La Unión Europea lleva a Polonia a la justicia por avasallar al sistema judicial

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La Comisión Europea busca la forma de parar la deriva autoritaria de Polonia, un grave desafío a la Unión Europea de su más importante miembro en Europa central y oriental y

una situación inédita desde la fundación del club europeo. Varsovia lleva casi dos años dando pasos para convertir el sistema judicial en una herramienta a las órdenes del gobierno y no en una institución independiente.

Bruselas envió este lunes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el dossier polaco. El brazo ejecutivo de la Unión Europea acusa en su denuncia a Varsovia de haber reformado las normas que rigen su sistema judicial “de forma incompatible con el derecho de la Unión”. La asociación europea que reúne a los 28 órganos de gobierno de los jueces de los 28 países de la UE ya expulsó la semana pasada a sus miembros polacos por la misma razón.

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La nueva ley polaca reduce de 70 a 65 años la edad de jubilación de los jueces, la forma sibilina que encontró el gobierno del nacionalista PiS para expulsar de la carrera judicial a una serie de jueces que no aceptaban someterse a los dictados del gobierno.

Bruselas también pide al Tribunal de Justicia de la UE que tome “medidas cautelares” para que “se restituya la Corte Suprema polaca a la situación anterior al 3 de abril de 2018, fecha de la adopción de la nueva legislación controvertida”.

También pide a los jueces del más alto tribunal europeo, cuyas decisiones son de obligado cumplimiento en todo el bloque y están por encima de los tribunales nacionales, que traten el asunto por el “procedimiento acelerado” para que haya “una decisión definitiva en el plazo más corto posible”. De aceptar la denuncia de Bruselas, el Tribunal estaría dando un paso de gigante en la federalización europea.

Según la Comisión Europea, la reforma judicial polaca “amenaza con la jubilación a 27 de los 72 jueces de la Corte Suprema” y “es incompatible con el derecho de la Unión dado que amenaza el principio de independencia de la justicia”, entre ellos el de la prohibición de expulsar a los jueces. Un portavoz del Ejecutivo comunitario explicó ayer que la petición de medidas cautelares se debe, entre otras razones, a que quieren que “los afectados sigan ejerciendo sus funciones hasta que el Tribunal europeo se pronuncie”.

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Los jueces expulsados sólo pueden presentar un recurso ante el presidente de la República, Andrej Duda, quien también es miembro del PiS, el partido que gobierna en la sombra el antiguo primer ministro Jaroslaw Kaczynski. La decisión de Duda no puede recurrirse ante ninguna instancia.

Bruselas ya denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Polonia, en diciembre de 2017, por su reforma de los tribunales de primera instancia, pero el paso dado este lunes va al corazón del intento de Varsovia de acabar con la independencia judicial.

Ese aspecto de la reforma judicial permitía al ministro de Justicia ordenar la designación o destitución de cualquier juez de un tribunal de primera instancia y ponía bajo control político a miles de jueces.

Además, la Comisión Europea también puso sobre la mesa de los otros 27 gobiernos del bloque la posibilidad de activar el artículo 7 del Tratado de la UE, el que estipula cómo suspender de sus derechos de voto en el bloque a un país que entre en una deriva autoritaria tal que amenace el Estado de derecho.

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Bruselas ya había enviado en julio una carta a Varsovia advirtiendo que las reformas judiciales eran incompatibles con la independencia judicial y el respeto al Estado de derecho. En agosto Bruselas volvió a avisar pero la paciencia tiene un límite y la Comisión Europea decidió este lunes que Polonia no tenía intención alguna de rectificar, por lo que envió el dossier a los jueces europeos.

Los gobiernos deben decidir, pero para llegar a ese extremo haría falta un voto por unanimidad que al menos la Hungría del nacionalista Viktor Orban amenaza con vetar. Precisamente el gobierno húngaro es el otro amenazado con un proceso por su deriva autoritaria. El Parlamento Europeo votó hace dos semanas por amplia mayoría un informe que pide abrir ya contra Hungría un expediente similar al polaco.

Parte del grupo conservador de la Eurocámara en el que se sientan los eurodiputados del partido gobernante húngaro votó a favor de la propuesta, evidenciando que los conservadores europeos empiezan a alejarse de un Orban que intima con ultraderechistas como el austríaco Strache o el italiano Salvini y critica cada vez que puede a dirigentes como Angela Merkel.