Cristina fue citada a declarar por lavado y piden investigarla por la plata de Báez

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Cristina Kirchner llega a las elecciones del 22 de octubre al borde de enfrentar un megajuicio: el juez Julián Ercolini la citó a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero y, casi en simultáneo, su colega Sebastián Casanello la vinculó por primera vez con los millones de dólares que fluyeron por la financiera La Rosadita, y la mandó a investigar por las obras públicas que beneficiaron a Lázaro Báez.

 

Así, Cristina Kirchner deberá declarar como sospechosa de lavado de dinero en la causa Hotesur dos semanas después de convertirse en senadora nacional electa, si las elecciones confirman los resultados de las primarias.

En el llamado a declaración indagatoria ante Ercolini fue acusada de haber percibido de Lázaro Báez millonarias sumas de dinero por negocios simulados con sus empresas hoteleras para encubrir las ganancias ilícitas que obtuvo al asignarle al empresario obras viales en Santa Cruz por 15.000 millones de pesos.

Los fueros que adquirirá Cristina Kirchner con su cargo legislativo recién comenzarán a protegerla a partir de que jure como senadora, el 10 de diciembre. Por lo tanto no estaría exenta de ser llevada a declarar por la fuerza, si no se presenta, o ser detenida, si el juez lo considera. Por ahora, ninguno de estos dos escenarios están sobre el tapete.

Esta nueva citación a declarar como sospechosa -prevista para el 9 de noviembre- es por lavado de dinero y alcanza a otras 23 personas incluidos sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner (citados para el 13 y 15 de noviembre); Lázaro Báez y su hijo Martín (citados para el 28 y 30 de noviembre); el contador Víctor Manzanares, que está preso; el escribano Ricardo Albornoz, y Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner.

Las indagatorias comenzarán el 5 de octubre y se desarrollarán en medio de las elecciones. Culminarán el 20 de diciembre.

El juez federal Ercolini dispuso además inhibir los bienes de los 24 sospechosos citados a indagatoria, en particular Sanfelice, Manzanarez y Albornoz, con lo que limitó económicamente a quienes considera que son los cerebros contables de la maniobra que permitió transferir parte de los fondos que ganó Báez con las obras.

Esta nueva citación a indagatoria pone a Cristina Kirchner a las puertas de un nuevo procesamiento. La ex presidenta está procesada en tres causas; una por direccionar licitaciones en favor de Báez, otra por recibir dinero de alquileres como contraprestación de obras públicas, y la tercera por la causa del dólar futuro. En este último expediente, el procesamiento ya fue confirmado y la causa, elevada a juicio. La Cámara Federal pretende que estos expedientes, junto con el de La Rosadita, donde está preso Báez, sean juzgados de manera conjunta en un megajuicio que se realizaría en 2018 o más adelante, con la ex presidenta y sus hijos como principales acusados, junto con los empresarios que se beneficiaron con sus negocios.

Paralelamente está llegando a su definición la causa en la que la ex presidenta es investigada por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir. En ese expediente, el fiscal Gerardo Pollicita analiza pedir su declaración indagatoria por proteger a Irán en la causa AMIA.

La investigación de Hotesur comenzó con las revelaciones de los periodistas Hugo Alconada Mon y Mariela Arias en LA NACION sobre las operaciones de alquileres hoteleros de los Báez a Kirchner.

El juez Ercolini, en su citación a indagatoria de ayer, se basó en el trabajo que realizaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Y describió que las empresas de Báez que se favorecieron con la obra pública, con Austral Construcciones a la cabeza, firmaron diferentes contratos por servicios, en algunos casos simulados, para justificar la transferencia de dinero de esas firmas a las arcas de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

El juez dijo que la maniobra permitió "canalizar regularmente los fondos desde la empresas contratistas de la obra pública y sus vinculadas, a favor de Valle Mitre, cuya función habría sido recibir dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen".

Los fondos fueron girados por las firmas de Báez a Valle Mitre (gerenciadora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner), en su mayoría por alquileres de habitaciones y contratos de consultoría. Valle Mitre luego enviaba el dinero a los ex presidentes y sus hijos.

Los Kirchner necesitaron dinero blanco para adquirir los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, para lo que habrían recurrido a los fondos obtenidos por la obra pública santacruceña.

Primero, los Kirchner y las empresas de Báez hicieron múltiples negocios con los que el matrimonio presidencial se fondeó para comprar los hoteles. También pagaron con préstamos en 2007 y 2008 del Banco de Santa Cruz y de Austral Construcciones.

Luego se valieron de Valle Mitre como intermediaria entre Báez y los Kirchner. En algunos casos, la plata fue directo a las cuentas de los Kirchner y en otros, la obtuvieron como accionistas de Hotesur, que administraba Alto Calafate.

En un caso, Valle Mitre le giró a Hotesur más de 28 millones de pesos. Austral Construcciones transfirió a Valle Mitre mas de 70 millones de pesos entre 2007 y 2015.

Los montos coinciden con los egresados de Valle Mitre a Hotesur y Néstor Kirchner entre 2012 y 2013.

Las justificaciones de esos dineros fueron contratos de servicios simulados: por ejemplo, Valle Mitre iba a asesorar a Austral para desarrollar emprendimientos hoteleros. El acuerdo incluyó el alquiler de 500 noches de hotel para los empleados de Báez. Otro contrato fue el que pretendía construir un complejo turístico en la península de Magallanes. Los trabajadores de Báez que deberían haber ocupado las habitaciones se desempeñaban en obras que estaban 300 kilómetros en algunos casos o a seis horas de distancia, en otros.

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