Campaña presidencial en Brasil: segundo debate con Lula en la cárcel

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El debut formal en la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva no fue lo que él hubiera soñado. Lo que sucedió ayer no estaba en los planes del Partido de los Trabajadores (PT) ni fue una estrategia sugerida por algunos de los marqueteiros que asesoran al ex presidente. Ni siquiera hubo un atril vacío para el ex jefe de Estado, como se preveía en la previa. La sombra de Lula, que no participó del debate emitido por la cadena Rede TV, planeó sobre sus ocho contrincantes, que discutieron sus propuestas de cara a las elecciones del 7 de octubre. Los electores no pudieron escuchar al ex presidente, detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple una condena a 12 años y un mes de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
“La silla vacía demuestra que están cometiendo una injusticia”, dijo antes del inicio del encuentro Guilherme Boulos, candidato del Partido Socialismo y Libertad (Psol), sin saber que las autoridades del canal habían decidido retirar el atril de Lula. En el entorno del ex mandatario saben que el mayor revés no fue el retiro de la silla en el debate, sino su ausencia en el mismo. El ex presidente tiene prohibido participar de actividades proselitistas y solo se expresa desde la cárcel a través de cartas. El PT interpuso un recurso para que Lula participara por videoconferencia del debate, pero la Justicia lo denegó.
“La cuestión de la silla vacía hubiera tenido algún impacto en el inicio del debate. Después, el público acompaña lo que dice cada candidato y el embate entre ellos y Lula es olvidado”, explicó a PERFIL Ricardo Ismael, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro.
Con la campaña ya lanzada, el PT enfrenta un dilema político de difícil resolución. “Mantener la candidatura de Lula es muy importante, pero tiene un costo: Lula es un candidato testimonial que no se puede expresar. No habla, no participa de los debates, donde tampoco participan los candidatos a vicepresidente, por lo que Fernando Haddad también queda marginado”, consideró Gentili desde Río de Janeiro.
En el PT saben que tarde o temprano el Tribunal Superior Electoral (TSE) anulará la candidatura del ex mandatario, invocando la Ley de Ficha Limpia, que declara ineligible a quien fue condenado en dos instancias. El plazo legal que tiene la Justicia para expedirse es el 17 de septiembre, apenas veinte días antes de la primera vuelta. El dilema en la izquierda pasa por dilucidar qué estrategia dará más dividendos electorales: retrasar la “agonía legal” de Lula o lanzar cuanto antes a Fernando Haddad como el heredero del ex sindicalista metalúrgico. Con eso en mente, el PT intentó levantar el perfil de su postulante a la vicepresidencia y pidió que reemplazara a Lula en el debate. Pero Rede TV anunció que solo participarían los presidenciables, dejando el atril vacío como única opción para las huestes lulistas.

Encuesta. El ex presidente lidera todos los sondeos de opinión. Según un estudio divulgado ayer por la consultora XP, el ultraderechista Jair Bolsonaro encabeza la carrera al Planalto en un escenario sin Lula, con el 23% de los votos. En ese caso, Marina Silva es segunda, con el 11%; Geraldo Alckmin, del PSDB, tiene un 9%, y Ciro Gomes, del PTB, cosecha un 8% de intención de voto. El dato más llamativo es el ascenso de Haddad, que habría aumentado 4 puntos porcentuales desde el último estudio y cosecharía un 7%.
Pocas horas después de la inscripción de la candidatura de Lula, la fiscal general de Brasil Raquel Dodge presentó una impugnación contra su postulación. En una petición remitida a la Corte Electoral, Dodge afirmó que Lula “no es elegible” porque fue condenado en segunda instancia.
“Hay dos sectores en la Justicia divididos en torno a la impugnación de Lula. Uno de ellos, representado por la fiscal general, dice que hay que sacar ya a Lula de la elección, amparándose en la Ley de Ficha Limpia. Ese sector piensa que cuanto más tiempo sea candidato, más se beneficia el PT”, explicó Gentili. “Otro grupo cree que la permanencia de Lula posterga el lanzamiento efectivo de Haddad. Si el 17 de septiembre deciden que no puede postularse, a Haddad le quedarán pocos días para recorrer el país y ser asociado con Lula”, dijo.

Debate. En el segundo round televisivo –el primero desde que culminó el plazo para inscribir las candidaturas– participaron ayer Bolsonaro, Silva, Alkemin, Gomes, Boulos, Alvaro Dias, de Podemos; Cabo Daciolo, del partido Patriota; y Henrique Meirelles, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Lula, en tanto, fue apenas una sombra, ni siquiera una silla vacía. n

Comité de la ONU pide que sea candidato

El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó ayer a Brasil a permitir que el ex presidente Lula haga campaña desde la cárcel y sea candidato en las elecciones del 7 de octubre. “El Comité reclama a Brasil que tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer, mientras esté en prisión, sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018”, indicó el documento, difundido en Ginebra.
El organismo consideró, además, que Lula no puede ser excluido como candidato “hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos”. Un miembro del Comité, Olivier de Frouville, dijo que los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) habían pedido una acción urgente sobre tres asuntos: que sea inmediatamente puesto en libertad, que se le concediera acceso a los medios y a su partido político y que se le permitiera participar en las elecciones. El panel rechazó la primera de las peticiones, pero validó las otras dos.
El Comité de Derechos Humanos se encarga de supervisar violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Debido a que Brasil ha ratificado ambos textos, está técnicamente obligado a cumplir con las conclusiones del organismo, según los abogados del ex presidente. Lula fue condenado por, presuntamente, ser dueño de un departamento cedido por la constructora OAS para obtener contratos en Petrobras. El ex mandatario negó la acusación.

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