Gils Carbó tiene por función promover a Justicia Legítima para defender a los K

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 De esa forma, zanjó una disputa histórica sobre la pertenencia de ese organismo, antes no contemplado en la Constitución, pero sí desde las primeras leyes de organización de la justicia federal. La doctrina, al interpretar el citado artículo, suele hablar ahora de un "órgano extrapoder", porque no se halla en ninguno de los que componen la clásica tríada propuesta por Montesquieu. Pero también podría decirse que es otro poder, en la medida en que no se halla subordinado al Legislativo, al Ejecutivo ni al Judicial. Mientras quede claro que es independiente, la discusión sobre su naturaleza es puramente semántica. La Constitución no previó el mecanismo del nombramiento ni remoción del Procurador General ni del Defensor General. 

 

La ley determinó que fueran en ambos casos los mismos que rigen para los jueces de la Corte Suprema. En consecuencia, una reforma a la Ley del Ministerio Público podría modificar esos procedimientos y también fijar un mandato no vitalicio para ambos funcionarios.

 

Es cierto que, como bien sostiene el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, esa norma sería inconstitucional, porque asignó procesos de remoción a sujetos que no están previstos constitucionalmente. En recientes declaraciones periodísticas sostuvo que: "En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo. Pero, más allá de eso, está en manos del Congreso tanto el juicio político como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público, que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal".

 

Lo esencial, aquello que sí previó la Constitución, es la independencia. Por eso resulta tan penoso que la doctora Alejandra Gils Carbó siga siendo la Procuradora General, dado que desde su nombramiento se ha cansado de demostrar que no es independiente, sino que sirve incondicionalmente a una fracción política.

 

Sobran los ejemplos que avalan esa afirmación. Los ha detallado en su pedido de juicio político el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo hincapié en la manipulación de la designación de fiscales y en la realización de concursos amañados, entre otras irregularidades. La investigación en curso sobre la oscura compra de un inmueble en 2013, por la que Gils Carbó se vio obligada a separar a un alto funcionario de ese organismo, arroja nuevas sombras sobre la conducta de la Procuradora.

 

El fiscal Eduardo Taiano la ha citado a prestar declaración indagatoria en esa causa, por la supuesta comisión de los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho, lo cual podría derivar en su procesamiento. También la persecución que padeció el fiscal José María Campagnoli por haberse atrevido a investigar los turbios negocios de Lázaro Báez y de qué forma manipuló la doctora Gils Carbó la designación de fiscales y fiscales subrogantes con el propósito de ubicar en posiciones estratégicas a militantes de la corriente política que impulsó su nombramiento como Procuradora General. 

 

El Ministerio Público, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional, "tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad". La doctora Gils Carbó enmendó ese propósito constitucional. Bajo su dirección, puede decirse que el Ministerio Público tiene por función promover la actuación de Justicia Legítima en defensa del kirchnerismo. El solo hecho de haber impulsado abiertamente la conformación de una suerte de partido político de magistrados y fiscales, debería ser causal suficiente de su remoción.

 

A esta altura, sería la propia Procuradora la que debería apartarse, como aquellos magistrados que, ante la menor sospecha sobre su imparcialidad, se excusan por decoro y delicadeza, aún cuando no estén obligados.

 

*El autor es Subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

 

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