Justicia, política y violencia

Jorge Raventos
Lectura

 

 

... (entre ellos, el ex canciller  Héctor Timerman  y el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini) desplazó de las coberturas mediáticas temas como la búsqueda del ARA  San Juan o el hecho de que en el Sur se está gestando una guerrilla de nuevo tipo.

 

Famosa como es por la feracidad de sus campos, Argentina se destaca más aún por la fertilidad con que genera temas conmocionantes y la velocidad con la que parece consumirlos.  Las noticias se suceden vertiginosamente y a menudo unas  reemplazan a  otras y las empujan o las devuelven temporaria (y a veces largamente) a la penumbra.

 

La Justicia y la política

 

Pedir el desafuero y promover la prisión preventiva de un ex mandatario no es poca cosa. Acusar a ese ex funcionario de traición a la patria implica palabras aún mayores y las consecuencias provocan, naturalmente, una conmoción. Son muchos los especialistas que, aún considerando bochornoso el acuerdo con Irán promovido por el gobierno de Cristina Kirchner (y aprobado por el Congreso), lo caracterizan como no pasible de acción judicial alguna, por tratarse de un acto de gobierno legítimo dentro del marco de las decisiones políticas.

 

Evidentemente, el juez Bonadío se basó en un criterio distinto, actuó apoyándose en una densa investigación que ya había iniciado el asesinado fiscal Alberto Nisman. Si su fallo requiere corrección, la lógica institucional prevé los  pasos para hacerlo.

 

De todos modos, la política y la opinión pública se mueven con ritmos a menudo más veloces que la Justicia. Y el fallo suscitó consecuencias políticas inmediatas. La señora de Kirchner encontró un argumento plausible para victimizarse y para instrumentar una contraofensiva, culpando al Poder Ejecutivo por la medida del juez y alegando que se trataba de ese modo de amordazar o debilitar las denuncias de la oposición contra las reformas que promueve  el gobierno.

 

Así, la presunta víctima (de un  desafuero en rigor impracticable) pasaba a adquirir una centralidad temporaria  que  la realidad  y los números le niegan (3 de cada 4 senadores peronistas se han inscripto en el bloque “federal” liderado por Miguel Pichetto e inspirado por los gobernadores de ese signo, tomando distancia del que  comandará la señora de Kirchner). Sucede que  el explosivo fallo de Bonadío alteró la atmósfera de negociación -tensa pero  encarrilada- que reinaba entre el oficialismo y el llamado “peronismo constructivo”. Nadie quiso aparecer asociado a una decisión judicial obviamente inconsulta y para la mayoría, “excesiva”.

 

En esta columna se había señalado hace algunas semanas que desde la política (y desde el gobierno) se observaba con  preocupación  “la conducta de los jueces que tratan de mejorar su imagen pública apelando al ímpetu y a la espectacularidad”. Se señalaba asimismo “el riesgo de que  los procedimientos que hoy son empleados  sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez  Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o futuros o a amigos del poder”.

 

En rigor, el peligro reside en que los excesos de la política sean combatidos con excesos de la Justicia.

 

El nuevo sistema político   nacido de la derrota del kirchnerismo en 2015 se ha tomado un tiempo para reaccionar: el peronismo senatorial que lidera Pichetto  anunció enseguida que no concederá el desafuero a ningún miembro de la Cámara si no existe una sentencia firme contra él; el oficialismo, por su parte,  anuncia que  propondrá una ley que restrinja  las medidas judiciales preventivas.  Esa coincidencia tienda a poner límites a eventuales  invasiones de la Justicia así como al empleo político de la victimización por parte del  mundo K  obligado a frecuentar los tribunales.

 

Las reformas, en remojo

 

Si en algo benefició al gobierno la sensación suscitada por el fallo de Bonadío fue que por algunas horas el espacio mediático que ocupaban las protestas de los familiares de los tripulantes del  ARA San Juan quedó invadido por  las peripecias de la expresidente y los otros encausados.

 

De todos modos, el saldo general fue más vidrioso. Ahora el gobierno tiene que  remar por las reformas que busca en una atmósfera más pesada que la que imperaba antes del fallo. De las tres grandes reformas que el oficialismo celebraba una semana atrás, sólo parece garantizada hoy la fiscal (que es la que interesa directamente a los gobernadores); la laboral no se tratará por el momento, se posterga hasta  las ordinarias de 2018. En cuanto a la módica reforma previsional  (básicamente, el  rediseño del cálculo con el que se actualizan los haberes jubilatorios), es dudosos que pueda   pasar el examen de la Cámara Baja con su texto actual, que  ni  siquiera complace a  figuras fuertes de la coalición gobernante (caso Elisa Carrió). Con todo, la Casa Rosada  puede  mostrarse satisfecha  con los logros parciales: al menos  ha conseguido  abrir debates que  parecían imposibles.

