Se cumplen cinco meses de arrestos ilegales y asesinatos impunes en Nicaragua

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Nicaragua cumplió este miércoles cinco meses desde el inicio de la peor crisis política en las últimas décadas, que ha cobrado la vida de 481 personas, mientras aumenta la

preocupación por las detenciones ilegales y el enjuiciamiento de cientos de manifestantes antigubernamentales.

Juristas y activistas de derechos humanos denunciaron ayer que, hasta ahora, hay más de 300 procesados, todos manifestantes opositores, de los cuales 136 son acusados de terrorismo y otros graves delitos. En tanto, decenas más permanecen tras las rejas de forma ilegal sin acusación en su contra.

En abril pasado, las manifestaciones comenzaron en calles de Managua, pero luego brotaron en otras ciudades del país en contra de una medida previsional del gobierno, que afectaba a la mayoría de los jubilados. Aunque el régimen sandinista retiró la decisión, las protestas crecieron, pero ahora en reclamo de la renuncia del presidente, acusado de corrupción y de encabezar un gobierno despótico. Posteriormente, el empresariado se sumó a los reclamos.

Entre los judicializados están tres líderes campesinos, cuatro promotores de derechos humanos, 24 universitarios del movimiento que encabeza las protestas contra el presidente Daniel Ortega, ex militares y ciudadanos que exigían la libertad de sus familiares detenidos o secuestrados.

Choques. Grupos sandinistas, policías y opositores en una confrontación en calles de Managua (AFP).

Choques. Grupos sandinistas, policías y opositores en una confrontación en calles de Managua (AFP).

“Nos aproximamos a más de 500 presos políticos, 200 están privados de libertad sin acusación, pero no hay ni un solo paramilitar, ni un solo agente del Estado que esté encausado por los muertos”, advirtió Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente).

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente) afirma que 481 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, murieron desde abril producto de la acción policial y para militar. Un dato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 317, mientras el Gobierno solo reconoce 198 decesos.

Al cumplirse cinco meses de protestas, el Gobierno pasó de “la represión que en un principio fue violenta y sangrienta a los tribunales de justicia” llevando a cabo una detenciones en base a una “persecución selectiva”, afirmaron expertos.

Las detenciones fueron realizadas por la policía en todas las provincias del país al amparo de una ley hecha a la medida del Gobierno de Ortega y aprobada en junio -tres meses después de iniciada las protestas- por el Congreso unicameral que domina el gobernante Frente Sandinista.

Muertos. Retrato de Ezequiel Leiva García sobre su ataúd en el cementerio de Managua. Murió en una protesta opositora (DPA).

Muertos. Retrato de Ezequiel Leiva García sobre su ataúd en el cementerio de Managua. Murió en una protesta opositora (DPA).

La Ley 997, conocida como ley contra el terrorismo, es utilizada “como arma política” por el sistema judicial, también dominado por el partido de Gobierno, afirmó el ex procurador y especialista en derecho penal Alberto Novoa. “La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas” y “las pruebas para estas acusaciones podrían indicar otro tipo penal, pero no terrorismo”, señaló Novoa en declaraciones a “El Nuevo Diario”.

Para los activistas de derechos humanos algunas de las acusaciones son tan inverosímiles como polémicas. A Cristian Fajardo, empresario turístico y miembro del Movimiento 19 de Abril de Masaya (suoriente), “se le acusa de financiar al terrorismo por haber facilitado algunos ataúdes para las víctimas de represión de las protestas”, explicó el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, independiente), organismo que acompaña la defensa legal de muchos de los acusados. A otros se les acusa de terrorismo “por llevar medicinas al puesto médico” de los manifestantes.

El más reciente caso anunciado por la policía es el de un docente y sindicalista universitario, Ricardo Baldotano, exhibido junto a banderas de Nicaragua y camisetas alusivas a las protestas como “pruebas” de terrorismo. Baldotano fue dirigente estudiantil en los 70 durante la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1979) y fundó la Juventud Sandinista. Su familia afirma que su captura fue ilegal.

Fuente: Dpa y Clarín

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