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Tiene su cuota de incoherencia que el Gobierno llame a los actores sociales al "acuerdo por el Bicentenario" y a la vez ignore a la oposición, disminuya al Congreso y confronte con cuanta entidad tenga un punto de vista diferente, en lugar de dialogar. Sea cual fuere su resolución, el conflicto entre el Gobierno nacional y el campo evidenció debilidades políticas e institucionales y marcó una nueva agenda, que la dirigencia no podrá soslayar ..... lavozdelinterior/totalnews
Tiene su cuota de incoherencia que el Gobierno llame a los actores sociales al "acuerdo por el Bicentenario" y a la vez ignore a la oposición, disminuya al Congreso y confronte con cuanta entidad tenga un punto de vista diferente, en lugar de dialogar.
Sea cual fuere su resolución, el conflicto entre el Gobierno nacional y el campo evidenció debilidades políticas e institucionales y marcó una nueva agenda, que la dirigencia no podrá soslayar si realmente quiere establecer reglas más serias para el funcionamiento social.
En ese marco, no faltaron contradicciones de actores políticos que revelan cierto oportunismo con posturas que se adecuan al interlocutor o a la situación de turno. Desde que Cristina Fernández estaba en campaña presidencial, el oficialismo enfatiza en la necesidad de planificar a largo plazo a través de políticas de Estado. Por si hacía falta, quedó en evidencia la necesidad de discutir una política productiva que complemente agro e industria como vías insustituibles para el desarrollo. En la coyuntura, podrán discutirse el nivel y las características de las retenciones como forma de destrabar el conflicto. También habrá seguramente una pulseada discursiva y de movilización en los actos por el 25 de Mayo, con la Presidenta en Salta y los ruralistas y la oposición en Rosario. Pero, más allá de estas demostraciones, debe haber un debate abarcativo. Hay que definir políticas para todas las actividades agropecuarias, con incentivos y también responsabilidad social empresaria, que eviten la sojización al infinito. El debate no debe excluir a las provincias y al Congreso. La amplitud que tendría, lo haría más rico y horizontal. Los ruralistas tendrán que comprender que la principal actividad productiva del país excede su interés sectorial y que no debería repetirse la protesta nacional más prolongada y perjudicial que sufrió el país en las últimas décadas. También el Gobierno tiene que asumir que a una política de Estado no la define sólo el poder de turno, por más legítimo y popular que sea. La voluntad de hacer sin consultar y de confrontar que define al kirchnerismo es efectiva en cuestiones coyunturales, en las cuales muchas veces hay que decidir y gestionar sobre la marcha; pero en los asuntos de fondo, la acción debe ser diferente. Federalismo y Congreso. La cuestión no se agota en la discusión sobre la producción agropecuaria. Por lo menos dos temas centrales deben ser abordados de una vez. Y ésta puede ser la oportunidad. Uno de esos temas es la redistribución de los recursos en el seno del propio Estado. El esquema de un Gobierno nacional acaudalado con provincias y municipios arrodillados está en jaque. Al protestar por las retenciones y el perjuicio a sus bolsillos, los productores agropecuarios incluyeron el eje del reparto geográfico, que obligó a gobernadores, legisladores e intendentes a pronunciarse. Por convicción u oportunismo, fueron varios los que elevaron su voz contra la falta de federalismo económico. Nunca antes en la Argentina moderna se había puesto tan en tela de juicio el centralismo, que ningún presidente se atreve a cambiar. Veamos un dato que no es menor: sobrevuela la versión de que los cordobeses podríamos volver a tener bonos, como en años anteriores, que eran tiempos de crisis. Pero el rumor corre ahora, justamente a pocos años de que las “cuasi monedas” provinciales fueran eliminadas con fondos nacionales en la reciente gestión de Néstor Kirchner. De ocurrir esto por necesidades urgentes de caja, ¿cómo se explica que, aun admitiendo la elevada deuda pública que dejaron gobernadores anteriores, Córdoba haga a la Nación un aporte extraordinario por las retenciones agropecuarias y luego tenga dificultades para pagar los sueldos a sus agentes? Algo está mal, y ello excede a la voluntad de la Provincia. Otro punto es el cuestionado funcionamiento de los poderes del Estado. En voz baja, todos admiten que ya es insostenible la delegación de poderes del Parlamento al Ejecutivo nacional, resuelta años atrás por la crisis que ya pasó. La recuperación por parte del Congreso de las facultades que le son naturales, entre ellas aprobar los impuestos, abriría un mayor espacio de participación a las fuerzas opositoras y favorecería el debate en el propio oficialismo, hoy más subordinado que nunca al matrimonio presidencial. Tiene su cuota de incoherencia que el Gobierno llame al conjunto social a un “acuerdo por el Bicentenario” y a la vez ignore a la oposición, disminuya al Congreso y confronte con cuanta entidad tenga un punto de vista diferente, en lugar de dialogar. Oportunismo. Los últimos acontecimientos en el conflicto con el campo dejaron descolocados a algunos exponentes del oficialismo. La sesión especial del martes pasado, impulsada por la oposición para intentar derogar las retenciones, no pudo realizarse porque el PJ no dio quórum. Casi todos los diputados peronistas –incluidos los de Córdoba– faltaron siguiendo instrucciones de arriba. Es comprensible en términos de estrategia legislativa. Pero, a la vez, esas ausencias dejaron descolocado al gobernador Juan Schiaretti. El mandatario cordobés fue marcando distancia en términos verbales con la Casa Rosada, hasta reclamar en público la eliminación de las retenciones móviles. Pero el martes no urgió a los legisladores nacionales del justicialismo cordobés para que fueran a sostener esa postura desde las bancas. Si lo hubiera hecho, probablemente hubiese quedado desairado. En cualquier caso, su discurso, que agradó a los ruralistas, no fue consecuente con las acciones de los legisladores oficialistas de esta provincia. La realidad política, caracterizada por un Gobierno nacional cada vez más centralista, hizo que la Región Centro, imaginada para crear un polo de poder que balanceara al del Puerto y fuera motor de desarrollo del interior, quedara por ahora apenas en un esbozo. Como ocurrió con los legisladores oficialistas de Córdoba, los de Santa Fe y Entre Ríos tampoco asistieron al Congreso a defender los intereses de sus provincias, que tanto gustan expresar cuando están en casa. Tal vez no era para ellos la oportunidad más propicia. Pero nunca lo ha sido en más de una década en que la Región Centro no logró consolidarse como espacio político real. © La Voz del Interior
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KIRCHNER, EL AMO DEL FEUDO
Informe sobre Corrupción
