El gobierno español anunció la exhumación de Francisco Franco para el 10 de junio

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Al socialista Pedro Sánchez le quedan los días contados como presidente de España pero no está dispuesto a abandonar La Moncloa sin cumplir una de sus promesas más jugosas desde

que asumió, en junio de 2018: la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que finalmente los restos de Franco serán trasladados el 10 de junio al cementerio de Migorrubio-El Pardo, donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.

El anuncio del gobierno español, sin embargo, se realizó sin la certeza de poder llevarlo a cabo ya que el Tribunal Supremo debe pronunciarse respecto de un recurso presentado el 7 de marzo por los nietos del dictador.

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El Consejo de Ministros, en su reunión del 15 de febrero, había dado un plazo de 15 días a la familia Franco para decidir un lugar alternativo a la catedral de la Almudena, donde los parientes deseaban que fuera enterrado. El gobierno no acepta la Almudena como destino de la tumba de Franco porque lo considera un punto neurálgico en pleno centro de Madrid, donde la presencia de la tumba podría alterar el orden público, y por cumplimiento de ley de memoria histórica.

Dispuestos a no admitir el traslado a otro lugar que no sea la Almudena, los nietos de Franco interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión de la exhumación.

Los magistrados admitieron la impugnación pero aún no han resuelto si aceptarán o no las medidas cautelares.

El gobierno del PSOE, ya en campaña para las elecciones anticipadas que el presidente Sánchez debió anunciar para el 28 de abril cuando los independentistas le quitaron su apoyo en el Congreso, apuesta a que el Tribunal Supremo no suspenda el procedimiento de exhumación.

El gobierno justificó la elección del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, al oeste de Madrid, porque, según argumentó la vicepresidenta Calvo, ofrece condiciones de seguridad y “permite garantizar las condiciones de dignidad, respeto e intimidad de los familiares”, que podrán estar presentes tanto en el momento de la exhumación como solicitar, si lo desean, un oficio religioso. No habrá cámaras y el procedimiento se realizará en la más absoluta discreción. Calvo explicó, además, que se designó el 10 de junio para que sea una fecha lejana a las elecciones nacionales del 28 de abril y de las autonómicas, municipales y al Parlamento europeo del 26 de mayo.

La vicepresidenta agregó que, por otra parte, la fecha protege la “tutela judicial efectiva” de los familiares de Franco, que han presentado recursos legales a cada una de las decisiones adoptadas por el gobierno respecto del traslado de los restos del dictador. De este modo el gobierno socialista especula con que el Tribunal Supremo se pronuncie antes del 10 de junio.

El gobierno de Sánchez ya tuvo que sortear la decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3 de Madrid cuyo titular, el juez José Yusty, había suspendido de manera cautelar la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está el Valle de los Caído, al Estado español, argumentando que era inseguro remover la tumba de Franco.

Es la Abogacía del Estado la que ha recusado al juez Yusty por considerarlo imparcial al tiempo que intenta que las 17 impugnaciones presentadas por los Franco en distintos juzgados para paralizar la exhumación del dictador confluyan en una sola causa.

Las malas lenguas ven, sin embargo, segundas intenciones en la elección del 10 de junio como fecha para el traslado de los restos de Franco: para entonces, las Cortes Generales de la nueva Legislatura estarán ya formadas -la fecha sería el 21 de mayo- pero los pronósticos y las encuestas indicarían que no se formará gobierno tan fácilmente por la fragmentación y la crisis del bipartidismo entre PP y PSOE. Con esta premisa, es probable que el gobierno de Pedro Sánchez todavía esté en funciones para el 10 de junio y deba llevar a cabo la exhumación tan anunciada.

A casi 45 años de su muerte, Francisco Franco, el menos democrático de los gobernantes de España y que se mantuvo en el poder con mano dura durante casi cuatro décadas, entra así en la campaña electoral española.