 

El desafío del indigenismo armado

 

El riesgo de la sucesión de  temas  políticos que  irrumpen en el escenario  reside en  que lo urgente  desplace lo importante. El  tema de la  defensa nacional  es  un asunto trascendental que  quedó bajo los focos por  la gravísima pérdida del ARA San Juan  y también por el desafío insurgente de una nueva guerrilla en la Patagonia argentina.  Y que es imperioso mantener  en el escenario.

 

La  Resistencia Ancestral Mapuche que opera en la Patagonia argentina es todavía un fenómeno en gestación, pero conviene no considerarla aisladamente; se trata de una extensión de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que hace años  despliega su acción en territorio chileno y es considerada allí una organización terrorista. La CAM reivindica la recuperación de la cultura mapuche y se caracteriza como un “anticapitalismo indianista”. Aunque  en sus documentos invoca una “cosmovisión mapuche”  que está, afirman, “en contradicción insalvable con el pensamiento occidental”, la CAM admite que. en su elaboración política, emplea “ciertas herramientas de análisis que pueden ser consideradas winka (el materialismo histórico por ejemplo)”.  ¿Marxismo indiano?

 

En cualquier caso,  lo que caracteriza el desafío de la CAM no es tanto su narrativa ideológica, sino la combinación de ese argumento con una acción, que pretende, como ellos señalan, “poner freno a las relaciones de mercado por medio de la acción directa, ya sea a través de las recuperaciones de tierras, los sabotaje y/o boicot a la presencia del capital nacional y trasnacional “. 

 

En el plano operativo, la CAM “terceriza” los atentados en células independientes que funcionan con autonomía, los llamados Órganos de Resistencia Territorial (ORT), una especie de sistema de  “franquicias”  que funciona con grupos independientes de la CAM.  Así lo explicó la CAM un año atrás:  “Daremos libertad de acción a nuestros ORT-CAM, los cuales podrán definir sus acciones de acuerdo a sus criterios, respetando nuestra ética, normas y fundamentos políticos estratégicos como organización  mapuche”.

 

Fuerza propia  o impotencia

 

El vínculo entre la RAM local y la CAM chilena estaría encuadrado en esa lógica que, sin ser idéntica, tiene rasgos semejantes a  la que pone en práctica Estado Islámico para cubrir bajo su paraguas a grupos de espontáneos y “lobos sueltos” de distintas latitudes.   Habría que  entender el desafío como un fenómeno de contaminación que no reconoce la frontera política entre Argentina y Chile, sino que la atraviesa.

 

De hecho, es más que probable que una acción más enérgica del estado chileno sobre  la  insurgencia  mapuche  del otro lado de la cordillera  (como sería previsible en un gobierno de Miguel Piñera)   determine un repliegue de fuerzas de ese extremismo hacia territorio argentino:  un espacio escasamente custodiado y con un sistema defensivo  que no tiene  siquiera capacidad de disuasión por los límites operativos y políticos en los que se mueve.

 

Y con una problemática de base que muestra reivindicaciones legítimas de los pueblos originarios que el Estado ha desatendido e incumplido, ofreciendo así otro flanco vulnerable para la acción insidiosa.

 

Es preciso, en primer lugar, poner en marcha una política auténticamente integradora, en el marco de la Constitución. Paralelamente es indispensable  actualizar  conceptos y adecuarlos a la realidad y a los tiempos.

 

La muralla que, por ejemplo, se pretendió  erigir prohibiendo a las Fuerzas Armadas la acción en temas considerados “de seguridad interior” responde a un concepto anacrónico. ¿Dónde es afuera y dónde  adentro en casos como este, en los que se asiste a acciones coordinadas de sectores que dicen encarnar una identidad que  atraviesa, enfrenta y niega la realidad del Estado Nacional? En un orden cosas más amplio: ¿cómo afrontar  con ese viejo criterio de “interior” -“exterior”   ese aspecto creciente de la guerra contemporánea que se da en el ciberespacio?

 

Lo urgente puede conmocionar. De hecho, es razonable que circunstancias como  el procesamiento  de  altos funcionarios recientes  ocupen la atención pública. Es esencial, sin embargo, que  la polémica sobre hechos judiciables  se  libre al  ámbito  de los Tribunales y que la política  se ocupe con intensidad  de las cuestiones de fondo que influyen sobre el poder o la impotencia  de la Argentina y los argentinos.

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