A pesar de las causas por coimas, Odebrecht pidió un resarcimiento económico

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La firma brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obra pública, insiste con un reclamo multimillonario contra el Gobierno. Fue a la Justicia

para oponerse a la medida cautelar a la que hizo lugar el juez Daniel Rafecas impidiendo que la constructora cobre $ 1.500 millones, tras un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA). Este martes habrá un audiencia.

El gigante brasileño ya no cuenta con obras de envergadura en el país. Durante el gobierno kirchnerista, obtuvo al menos tres grandes contratos que se encuentran bajo investigación ante la presencia de una estructura de sobornos utilizada para direccionar los procesos licitatorios, y así favorecer a Odebrecht en la adjudicación de contratos.

La judicialización del reclamo económico, se realiza en la causa conocida como "Skanska II", la primera en la que Julio De Vido quedó acusado por favorecer a Odebrecht.

La empresa con el favor del ex ministro, según el juez Rafecas, resultó adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.

Cuando el proceso administrativo inició, la obra tenía una valor de U$S 1.427 millones. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los U$S 2.347 millones.

La obra quedó inconclusa y fue rescindida por la actual gestión. Por ello, se ordenó requerir a la Contratista la transferencia a Nación Fideicomisos "de todos los activos, documentación e información de propiedad del Comitente o de los Fideicomisos de Financiamiento y los Fideicomisos de Obra afectados a las obras de ampliación de los gasoductos".

Con el correr de los meses, la constructora brasileña inició una demanda para que se condene a Nación Fideicomisos a pagar la suma de $ 457.578.828 y US$ 45.281.205 más impuestos, ajustes e intereses moratorios. A su vez, Odebrecht hizo explícita reserva de iniciar otras demandas arbitrales contra el NAFISA y "quienes corresponda por otros conceptos originados en los mismos contratos, fideicomisos y relaciones jurídicas".

El reclamo económico de la empresa brasileña se hizo ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El mismo no prosperó, tanto la OA como el Ministerio de Energía solicitaron una medida cautelar para que dicha suma no se abone a favor de Odebrecht. El juez Rafecas falló a favor de la medida cautelar.

Con un escrito de doce páginas, los abogados de Odebrecht apelaron la medida cautelar a la que hizo lugar el magistrado. Señalaron que debería haberse "rechazado", al considerar que la OA "carece de legitimidad para peticionar esta medida". Asimismo, denunciaron la "nulidad de la resolución" bajo el argumento que se "violaron las garantías constitucionales" y que el reclamo "carece de los requisitos mínimos".

El juez Rafecas al hacer lugar a la cautelar, sostuvo que el reclamo que hace Odebrecht por $ 1.500 millones se realiza sobre una maniobra "espuria" que es "la suscripción de ese contrato" y que por ello se hace lugar al reclamo de la Oficina Anticorrupción.

Por ello, remarcó que la medida cautelar impide el resarcimiento económico que pretende la Constructora y que debe tenerse en cuenta, que su llegada a los Contratos de Construcción EPC y a los Fideicomisos de Gas "está rodeada de irregularidades y que continuaría provocando perjuicios al patrimonio estatal".

Hacer lugar al reclamo del gigante brasileño, "permite afirmar la existencia de un riesgo cierto e inminente sobre el patrimonio estatal", consideró el juez.

Ante la disidencia de la constructora y el reclamo del Estado, la Sala II de la Cámara federal porteña citó a una audiencia este martes a las 10.15 para después resolver si se avala o no la determinación del juez Rafecas.

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