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 Financiado con plata de la Nación, en 2009 el Instituto de Vivienda de Jujuy comenzó a levantar 300 viviendas . Pero las obras de las casas fueron suspendidas en varias oportunidades. Desde la Intendencia acusan al Gobierno Nacional de no haber girado los fondos “en tiempo y forma” .

Hoy, a más de dos años de haber sido anunciadas, las casas están a medio construir , en muchos casos con paredes y techos pero sin ventanas ni sanitarios. Tampoco hay luz ni servicio de gas ni agua.

“No nos vamos nada . Somos 100 familias de policías del propio pueblo que sufrimos la emergencia habitacional tanto como las personas que tomaron el predio de Ledesma.

Nosotros también tenemos derecho . Parece que la única manera de que nos escuchen es meternos en los terrenos de prepo”, dijo Analía Wierna, esposa del efectivo Juan Pablo. El matrimonio, con sus dos hijos, vive junto a otras dos familias en la casa de los padres de uno de ellos. La vivienda tiene tres habitaciones.

Analía se refería a la toma del predio de la empresa Ledesma, el jueves 21, encabezado por militantes de la CCC. Los esposos de estas mujeres fueron los que intentaron desalojar ese terreno: murieron un policía y tres civiles.

Alterada, mientras este diario la entrevistaba, Carolina Castillo, esposa de un policía, atendió en su celular un llamado del intendente de Libertador, Jorge Ale. “Quería que firmemos un acta de compromiso y nos vayamos. Minga, nos quedamos acá a vivir. Desde ahora este predio se pasa a llamar el Barrio Policial”, señaló. Ale hablaba desde Tucumán.

Hemelinda Magno es mamá del Cabo Fernando Cisneros. “ ¿A quién van a mandar para que nos desalojen? ¿A nuestros maridos e hijos?” preguntaba irónica. Tres generaciones de los Magnos, cada uno con su respectivas familias, viven en ambientes “agregados”, bajo un mismo techo. La casa tiene dos habitaciones.

El viernes, como informó Clarín , la Comisión de Esposas de Policías realizó una marcha para pedir soluciones ante la crisis de viviendas. Allí, advirtieron que de no haber respuestas iban a tomar estos predios.

“No queremos que nos regalen nad a. Las casas las terminamos con plata nuestra. Nuestro maridos son policías y seguro que van a sufrir represalias por nuestra toma. Pero nos apoyan en el silencio. Así no podemos vivir más”, dijo Ivanna Mamani, que alquila junto a su marido policía y su hijo, una habitación con baño compartido por 800 pesos mensuales.

La carencia habitacional en Libertador es tan aguda que, minutos después de la ocupación , otras personas también se metieron para tomar casas a medio terminar. Eran enfermeras del hospital municipal. “Cuando vimos que otros que no son de la Comisión también se metieron, decidimos vigilar en la puerta de ingreso para evitar que se metan”, dijo Ana Felipi, que vive junto a su familia en la casa de sus suegros desde hace diez años.

“Dejame entrar turra.

Ustedes por ser esposas de policías no tienen más derechos que nosotras. Estoy con mis dos hijitos y te pido que me dejes ocupar una casa, aunque no tenga techo”, suplicaba con bronca y mala manera, Silvina, enfermera del hospital.

fuente clarin

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