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución que permite intervenir la autonomía catalana, ¿se podría ejecutar aunque el Senado, que es quien debe aprobarlo, esté disuelto?

-Para eso hay un gobierno en funciones, para que no se genere un vacío del Poder Ejecutivo. Y hay también una diputación permanente para que siga habiendo una representación parlamentaria. Ambos tienen esas funciones dentro de la excepcionalidad del momento.

El fallo del Tribunal Supremo abrió al juez Pablo Llarena una nueva instancia para intentar la extradición de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que este lunes no fue condenado junto a los otros líderes separatistas porque huyó luego de haber declarado unilateralmente la independencia y antes de que el gobierno nacional intervenga Cataluña. Vive, desde octubre de 2017, refugiado en Bélgica.

Llarena dictó este lunes una nueva orden europea de detención y entrega contra Puigdemont donde señala que los delitos por los que debe ser arrestado el ex presidente catalán son sedición y malversación de dinero público, los mismos cargos por los que quien era su vicepresidente, Oriol Junqueras, pasará 13 años en un calabozo.

-¿Se puede intentar traer a Puigdemont desde Bélgica?

-Evidentemente la situación es distinta. Ahora hay una sentencia. Hay jurisprudencia. Más allá de la operatividad judicial, hay una reflexión que él se tiene que hacer. Hay personas que participaron en el proceso que están en la cárcel y se enfrentan al cumplimiento de unas penas que él ha tratado de eludir.

-El PSOE “recibió” del gobierno anterior del PP la prisión provisional de los independentistas que estuvieron casi dos años en la cárcel antes del juicio, algo que fue considerado exagerado por algunos sectores de la comunidad internacional. ¿El gobierno del presidente Sánchez no lo tocó porque Cataluña es un tema complicado desde donde se lo aborde?

-Tenemos un sistema penal de los más avanzados del mundo. Yo estoy de acuerdo con que la Justicia actúe con independencia y la prisión provisional, en este país, la decretan los jueces. El gobierno no participa de ello. Ni debe participar. La prisión provisional en nuestro sistema se puede plantear cuando hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y cuando son susceptibles de delitos que pueden plantear una sanción alta. Lamentablemente hubo fugas. Y esto hizo que el supuesto de riesgo de fuga fuera real. Porque otros responsables se fugaron y están afuera. No conozco ninguna legislación que permita la segregación de una unidad territorial. No hay ninguna Constitución que contemple la posibilidad de un desmembramiento de un territorio de la soberanía.

-¿Y el derecho a la autodeterminación?

-Es un derecho más bien político que se invoca y que tiene que ver, básicamente, con los países colonizados. Aquí no tenemos una parte del territorio colonizado.

-Nos tuvieron a nosotros del otro lado del océano…

-Claro. Y se independizaron. Esa es la diferencia. Pero Cataluña nunca lo ha sido.

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